El Consejo de Ministros refuerza la soberanía científica y tecnológica de España

El real decreto ley aprobado este viernes permitirá ofrecer mejores salarios a investigadores de prestigio, agilizar la compra de equipamiento científico y facilitar la creación de empresas a partir de los descubrimientos de los centros públicos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España) | Eudardo Parra

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España) | Eudardo Parra

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España que contempla la creación de una red inicial de 20 centros públicos de investigación con un régimen especial de autonomía y flexibilidad administrativa. La medida permitirá agilizar la contratación de investigadores de prestigio internacional, ofrecer condiciones salariales más competitivas y facilitar la adquisición de equipamiento científico, además de impulsar la creación de empresas vinculadas a los descubrimientos desarrollados en estas instituciones.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha explicado que el objetivo es reducir la dependencia tecnológica de otros países y convertir los avances de la investigación pública en nuevas tecnologías, actividad empresarial y empleo de calidad. El decreto también incorpora medidas que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación y un tercer bloque destinado a estimular la inversión privada en I+D+i.

Régimen especial

La principal novedad del real decreto ley es la creación de un grupo de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, integrado inicialmente por 20 instituciones públicas de investigación de excelencia que trabajen en tecnologías consideradas estratégicas.

Podrán acogerse a este régimen instituciones públicas de distinta naturaleza, incluidos consorcios, fundaciones públicas y entidades acreditadas como centros de excelencia Severo Ochoa o unidades María de Maeztu. Su selección se realizará mediante un procedimiento interministerial y deberá recibir posteriormente la aprobación del Consejo de Ministros.

El régimen excepcional tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prorrogarse durante otros cinco. Además, se evaluará al tercer año para analizar sus resultados y estudiar una posible ampliación a nuevos centros.

Las ventajas administrativas no se aplicarán de forma indiscriminada a toda la actividad de las instituciones seleccionadas, sino únicamente a las líneas de investigación directamente relacionadas con las diez áreas tecnológicas estratégicas identificadas por la Comisión Europea y recogidas en las estrategias españolas.

Entre estas tecnologías se encuentran la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados, la biotecnología, las tecnologías cuánticas, la energía y el espacio. Según Morant, son ámbitos fundamentales para la seguridad económica, la competitividad internacional y la autonomía tecnológica de España.

Más flexibilidad para contratar investigadores y comprar equipamiento científico

Con el nuevo régimen, los centros seleccionados dispondrán de mayor autonomía para gestionar sus recursos y competir con las grandes instituciones científicas internacionales.

Morant ha explicado que uno de los obstáculos actuales es la dificultad para incorporar con rapidez a investigadores de reconocido prestigio y ofrecerles retribuciones comparables a las de otros centros extranjeros. El decreto pretende proporcionar herramientas para superar estas limitaciones y facilitar la atracción de talento.

También permitirá agilizar la adquisición de equipos científicos necesarios para desarrollar investigaciones estratégicas, reduciendo las demoras que pueden provocar determinados procedimientos administrativos.

La ministra ha defendido que España ya dispone de grupos de investigación capaces de competir y colaborar con las principales instituciones internacionales, pero considera necesario dotarlos de una estructura de gestión más flexible ante la aceleración tecnológica y la creciente competencia entre las grandes potencias.

Los investigadores públicos podrán crear empresas y desarrollar sus descubrimientos

Otra de las novedades es el impulso a la transferencia de conocimiento, con medidas destinadas a facilitar que los descubrimientos científicos puedan convertirse en productos, tecnologías y proyectos empresariales.

El régimen especial permitirá a los centros seleccionados crear empresas o participar en ellas para desarrollar comercialmente los resultados de sus investigaciones, favoreciendo que los avances científicos lleguen al tejido productivo.

A estas posibilidades se suman reformas de mayor alcance que se extenderán al conjunto del sistema público de investigación. Entre ellas se encuentra la autorización para que los investigadores de los organismos públicos puedan establecer contratos con empresas destinados a desarrollar y aplicar sus descubrimientos.

Morant ha explicado que esta posibilidad ya existe para el profesorado universitario y que el Gobierno ha decidido extenderla a los investigadores de los organismos públicos de investigación.

También se simplificarán los procedimientos administrativos necesarios para suscribir acuerdos de colaboración entre centros públicos y entidades privadas, con el propósito de facilitar proyectos conjuntos y acelerar la aplicación industrial de los resultados científicos.

Mejores salarios para los investigadores que capten financiación externa

Las medidas del segundo bloque del decreto beneficiarán a instituciones que no formen parte de la nueva red de 20 centros. Entre ellas destaca la posibilidad de mejorar las retribuciones de investigadores distinguidos que consigan financiación externa, tanto de fuentes públicas como privadas.

Según ha detallado la ministra, los centros podrán aprovechar los recursos obtenidos por estos profesionales para aumentar sus salarios y mejorar así su capacidad para atraer investigadores internacionales.

El decreto también facilitará la doble afiliación de investigadores a distintas instituciones y su movilidad entre centros, con el objetivo de favorecer la colaboración científica y aprovechar mejor los recursos y capacidades del sistema público.

Estas reformas buscan reducir las dificultades administrativas que afectan a la contratación, la movilidad profesional y las relaciones entre las instituciones científicas y las empresas.

El Gobierno quiere aumentar la inversión privada en I+D+i

El tercer bloque de medidas está dedicado a incentivar la inversión empresarial en investigación, desarrollo e innovación.

Morant ha reconocido que España ha incrementado su inversión conjunta en I+D+i durante los últimos años, pero ha advertido de que la aportación del sector privado continúa por debajo de la media europea y de los niveles que considera necesarios.

La ministra ha defendido la utilización de la inversión pública como instrumento para atraer recursos empresariales y favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos industriales.

Esta orientación enlaza con la Estrategia Nacional Deep Tech 2026-2030, aprobada por el Gobierno en mayo, que contempla movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030 para reforzar el desarrollo de tecnologías avanzadas y su aplicación empresarial.

La soberanía tecnológica, una prioridad para el Gobierno

Durante su comparecencia, Morant ha vinculado la aprobación del decreto con las lecciones aprendidas durante la pandemia, cuando la capacidad científica y tecnológica propia resultó determinante para responder a la emergencia sanitaria.

Según ha explicado, España ha reforzado sus capacidades de investigación durante los últimos años, aunque la aceleración tecnológica y la competencia internacional exigen nuevas reformas para mantener ese avance. La ministra considera que disponer de tecnologías propias resulta esencial para reducir la dependencia exterior, mejorar la seguridad económica y reforzar la capacidad de decisión del país.

La norma tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿Cuál es el proceso parlamentario que debe seguir un real decreto ley tras ser aprobado por el Consejo de Ministros en España?

Tras aprobarse en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley debe someterse al Congreso de los Diputados, que decide si lo mantiene vigente mediante su convalidación o lo deroga. Si lo convalida, puede acordar después tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios. Son dos decisiones distintas y sucesivas: mantener la norma y abrir su modificación parlamentaria.

1. Publicación y remisión al Congreso

El real decreto-ley se publica en el Boletín Oficial del Estado y se remite al Congreso. Puede producir efectos desde la fecha de entrada en vigor que establezca, sin esperar a la votación parlamentaria: es una disposición con fuerza de ley inicialmente provisional.

Desde su publicación puede incluirse en el orden del día para su debate, conforme al artículo 151 del Reglamento del Congreso.

2. Pronunciamiento dentro de treinta días

El artículo 86.2 de la Constitución exige que el Congreso se pronuncie expresamente sobre su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. No basta con iniciar el trámite: debe celebrarse la votación.

Sobre el cómputo, la STC 32/2026 habla de treinta días hábiles siguientes a su publicación, por aplicación del artículo 90.1 del Reglamento. Este plazo corresponde al control inicial, no a la aprobación de una eventual ley posterior.

3. Debate y votación del texto completo

Un miembro del Gobierno expone las razones que justificaron aprobar el decreto-ley. Después se celebra el debate parlamentario conforme a las reglas de los debates de totalidad, con intervención de los grupos.

La votación afecta al conjunto del texto: en esta fase no pueden introducirse enmiendas ni aprobarse unas partes y rechazarse otras. Los votos afirmativos apoyan la convalidación; los negativos, la derogación.

Se necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, con asistencia de la mayoría de los miembros del órgano. El Senado no interviene en esta decisión.

4. Efectos de la decisión
  • Si se convalida: continúa vigente como real decreto-ley. La convalidación elimina su provisionalidad, pero no lo convierte automáticamente en una ley parlamentaria.
  • Si se rechaza: queda derogado. Esto no equivale por sí mismo a anular retroactivamente todos los efectos producidos mientras estuvo vigente.
  • Si vence el plazo sin convalidación: queda automáticamente derogado, según la jurisprudencia constitucional citada.

El acuerdo de convalidación o derogación debe publicarse en el BOE.

5. Posible tramitación como proyecto de ley

Una vez convalidado, la Presidencia pregunta si algún grupo desea tramitarlo como proyecto de ley. Si lo solicita, se celebra una segunda votación, también por mayoría simple.

Si se aprueba, comienza el procedimiento de urgencia: los plazos del Congreso se reducen, como regla general, a la mitad. Ahora sí pueden presentarse enmiendas para modificarlo, aunque no enmiendas de totalidad de devolución, que pedirían rechazar íntegramente el proyecto. En esta fase intervienen Congreso y Senado.

Mientras se tramita, el decreto-ley convalidado sigue vigente. Si no se solicita esta vía o se rechaza, permanece vigente sin abrirse una fase de enmiendas.

6. Si el Congreso está disuelto

Cuando el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, decide la Diputación Permanente, que mantiene determinadas funciones parlamentarias entre legislaturas. Puede convalidar o derogar y, en su caso, tramitar el texto como proyecto de ley urgente.

En cambio, fuera de los períodos ordinarios de sesiones, pero sin disolución, corresponde convocar un Pleno extraordinario: la Diputación Permanente no sustituye automáticamente al Pleno.

¿Cuáles son las competencias y trayectoria política de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades?

Diana Morant Ripoll es ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, cartera que dirige desde noviembre de 2023, tras haber sido ministra de Ciencia e Innovación desde julio de 2021. Su responsabilidad abarca la política científica, la innovación y la política universitaria estatal. Su trayectoria política comenzó en Gandía y combina experiencia municipal, responsabilidades en el Gobierno de España y la dirección del PSPV-PSOE.

Formación y perfil profesional

Nacida en Gandía, Valencia, en 1980, es ingeniera de Telecomunicación por la Universitat Politècnica de València. Antes de dedicarse plenamente a la política trabajó como ingeniera en el sector privado. Su formación técnica precede, por tanto, a su incorporación a la gestión pública y a su posterior responsabilidad sobre investigación, desarrollo tecnológico y universidades, según la biografía oficial del Ministerio.

¿Cuáles son sus competencias?

Como titular del departamento, dirige las políticas estatales que conectan la generación de conocimiento con su aplicación económica y social. Sus principales ámbitos de responsabilidad son:

  • Ciencia e investigación: planificación, financiación y coordinación del sistema español de investigación, desarrollo e innovación, conocido como I+D+i, así como impulso de la investigación pública y privada.
  • Innovación y transferencia: promoción de la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas para que los resultados científicos se conviertan en tecnologías, productos y servicios.
  • Personal investigador: programas de formación, incorporación, estabilización y movilidad de quienes desarrollan su carrera en la investigación.
  • Organismos científicos: dirección y coordinación de las estructuras estatales vinculadas a la ciencia y de sus instrumentos de financiación.
  • Universidades: política universitaria estatal, coordinación con las comunidades autónomas y desarrollo de la legislación universitaria.
  • Dimensión internacional: participación española en programas europeos e internacionales de ciencia e innovación.

La incorporación de Universidades en noviembre de 2023 reunió en un mismo ministerio áreas que durante la legislatura anterior habían estado separadas. Este ámbito exige coordinación con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos de investigación y los sectores productivos, como recoge la presentación institucional de la ministra.

Trayectoria institucional y política

  • 2011-2015: concejala de Gandía. Inició su trayectoria institucional en el grupo municipal socialista.
  • 2014-2022: secretaria general del PSPV-PSOE de Gandía. Ocupó la dirección local del partido desde junio de 2014 hasta mayo de 2022.
  • 2015-2021: alcaldesa de Gandía. Accedió a la Alcaldía en junio de 2015, revalidó el cargo en 2019 y lo dejó en julio de 2021 para incorporarse al Gobierno central.
  • 2015-2017: diputada provincial en Valencia. Compatibilizó esta responsabilidad con la Alcaldía y ejerció funciones relacionadas con mancomunidades y comarcalización.
  • 2021-2023: ministra de Ciencia e Innovación. Pedro Sánchez la incorporó al Ejecutivo en julio de 2021, en sustitución de Pedro Duque.
  • 2023: diputada por Valencia. Ocupó un escaño en el Congreso entre el 17 de agosto y el 6 de diciembre.
  • Desde noviembre de 2023: ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Mantuvo Ciencia e Innovación y añadió la responsabilidad universitaria.

También formó parte del Consell de Turisme valenciano entre 2015 y 2021, del órgano decisorio de Spain Convention Bureau entre 2016 y 2019 y del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia entre 2020 y 2021. Estas etapas aparecen en su perfil de La Moncloa.

Responsabilidades en el partido

Entre octubre de 2021 y octubre de 2024 fue secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades de la Ejecutiva Federal del PSOE. En marzo de 2024 asumió la Secretaría General del PSPV-PSOE, relevando a Ximo Puig y convirtiéndose en la primera mujer al frente de la organización. Además, en julio de 2026 fue proclamada candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat para las autonómicas previstas en 2027, según informó Demócrata.

¿Qué requisitos legales deben cumplir las instituciones para ser seleccionadas como centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica?

En las fuentes consultadas no se ha localizado una regulación que establezca, con esa denominación exacta, los «centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica». Por tanto, no sería correcto atribuirles una lista de requisitos legales de selección. Sí aparecen disposiciones relacionadas con la soberanía tecnológica y con entidades científicas de referencia, pero regulan figuras diferentes y sus condiciones no pueden trasladarse automáticamente a la que mencionas.

La distinción jurídica fundamental

Hay que separar tres cuestiones: el reconocimiento de una institución como centro, su participación en un órgano de asesoramiento y la concesión de financiación para proyectos. Cada una puede tener reglas distintas. Recibir una subvención o participar en una estructura de coordinación no equivale, por sí mismo, a obtener una declaración de interés nacional.

La Orden PJC/809/2025, de 23 de julio, publica el acuerdo que crea el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica. Su objeto es organizar la coordinación y el seguimiento del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, no establecer una acreditación general de centros científicos.

El acuerdo incluye entre sus funciones fomentar la colaboración entre organismos de investigación, empresas, instituciones financieras, infraestructuras científico-tecnológicas, organizaciones sociales y Gobierno. También establece un Consejo Asesor con representantes de organizaciones y empresas expresamente mencionadas. Estas previsiones no constituyen requisitos de selección de centros de interés nacional.

Qué exige una regulación concreta relacionada

Un ejemplo distinto es el Real Decreto 317/2025, de 15 de abril, sobre subvenciones directas a entidades de referencia en comunicaciones cuánticas, publicado en el BOE del 28 de abril. Su artículo 4 identifica expresamente a las entidades beneficiarias: no configura una convocatoria abierta para que cualquier institución solicite una declaración de interés nacional.

Para esas beneficiarias, el artículo 5 sí establece obligaciones concretas:

  • Cumplimiento administrativo: atender las obligaciones generales de la Ley General de Subvenciones y las relativas a Hacienda y Seguridad Social.
  • Ejecución del proyecto: aceptar la ayuda y realizar las actuaciones conforme al proyecto y a la resolución de concesión.
  • Colaboración formalizada: firmar y presentar un acuerdo entre todas las beneficiarias antes de finalizar las actuaciones.
  • Acceso y propiedad de resultados: regular en ese acuerdo el uso de las infraestructuras, la propiedad intelectual e industrial y las patentes.
  • Apertura de instalaciones: prever el acceso de futuros usuarios públicos y privados, con especial atención a las pymes.
  • Seguimiento: constituir una comisión con participación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
  • Recursos humanos y justificación: ejecutar al menos el 20 % del presupuesto financiado de cada beneficiaria en costes de personal, acreditar objetivos y gastos y mantener una contabilidad diferenciada.

El decreto exige además conservar la documentación justificativa durante un mínimo de cinco años y reconocer públicamente la financiación recibida. La falta del acuerdo de colaboración en las condiciones y plazo establecidos puede dar lugar al reintegro total de la ayuda.

Conclusión para una institución interesada

Esas obligaciones corresponden a una ayuda específica, no a la categoría que preguntas. Con la información localizada no cabe afirmar que exista para ella una forma jurídica obligatoria, un presupuesto mínimo, una composición determinada del gobierno del centro o un procedimiento general de selección. Si me indicas la norma, convocatoria o documento donde aparece la expresión, podré distinguir los requisitos vinculantes de los simples criterios de valoración y precisar quién decide la selección.

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¿Cuál es la principal novedad del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para reforzar la soberanía científica y tecnológica?

Pregunta 1 de 3

¿Qué áreas tecnológicas estratégicas se mencionan como prioritarias en el decreto?

Pregunta 2 de 3

¿En qué plazo debe ser convalidado el real decreto ley por el Congreso de los Diputados?

Pregunta 3 de 3