Izquierda Unida (IU) ha reclamado al Gobierno que, en caso de que la Justicia española acabe autorizando la extradición del activista estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers, haga uso de las facultades que le reconoce la ley para impedir su entrega a Estados Unidos si aprecia riesgo de vulneración de derechos fundamentales o concurre alguna de las causas legales que vetan la extradición.
Los diputados de IU, integrados en el grupo de Sumar en el Congreso y encabezados por su portavoz, Enrique Santiago, han registrado una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo tras la detención de Chambers el pasado viernes 10 de julio en Ibiza, a raíz de una solicitud de extradición cursada por Estados Unidos en virtud de una orden internacional de detención.
Aunque aún no se han hecho públicos los motivos concretos del arresto, la organización que dirige Antonio Maíllo lo vincula con su respaldo político y financiero a la causa palestina. Según señalan, Chambers percibió en 2023 alrededor de 250 millones de dólares al vender la participación heredada en Cox Enterprises. Parte de ese capital se habría destinado a proyectos humanitarios en Gaza y a sufragar organizaciones activistas y medios de comunicación propalestinos.
Izquierda Unida afirma que la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el activista se sustenta exclusivamente en la transferencia de fondos propios a Túnez, país en el que residía y donde él y sus negocios apoyaron al Club Africain.
Hasta 30 años de cárcel en Estados Unidos
De confirmarse los cargos federales, Chambers afrontaría delitos que podrían acarrear una condena de hasta 30 años de prisión. Un día después de su arresto, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional rechazó su petición de libertad bajo fianza, por lo que continúa en prisión preventiva, si bien el auto que regula su situación personal ha sido recurrido.
En la iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, IU pide al Gobierno que detalle su valoración sobre la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses y sobre las alegaciones que apuntan a que podría estar impulsada, total o parcialmente, por motivos políticos vinculados al respaldo de Chambers a la causa palestina.
La formación enmarca la detención en un “contexto de creciente represión” de la Administración de Donald Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina y las protestas en territorio estadounidense, así como en un clima de tensión entre el presidente norteamericano y su homólogo español, Pedro Sánchez, a raíz de las críticas de este último a la actuación de Israel en Gaza.
La Ley de Extradición ampara la negativa
En este escenario, IU recuerda que el artículo 4 de la Ley de Extradición Pasiva establece que no se concederá la entrega por delitos de carácter político ni cuando el Estado reclamante no garantice que la persona requerida no será ejecutada o sometida a penas que lesionen su integridad física o a tratos inhumanos o degradantes.
La formación cita igualmente el artículo 5, que faculta a denegar la extradición cuando existan indicios fundados de que una solicitud por un delito común encubre el propósito de perseguir o castigar a alguien por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o de que su situación pueda empeorar por esas razones.
La iniciativa remarca además que, de acuerdo con el artículo 6, una resolución judicial que declare procedente una extradición no obliga al Gobierno, que puede rechazarla en ejercicio de la soberanía nacional atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para España.
Riesgo de torturas y persecución política
Por todo ello, IU interroga al Ejecutivo sobre qué criterios utiliza para valorar la existencia de riesgo de tortura, de tratos o penas inhumanos o degradantes, de imposición de condenas incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos o de una posible persecución por motivos políticos.
Finalmente, la coalición quiere saber si el Gobierno estima que la protección de las libertades de expresión, asociación y participación en actividades de solidaridad internacional debe considerarse al examinar peticiones de extradición formuladas por terceros Estados cuyos intereses sean contrarios a los defendidos por las personas reclamadas.