La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, reivindica la plena legalidad de las progresiones de grado y de la flexibilización de condenas mediante el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que se están concediendo a presos de ETA. “Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley”, afirma.
En las cárceles vascas permanecen 107 reclusos de la organización, y alrededor del 90% ha presentado solicitudes de “aplicación de normas del Estado de Derecho que hasta hace unos años combatían”. Ante esta realidad, sostiene que “la sociedad tiene que concienciarse” de que, tarde o temprano, los internos saldrán de prisión y el objetivo debe ser que “salgan mejor de lo que han entrado”.
En una entrevista con Europa Press, San José subraya que “la reinserción es un mandato constitucional y, por lo tanto, un principio básico del derecho penal”, y aclara que “no significa impunidad ni olvido, sino cumplimiento de la condena de acuerdo a la ley, responsabilizándose del hecho, con control judicial y con orientación para evitar la reincidencia”.
Recuerda además que “no debemos olvidar que quienes están cumpliendo condena van a salir, van a estar en la calle, van a incorporarse a la sociedad y lo deseable es que se reincorporen mejor de lo que han entrado, a ser posible completamente reinsertados, independientemente del delito que cometan”.
Respecto al malestar de algunas asociaciones de víctimas por las progresiones de grado y la aplicación del 100.2 a internos de ETA, que califican de “fraudulentas”, reconoce que es consciente de que “no hay pena para compensar el dolor que las víctimas sienten”. Por ello insiste en que el Gobierno Vasco debe ser “especialmente riguroso” en cada resolución que adopta. Reitera que “ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero no podemos hacerlo incumpliendo la ley, porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los que usaron la violencia al margen del Estado de Derecho para imponer un proyecto político”.
En todo caso, remarca que el compromiso de su departamento “se centra en acompañar y escuchar a las víctimas, poniendo a su disposición todas las herramientas para que comprendan que no están solas” en el camino “hacia la verdad, la justicia, la reparación y reconocimiento de su dignidad”.
La responsable de Justicia incide en que “las decisiones en materia penitenciaria no se adoptan a la ligera” y considera “un triunfo del Estado de Derecho que los presos de ETA sean capaces de reconocer el daño causado y se acojan a esa legalidad penitenciaria”.
Sinceridad de los internos y uso del artículo 100.2
Sobre la posible falta de autenticidad en el arrepentimiento de algunos reclusos, explica que “los equipos técnicos en sus informes, en sus evaluaciones, tienen en cuenta que haya una coherencia entre la evolución del interno y sus acciones, entre lo que hace y lo que dice”. Añade que “si pensáramos que hay fraude, si pensáramos que solo se busca el beneficio, no se concedería ninguna progresión y ninguna aplicación del 100.2”.
Detalla que “quien accede a una progresión de grado o al 100.2 y sale a trabajar o hace alguna actividad de voluntariado, porque así lo aconseja su programa de tratamiento, sigue cumpliendo su condena y no está en libertad”. En esta línea, recalca que su objetivo es “lograr que los presos de ETA, cuando salgan de la cárcel, no sean las mismas personas que entraron, que su discurso del pasado no se sostenga, que sean capaces de interiorizar el daño que han causado y decir que no tenían que haberlo hecho”.
Respuesta a las críticas del PP y aplicación de la ley
Frente a las críticas del Partido Popular, recuerda que “mientras estuvo en el Gobierno de España, con el presidente Aznar a la cabeza, se acercó solamente entre 1996 y 1999 a 200 presos a cárceles de Euskadi”. Señala también que “hubo 30 progresiones a tercer grado en 4 años, hubo excarcelaciones y todo en un contexto en el que ETA asesinaba, extorsionaba, secuestraba”.
Subraya igualmente que “una de las primeras decisiones que tomó Aznar como presidente fue la de indultar a terroristas de Terra Iure, que estaban cumpliendo delitos por terrorismo”. A su juicio, “estas decisiones se tomaron dentro del marco legal vigente, de acuerdo a la legislación penitenciaria que existía, igual que sucede ahora. Por eso, creo que es importante que cada uno recuerde su pasado, que mire dentro de su casa, antes de lanzar acusaciones a quienes estamos trabajando, cumpliendo la ley y con el único objetivo de restablecer la convivencia en Euskadi”.
La consejera niega de forma rotunda que exista un acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu para favorecer la excarcelación de presos de ETA, como sostiene el PP. Asegura que “no hay ningún privilegio, no hay ningún derecho automático. Si la persona interna no cumple los requisitos legales u objetivos establecidos legalmente, si no se da esa evolución acreditada, si no se responsabiliza del hecho cometido, si no tiene posibilidades de reiteración y si no cumple con la responsabilidad civil, no se concede ningún permiso, ningún cambio de clasificación ni ninguna progresión de grado”.
En relación específica con el artículo 100.2, San José recuerda que se trata de “una herramienta legal individualizada que se aplica caso por caso en función de informes técnicos y circunstancias muy concretas”. Detalla que “los equipos técnicos analizan cada expediente de forma completamente individualizada, atendiendo al cumplimiento de requisitos objetivos, a la evolución personal, a la asunción de la responsabilidad, al riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción. Son profesionales y, cuando plantean una cuestión como esta, es porque se ha acreditado esa evolución”.
Por ello sostiene que el Gobierno Vasco está “cumpliendo estrictamente la ley, las decisiones están motivadas y sometidas a control judicial”. Precisa que “en los casos en los que se pueden revocar o no autorizar por los tribunales, no es porque la Administración haya cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad, sino que nos encontramos ante una discrepancia técnica o jurídica dentro del marco legal vigente”.
En cuanto a los terceros grados, explica que se valora “el tiempo transcurrido y la evolución acreditada”. Asegura que “ahí no hay ninguna discrecionalidad ni ninguna arbitrariedad, porque cada uno, tanto la Administración como, en este caso, el control judicial, decide dónde pone ese foco y cuál es su valoración y cuál es su ponderación”. Añade que existe un pequeño grupo de internos de ETA que rechaza acogerse a este itinerario de reinserción y que también abandonará la prisión al cumplir la pena, pero “sin haber cambiado absolutamente nada y haber hecho ningún tratamiento que contribuya a su reinserción”.
Desaparecidos de la Transición y secretos oficiales
Por último, San José respalda las palabras del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, quien en el 50 aniversario de la desaparición del exdirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, ‘Pertur’, reclamó al Estado “que haga todo lo que esté en sus manos para localizar a los desaparecidos durante la transición, y que toda aquella persona que sepa algo, venza el miedo y hable”.
Considera que “es un paso fundamental” la reforma de la Ley de secretos oficiales. A su entender, “tenemos que ser capaces de mirar al pasado por muy sucio y doloroso que este sea y, si creemos firmemente que hasta que no sanemos todas esas heridas no vamos a poder tejer una convivencia firme y sólida, no entiendo qué sentido tiene seguir escondiendo una documentación que tanto podría aportar a tantas familias como la de Pertur, la de Lasa y Zabala o a las de las víctimas de Bahía de Pasaia, etc”.