Solo el 37,6% de los españoles apoya la regularización extraordinaria de inmigrantes, frente a un 33% que la rechaza y un 21,5% que mantiene una posición intermedia. Así lo recoge una encuesta elaborada por 40dB y publicada este lunes por la Cadena SER y El País, que refleja una clara división en la opinión pública.
El sondeo evidencia que no existe una mayoría clara ni a favor ni en contra de la medida, en un contexto en el que el debate sobre la inmigración sigue polarizado. La distribución de las respuestas muestra una sociedad fragmentada, con un porcentaje relevante de indecisos o posiciones matizadas.
Este escenario contrasta con experiencias anteriores en España, donde ya se han llevado a cabo procesos similares de regularización. La actual medida no es la primera: durante el Gobierno de Felipe González se regularizó a 174.011 personas en distintos procesos entre 1986 y 1996; con José María Aznar fueron 503.327 entre 2000 y 2001; y con José Luis Rodríguez Zapatero, 576.506 en 2005.
Sin efecto llamada en experiencias anteriores
Diversos estudios coinciden en que la regularización de 2005 no provocó un efecto llamada. Un análisis publicado en 2025 en Journal of Labor Economics, en el que participó Esade, concluye que no se produjo un incremento significativo de la inmigración tras la medida, ya que los flujos siguieron dependiendo principalmente de factores económicos.
En la misma línea, el Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” señaló en 2021 que el proceso no se tradujo en un aumento de la llegada de inmigrantes. Para su análisis, comparó países afectados por la regularización con otros que no lo estuvieron y no detectó diferencias relevantes ni en los flujos migratorios ni en el volumen de población inmigrante.
También el profesor Joan Monràs, del IESE y la Universitat Pompeu Fabra, ha señalado que no se observó un aumento ni en el número total de inmigrantes ni en el de los procedentes de los mismos países de origen de quienes se beneficiaron de la medida.
Más ingresos sin aumento relevante del gasto
Los estudios coinciden igualmente en que la regularización de inmigrantes incrementó los ingresos públicos sin generar un aumento significativo del gasto. Según Esade, cada inmigrante regularizado aportó en torno a 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social, además de otros ingresos fiscales como el IRPF.
El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” cifra en 4.189 euros por persona regularizada el incremento de los ingresos por impuestos sobre la renta. En algunas provincias con alta presencia de inmigrantes, la recaudación en este ámbito creció un 50% en 2005 y un 100% en 2006.
Por su parte, Monràs señala que las retenciones en nómina aumentaron en más de 4.000 euros por inmigrante y año, sin que haya evidencia de un incremento del gasto público asociado a la medida.