El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su “absoluto rechazo” y califica de “inaceptable” cualquier “manifestación o insinuación” que ponga en entredicho la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el respeto a la legalidad de los policías nacionales destinados en las unidades de protección de autoridades.
Así lo señala en un comunicado difundido tras conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En la misma resolución, el magistrado le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional.
En el auto, el juez sostiene que los agentes de la Policía Nacional que se encargan de la escolta de Gómez “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar una fuga que hagan imposible que la acusado se encuentre a disposición de la Justicia”.
“RIGUROSOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN” DE LOS AGENTES
Ante estas consideraciones, el SUP subraya que los policías que integran las unidades de protección de autoridades acceden a estos puestos tras superar “rigurosos procesos de selección y formación” y desarrollan una tarea de “máxima responsabilidad” sujeta a estrictos protocolos de actuación.
El sindicato recuerda que estos efectivos están sometidos “en todo momento” a la Constitución, al conjunto del ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad que rigen la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Por este motivo, el SUP ve “especialmente preocupante” que se planteen hipótesis que apunten a que miembros de la Policía Nacional pudieran participar en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o en cumplimiento de supuestas órdenes de la cadena de mando.
“Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales”, recalca la organización sindical, que incide en que el ordenamiento jurídico es “claro” en este punto y obliga a cualquier funcionario público a actuar siempre dentro de la legalidad.
El SUP remarca además que las FCSE son una de las principales garantías del Estado de Derecho, con la misión de hacer efectivas las resoluciones judiciales, salvaguardar los derechos y libertades de la ciudadanía y servir con “absoluta neutralidad” a los intereses generales.
En su comunicado final, el sindicato destaca que el prestigio de la Policía Nacional descansa “en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales” y alerta de que dicha confianza no debe verse dañada por afirmaciones genéricas que, sin concretar conductas ni apoyarse en indicios específicos, proyecten sobre miles de agentes “una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.