La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha exigido este lunes dar marcha atrás a la liberalización del ferrocarril y activar el artículo 128 de la Constitución con el fin de recuperar la gestión pública y renacionalizar el sistema, tomando como referencia la decisión adoptada en Reino Unido. A su entender, permitir que se obtengan beneficios privados con este servicio “está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios”.
Estas declaraciones las ha realizado ante los medios tras mantener una reunión con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT, en la que ha escuchado las demandas que desde hace años formulan los trabajadores de Renfe, Adif, los maquinistas y el personal de los centros de control para reforzar la seguridad y el correcto funcionamiento de la red ferroviaria.
Montero ha subrayado que, “además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, y ha insistido en la necesidad de aplicar el artículo 128 de la Carta Magna, que contempla la posibilidad de someter a control público servicios esenciales. A su juicio, el transporte es un derecho básico cuya gestión y seguridad deben quedar garantizados desde el sector público.
Críticas a la externalización y a las empresas privadas
La dirigente de Podemos ha recalcado que los sindicatos y empleados del ferrocarril llevan tiempo alertando de los riesgos para la seguridad asociados al proceso de liberalización, y ha denunciado que buena parte de las labores clave de mantenimiento, prevención, control y señalización se han externalizado y están en manos de compañías privadas.
En esta línea, ha apuntado que la señalización del tramo donde se produjo el accidente está encomendado a dos empresas, Hitachi y Siemens, y ha mencionado también a grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las firmas que realizan trabajos de mantenimiento y prevención en la red ferroviaria.
Montero ha puesto en duda que compañías privadas “cuyo objetivo es maximizar sus beneficios” vayan a asumir las inversiones necesarias en seguridad cuando estas choquen con sus márgenes de negocio. “¿No nos damos cuenta del grave peligro que supone dejar en manos de empresas que solo buscan maximizar beneficio un derecho y un servicio fundamental como es el ferrocarril?”, ha preguntado.
Reclama responsabilidades políticas y aplicar el 128
En relación con la comparecencia del ministro Óscar Puente este martes en la Diputación Permanente del Congreso, la candidata de Podemos ha pedido que se abandone la estrategia de “culpabilizar a un trabajador” por el siniestro y que el foco se sitúe en el papel de las empresas privadas que obtienen beneficios del sistema ferroviario español.
Ha reclamado aclaraciones sobre las constructoras y las compañías encargadas del control y la señalización, así como sobre los cánones que abonan los operadores por el uso de las vías, que, según ha afirmado, son inferiores al coste real que genera su utilización. “Yo esperaría esa honestidad. Eso es lo mínimo exigible. Y que podamos ir al fondo del asunto. Y, por tanto, primero la dimisión y acto seguido aplicación del 128 de la Constitución”, ha señalado.
Montero ha atribuido la liberalización del ferrocarril tanto a gobiernos del PP como del PSOE. “El Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo, pero cuando se trata de privatizar votan igual”, ha recordado, aludiendo a que ambas formaciones apoyaron en 2019 el último tramo de apertura del sector.
Para concluir, ha insistido en que el transporte ferroviario no debe concebirse como un negocio: “Si se quiere hacer negocio, que se haga con relojes o con vinos, no con el sistema ferroviario, no con el transporte, no con la seguridad de la gente”.