La huelga en la Educación pública y la situación de la vivienda se reparten el foco del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, en una sesión en la que también está previsto que se dé luz verde a la creación de una comisión de estudio sobre el impacto en la Comunidad de la frenada de la conocida como “ley de nietos”.
Este miércoles, miles de docentes y estudiantes se concentraron en la Puerta del Sol para reclamar una enseñanza de “calidad” y reiterar las demandas que han llevado a sindicatos y asociaciones de familias a convocar el paro: un incremento salarial de 600 euros mensuales, reducción de ratios y la supresión del actual modelo de bilingüismo para “frenar la segregación educativa”.
Las protestas arrancaron a primera hora con un corte temporal del Paseo de la Castellana y piquetes en distintas universidades. En estos últimos se produjeron momentos de tensión que desembocaron en cargas policiales, cuestionadas por los organizadores y por los partidos de izquierda. La Delegación del Gobierno ha solicitado una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó este miércoles la huelga de “política” y acusó a los convocantes de no “respetar el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”.
En la misma línea se expresó la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien sostuvo que las últimas peticiones sindicales están “fuera de toda lógica y de todo sentido común”.
La consejera comparecerá este jueves en el Pleno, a instancias de Más Madrid, para explicar las medidas que prevé activar el Ejecutivo autonómico con el fin de “responder a las demandas de la comunidad educativa que han llevado a convocar una huelga en la enseñanza pública”. En una comparecencia previa ante los medios ya avanzó su postura: “Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo el acuerdo pactado, negociado y publicado y que está en vigor hasta el 2028 y seguir avanzando en esa carrera profesional que nos han demandado los docentes y que queremos cumplir antes de que acabe el próximo año”.
La vivienda vuelve al centro del debate político
La política de vivienda recupera protagonismo en la Asamblea, como ya ocurriera tras el desahucio de Maricarmen hace tres semanas. En este Pleno será objeto de una pregunta de Más Madrid a la presidenta regional, centrada en el acceso al alquiler, y también de otra cuestión formulada por el PP.
El Grupo Popular pondrá el acento en las consecuencias económicas para Madrid de los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno central hace una semana. Se trata del segundo paquete en apenas un mes, después de que el primero fuera rechazado en el Congreso, lo que derivó en el adelanto electoral. Tras la disolución de la Cámara, será ahora la Diputación Permanente la que vote los nuevos decretos, con una correlación de fuerzas diferente en la que el apoyo de Junts ya no resulta imprescindible.
Ayuso ya avisó la semana pasada de que su Gobierno utilizará “todos los instrumentos jurídicos” a su disposición para salvaguardar “la propiedad privada” si la Diputación Permanente convalida finalmente estos decretos.
El orden del día incluye, además, una Proposición de Ley de Más Madrid, que previsiblemente decaerá por la mayoría absoluta del PP, para impedir que la Agencia de Vivienda Social (AVS) pueda ejecutar desahucios sobre personas vulnerables sin “alternativa adecuada”. También se debatirá una Proposición No de Ley del PSOE que plantea que todas las viviendas públicas, tanto las actuales como las futuras, cuenten con protección permanente, así como una interpelación de Vox relativa a la política de vivienda del Ejecutivo autonómico.
Sesión de control y agenda legislativa del Pleno
La jornada parlamentaria comenzará con la sesión de control a Ayuso. Además de las preguntas sobre vivienda de Más Madrid y PP, Vox interrogará sobre el impacto de la migración en los servicios públicos y el PSOE se centrará en la agenda institucional de la presidenta.
En el turno de preguntas dirigidas a los consejeros se abordarán asuntos como la desigualdad territorial, la ley del concebido no nacido, las entregas a cuenta, la situación del alumnado extranjero, la nueva campaña de vacunación frente a Covid y gripe, así como el estado de las infraestructuras culturales de la región.
Posteriormente se discutirán las enmiendas a la totalidad registradas por Más Madrid y PSOE contra el Proyecto de Ley de la Administración Digital e Inteligencia Artificial, con el que el Gobierno regional pretende fijar un marco normativo para las nuevas tecnologías y la gestión de los datos.
El objetivo de este texto, según ha explicado el Ejecutivo autonómico, es establecer un marco jurídico que permita “avanzar en la transformación digital de la región” y ordenar la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos “de forma segura y responsable”.
Comisión de estudio sobre la “ley de nietos” y tramo final del Pleno
Tras la Proposición de Ley de Más Madrid sobre desahucios, se debatirá la iniciativa del PP para constituir una comisión de estudio que analice el impacto de la “ley de nietos” en el censo electoral de la Comunidad de Madrid.
El PP madrileño ha venido advirtiendo de que un tercio de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde octubre de 2022 se han asignado a la Comunidad de Madrid, lo que supone más de 132.000 nuevas altas y un “incremento de casi el 40% del voto exterior”. Señalan, además, que en municipios como Madarcos o Tres Cantos esta incorporación altera de forma notable el censo.
Este lunes, el Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso del Gobierno que pedía levantar la suspensión cautelar de la “ley de nietos” y determinó que los nacionalizados por esta vía no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo quienes acrediten que sus ascendientes sufrieron exilio.
En el tramo final del Pleno se abordará la interpelación de Vox sobre vivienda, la comparecencia de Zarzalejo y varias PNL. Además de la relativa a vivienda presentada por el PSOE, se debatirá otra iniciativa socialista que propone transformar el Plan Industrial en un “verdadero programa de política industrial productiva, garantizando una programación presupuestaria plurianual suficiente, ejecutable y vinculada a objetivos concretos, con calendario de ejecución, responsables y mecanismos de seguimiento”.