El candidato del Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Emilio Delgado, ha presentado este jueves una iniciativa para otorgar reconocimiento jurídico a los sindicatos de inquilinas y a las huelgas de alquileres.
La figura de la huelga de alquileres ya existe en países como Estados Unidos, donde los arrendatarios pueden dejar de abonar de forma colectiva la renta de sus viviendas mientras reclaman mejoras en las condiciones contractuales o en el estado de los inmuebles.
Con este planteamiento, la candidatura propone una modificación normativa que permita a las personas inquilinas organizarse colectivamente “frente a los abusos de los propietarios sin exponerse a un desahucio por impago”.
Tal y como ha detallado la coalición en una nota de prensa, ambas medidas habían sido impulsadas previamente por el Sindicato de Inquilinas y el Frente Amplio se compromete ahora a incorporarlas en su programa electoral.
Un fondo público para canalizar las mensualidades
La propuesta de Frente Amplio busca replicar la experiencia de otros países donde la huelga de alquileres está regulada, de modo que los inquilinos puedan retener de forma conjunta el pago directo de sus mensualidades cuando se acrediten incumplimientos por parte de la propiedad, como la ausencia de mantenimiento adecuado de las viviendas.
El sistema diseñado prevé que los arrendatarios ingresen el 100% del importe de sus alquileres en un fondo público, en lugar de enviarlo directamente a los propietarios. Así, las cantidades quedarían consignadas y su depósito dentro del plazo fijado tendría la misma validez legal que el pago ordinario de la renta.
De este modo, los dueños de los inmuebles no podrían poner en marcha procesos de desahucio por impago contra los inquilinos que participen en estas huelgas cumpliendo los requisitos legales establecidos, ni exigir intereses por las sumas consignadas.
La iniciativa incluye además herramientas de “protección frente a posibles represalias de los arrendadores, incluidas las negativas a renovar los contratos como consecuencia de la participación de los inquilinos en estas movilizaciones.”
Al mismo tiempo, Delgado ha subrayado que se impulsarán fórmulas concretas de sindicación. En este sentido, defiende que cualquier persona inquilina pueda poner en marcha un sindicato de vivienda junto a otras dos personas, fijando un mínimo de tres miembros para su constitución.
Estas entidades tendrían reconocimiento “legal pleno” y estarían habilitadas para negociar convenios colectivos de arrendamiento, tanto para edificios específicos como para ámbitos territoriales de mayor tamaño.
Con este paquete de medidas, el Frente Amplio pretende introducir en el mercado del alquiler instrumentos de negociación colectiva semejantes a los existentes en el terreno laboral, con la finalidad de fortalecer la posición de las personas inquilinas frente a los propietarios y evitar que cada arrendatario tenga que encarar en solitario los conflictos vinculados a su vivienda.