El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha reclamado el cese inmediato de la letrada mayor de la Cámara Alta, Sara Sieira, después de que el PP haya registrado su nombre como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional (TC) a través de la Asamblea de Madrid, al entender que su permanencia en el puesto pone en riesgo la “neutralidad y la imparcialidad” del proceso de designación.
En un escrito remitido este jueves a la Mesa de la Diputación Permanente del Senado y suscrito por el portavoz socialista, Juan Espadas, el PSOE plantea que se requiera formalmente a Sieira para que presente su renuncia y que, en caso de no hacerlo de forma voluntaria en un plazo máximo de 24 horas, se proceda a acordar su destitución inmediata.
Fuentes del PP en la Asamblea de Madrid han confirmado a Europa Press que el partido formalizó la candidatura de Sieira para su elección como magistrada del Constitucional por el Senado, acompañada de su aceptación expresa y de la relación detallada de sus méritos profesionales.
Sara Sieira ejerce como letrada mayor desde el 18 de enero de 2024, fecha en la que fue designada a propuesta del presidente de la Cámara, Pedro Rollán. Para los socialistas, resulta “incompatible” que la responsable de los servicios jurídicos del Senado figure como candidata en un procedimiento cuya corrección legal debe ser verificada por la propia Secretaría General de la institución.
En esta línea, el PSOE recuerda que entre las funciones de la letrada mayor se encuentran la coordinación de la Administración parlamentaria y el asesoramiento jurídico a los órganos de la Cámara. Añaden que, en el proceso de renovación del TC, corresponde a los servicios jurídicos comprobar que las candidaturas se ajustan a los requisitos legales y constitucionales, revisar los méritos presentados y advertir de posibles causas que puedan impedir la elección.
Por este motivo, los socialistas sostienen que la situación vulnera el principio de que “nadie puede ser juez y parte” en un procedimiento que afecta de forma directa a los intereses personales de quien debe velar por su correcta tramitación.
Además, Espadas considera que “ni siquiera la abstención de Sieira sería suficiente para garantizar la imparcialidad”, puesto que la revisión de las candidaturas recaería en el secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, nombrado por ella y sobre cuyo cese también tiene capacidad de decisión.
“Causa perplejidad que la Sra. Sieira haya creído que es posible que permanezca en su cargo durante un solo minuto cuando, al aceptar la candidatura, se convirtió en parte interesada de un procedimiento que ella misma debía supervisar”, recoge el escrito.
El PSOE alerta igualmente de que esta circunstancia podría poner en cuestión la validez de la renovación del TC, al entender que un procedimiento en el que las candidaturas no se analicen con “objetividad e independencia” podría incurrir en un vicio de nulidad.
El PSOE defiende la dimisión como “la única salida”
En este contexto, los socialistas sostienen que la renuncia de Sieira es “la única salida” para salvaguardar la neutralidad de los servicios jurídicos, asegurar la igualdad de condiciones entre las candidaturas y recomponer la confianza en las instituciones.
Por ello, Espadas reclama a la Mesa de la Diputación Permanente que le exija formalmente su dimisión y que, si no se produce en un plazo de 24 horas, se acuerde su cese por la “pérdida sobrevenida de las condiciones de idoneidad, confianza e imparcialidad institucional necesarias para desempeñar su responsabilidad”. El documento plantea, además, que su sustitución sea asumida por el secretario general adjunto, conforme a los mecanismos previstos en la organización interna de la Cámara.
“Es una falta de respeto más a la Cámara que compromete gravemente la función constitucional que tiene en la elección de miembros del TC y la traca final del abuso de la mayoría absoluta que este grupo ha perpetrado a lo largo de la legislatura sin el más mínimo pudor institucional”, denuncia el escrito.
Los socialistas concluyen que adoptarán “todas las medidas legales” a su alcance para restablecer la confianza ciudadana en el Senado, una institución que, a su juicio, el PP “parece empeñado en cargarse”.