La llamada Ley de Nietos vuelve a agrandar la grieta política que separa al Gobierno y la derecha. PP y Vox han elevado en las últimas horas sus críticas contra ese proceso de adquisición de la nacionalidad española previsto en la Ley de Memoria Democrática, al sostener que puede tener efectos directos sobre el censo electoral exterior de cara a las próximas elecciones generales.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de utilizar esta vía como una operación de “ingeniería electoral” para sumar nuevos votantes. Vox va más allá y vincula las nacionalizaciones con una supuesta maniobra para alterar las próximas elecciones. El Gobierno, por su parte, niega cualquier operación electoral y defiende que la norma se basa en una reparación histórica a descendientes de españoles exiliados o emigrados.
Qué es la Ley de Nietos
Aunque se la conoce como Ley de Nietos, no es una ley independiente. Es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía excepcional para optar a la nacionalidad española.
La norma permite solicitar la nacionalidad a personas nacidas fuera de España que sean descendientes de españoles de origen que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación o identidad sexual.
También incluye otros dos supuestos relevantes: los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen por la Ley de Memoria Democrática o por la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Ese último encaje explica que, en la práctica, la vía haya alcanzado no solo a hijos y nietos, sino también a descendientes de generaciones posteriores en determinados supuestos.
De dónde viene
La medida tiene como antecedente directo la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella norma ya abrió una vía de adquisición de la nacionalidad para descendientes de españoles exiliados o emigrados, aunque con un alcance más limitado.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 amplió los supuestos y reabrió el proceso con un nuevo plazo temporal. El objetivo declarado por el Gobierno fue reparar situaciones derivadas del exilio, de la pérdida de nacionalidad y de normas que, antes de 1978, impedían en la práctica que determinadas mujeres españolas transmitieran la nacionalidad a sus descendientes.
Cuántas personas han pedido la nacionalidad
La cifra que ha entrado en la batalla política ronda los 2,4 o 2,5 millones, pero conviene precisar qué significa.
Según los datos trasladados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habían manifestado su interés en optar a la nacionalidad española por esta vía. De ellas, las oficinas consulares habían recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes.
Hasta esa fecha, se habían aprobado 545.000 expedientes y se habían practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular, el último paso para obtener la nacionalidad.
Por tanto, no todos los 2,4 millones son ya nuevos españoles ni todos están ya incorporados al censo electoral. Hay una diferencia importante entre manifestar interés, presentar expediente, lograr la aprobación y quedar inscrito formalmente.
Cuándo terminó el plazo
El plazo inicial previsto por la Ley de Memoria Democrática era de dos años desde su entrada en vigor, con posibilidad de una prórroga de un año acordada por el Consejo de Ministros.
Esa prórroga se aprobó y el plazo quedó ampliado hasta el 22 de octubre de 2025. Desde entonces, ya no se pueden presentar nuevas solicitudes ordinarias al amparo de esta vía, aunque los consulados siguen tramitando expedientes ya iniciados o citas solicitadas dentro de plazo.
Ese atasco administrativo es una de las claves de la polémica: el proceso sigue produciendo efectos en 2026 porque muchas solicitudes presentadas o activadas antes del cierre aún están pendientes de resolución.
Qué dicen PP y Vox
El punto político no está solo en la nacionalidad, sino en el voto. Una persona que adquiere la nacionalidad española puede inscribirse, si reside fuera de España, en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA. Desde ahí puede votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque no en municipales.
Ese posible aumento del censo exterior es lo que PP y Vox han convertido en munición política. Feijóo ha situado la Ley de Nietos dentro de una denuncia más amplia sobre las reglas electorales y ha acusado al presidente del Gobierno de intentar ampliar el número de votantes.
“Es ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes”, ha dicho el líder del PP en una entrevista en EsRadio. También ha afirmado que “ninguna cosa de lo que hace Sánchez es ingenuidad” y ha acusado al Ejecutivo de querer “fabricar nuevos votantes”.
Feijóo sostiene que el Gobierno pretende incrementar el censo en 2,5 millones de personas y ha puesto el foco en América Latina, especialmente en Argentina. Según su argumento, Buenos Aires podría convertirse en una de las grandes bolsas de electores españoles en el exterior si se aceptan las solicitudes pendientes.
El PP ya se opuso a la Ley de Memoria Democrática, pero ahora ha desplazado el eje de la crítica desde la memoria histórica hacia el censo electoral. Su portavoz, Borja Sémper, ha intentado matizar que el partido no prejuzga a quién votarán los nacionalizados, pero ha defendido que el PP estará vigilante sobre el procedimiento, pero al mismo tiempo apoyaba la norma en la anterior campaña electoral.
Qué dice Vox
Vox mantiene una tesis más dura. Santiago Abascal lleva meses vinculando las nacionalizaciones y la política migratoria del Gobierno con una supuesta alteración de las reglas electorales.
El líder de Vox ha advertido de que Sánchez está dispuesto a “robarnos la democracia” y ha hablado de “alteración del censo electoral a través de un proceso de nacionalización masiva y fraudulenta”.
La formación de Abascal encuadra la Ley de Nietos dentro de una denuncia más amplia sobre lo que denomina “pucherazo” o manipulación electoral. Para Vox, el problema no es solo administrativo, sino político: considera que la nacionalidad española se está utilizando para modificar el cuerpo electoral antes de las próximas generales.
El partido también ha llevado este discurso al Congreso, donde ha defendido iniciativas relacionadas con el voto por correo, el control del censo y las garantías electorales. Sin embargo, hasta ahora no se ha acreditado públicamente ninguna manipulación ilegal del censo derivada de la Ley de Nietos.
Qué responde el Gobierno
La respuesta del Gobierno ha llegado este lunes por boca de la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz ha defendido que la Ley de Nietos está “basada en los principios de reparación y justicia” y ha calificado las acusaciones del PP de “irresponsabilidad mayúscula”.
“Demuestran su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral”, ha afirmado la portavoz.
La ministra también ha querido trasladar un mensaje de “certidumbre” sobre los procesos electorales en España y ha pedido al PP “más rigor y más responsabilidad”. Además, ha reprochado a los populares que mezclen la Ley de Nietos con la regularización extraordinaria de migrantes.
Ese punto es relevante: la regularización extraordinaria da derecho a residir y trabajar legalmente en España, pero no concede la nacionalidad española ni permite votar en elecciones generales. La Ley de Nietos, en cambio, sí abre una vía de adquisición de la nacionalidad, y con ella puede llegar el derecho de sufragio si la persona cumple los requisitos censales.
¿Puede alterar el censo?
Sí puede aumentar el censo. Esa parte es técnicamente cierta: quien obtiene la nacionalidad española y reside en el extranjero puede incorporarse al CERA y votar en generales, autonómicas y europeas.
Pero aumentar el censo por la incorporación de nuevos nacionales no equivale por sí mismo a manipular unas elecciones. Para que ese aumento tenga efecto electoral deben cumplirse varios pasos: que el expediente sea aprobado, que la persona quede inscrita, que figure en el censo vigente, que vote y que ese voto tenga peso suficiente en una circunscripción concreta.
Además, el voto exterior suele tener una participación mucho más baja que el voto emitido dentro de España, aunque puede ser decisivo en escenarios muy ajustados. En 2023, el voto CERA llegó a tener importancia en el reparto final de algún escaño, lo que explica que los partidos miren con más atención al electorado exterior.
La clave está en distinguir entre tres planos: la ampliación legal del número de españoles con derecho a voto, el impacto electoral que pueda tener ese nuevo censo y la acusación de fraude. Lo primero puede ocurrir; lo segundo dependerá de la participación y de los resultados; lo tercero exige pruebas que, por ahora, no se han presentado públicamente.
La batalla de fondo
La polémica se produce en un momento de fuerte tensión política y con las elecciones generales de 2027 ya presentes en el cálculo de todos los partidos. PP y Vox buscan instalar la idea de que Sánchez intenta resistir en el poder alterando las reglas del juego. El Gobierno responde que la derecha intenta sembrar dudas sobre el sistema electoral y desacreditar una medida de reparación histórica.
La Ley de Nietos, concebida como una vía de nacionalidad ligada a la memoria democrática, ha quedado así atrapada en una batalla mucho más amplia: quién forma parte del cuerpo electoral, cómo se tramita la nacionalidad española y hasta qué punto el voto exterior puede condicionar unas elecciones generales.