El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la Casa del Mediterráneo, pese a integrarse en la Red de Casas dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, opera sin “dirección, asistencia técnica ni supervisión” por parte del departamento que encabeza José Manuel Albares. Además, subraya que concentra la mayor parte de su programación en Alicante, lo que “limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación”, cuando su misión es reforzar la imagen de España en los Estados ribereños.
Estas conclusiones se recogen en el Informe de fiscalización del Consorcio Casa del Mediterráneo, relativo a los ejercicios 2024 y 2025, aprobado por el órgano que encabeza Enriqueta Chicano en su último pleno antes del parón estival.
El Consorcio Casa del Mediterráneo es un ente público de carácter interadministrativo vinculado a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además del propio ministerio, forman parte del mismo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Jávea.
Su objetivo es impulsar y reforzar las relaciones entre los países de las riberas de la región euromediterránea, contribuyendo a proyectar una mejor imagen de España en esos territorios.
De acuerdo con el informe del tribunal, recogido por Europa Press, el consorcio interviene en la diplomacia pública española como integrante de la Red de Casas adscrita al Ministerio de Exteriores, pero el órgano fiscalizador no aprecia “que haya recibido la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión del ministerio para constituir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo de dicha función”.
Debilidades en el control interno
El Tribunal de Cuentas también llama la atención sobre “debilidades y carencias” en el sistema de control interno de la entidad. En particular, apunta que la planificación es deficiente, “no siendo posible conocer el grado de consecución de los objetivos estratégicos pretendidos, ni su vinculación con los fines del consorcio”.
Asimismo, resalta que el 93,8% de las actividades de la Casa del Mediterráneo se desarrollaron en España, con especial peso en Alicante, “lo que limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación”.
El fiscalizador incide igualmente en que la posición económica del consorcio “empeora cada año”, ya que los resultados negativos acumulados desde 2017 obligan a utilizar el remanente de tesorería como fuente de financiación habitual.
Riesgos para la viabilidad financiera
Según sus estimaciones, ese remanente podría agotarse en unos cinco años si se mantiene la evolución actual, o en dos o tres ejercicios en caso de ejecutarse las obras de ampliación de la sede que están previstas.
En el capítulo de ingresos, el informe constata que no se respeta el modelo de financiación fijado en los estatutos, dado que no todas las administraciones consorciadas aportan los recursos en los porcentajes comprometidos.
Con todo, el tribunal aprecia “cierta mejora en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas” en fiscalizaciones anteriores, así como un “esfuerzo de corrección de algunas de las deficiencias señaladas”.
Entre las nuevas recomendaciones, el órgano presidido por Enriqueta Chicano plantea distintas propuestas para corregir las carencias detectadas en este último informe, con especial énfasis en perfeccionar la planificación y en llevar a cabo un estudio de viabilidad exhaustivo sobre la situación financiera del consorcio.