El PSOE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con la que busca ejercer “presión” sobre el Tribunal Supremo para que deje sin efecto la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados en virtud de la conocida como 'ley de nietos'.
Según explican los socialistas, se han remitido correos electrónicos a la militancia en los que se alerta de una “amenaza real” para la democracia, al considerar que los españoles que obtuvieron o recuperaron su nacionalidad gracias a esta normativa pueden quedarse sin voz en las urnas.
En ese mensaje interno, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido subraya que “El Tribunal Supremo está evaluando el caso en este preciso momento y la resolución final es inminente”. A renglón seguido, añaden que “Si miles de personas nos unimos y alzamos la voz hoy, ejerceremos la presión necesaria para lograr la restitución inmediata de este derecho fundamental antes de que sea demasiado tarde”.
Defensa del sufragio de todos los españoles
En su comunicación a las bases, el PSOE sostiene que “las maniobras de la extrema derecha y la derecha”, a las que califica de “herederas del franquismo”, han provocado que el Supremo “congelar el derecho a voto de ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad”, quienes, a su juicio, corren “un riesgo inminente de perder su voz en las urnas”.
Los socialistas argumentan que la finalidad de PP y Vox es transformar a estos ciudadanos en “ciudadanos de segunda” y “obtener rédito político despojándolos del derecho constitucional al voto”.
Por ello, desde la sede de Ferraz se insta a la militancia a respaldar con su firma la iniciativa para “defender el derecho a voto de todos los españoles”. Al mismo tiempo, se advierte de que las formaciones encabezadas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal cuestionan que quienes tienen reconocida la nacionalidad española “puedan participar en igualdad de condiciones en la vida democrática de su país”.
Decisión cautelar del Supremo y “peligro real”
La ofensiva del PSOE se produce después de que el pasado 8 de septiembre el Tribunal Supremo acordara suspender de forma cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad mediante esta vía incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
En su resolución, el Alto Tribunal apreciaba un “peligro fundado y real” para el resultado de futuros comicios y fundamentaba la medida en una instrucción del Ministerio de Justicia que suprimió la exigencia de acreditar con documentación la persecución por motivos políticos o ideológicos para ser reconocido como exiliado a quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.