El presidente asegura que su esposa dejó su empresa en 2018 para evitar conflictos de intereses, pero silencia la actividad profesional que desarrolló después de llegar a Moncloa y los hechos que han terminado incorporados a la causa judicial. No en vano, se ha lamentado de que su mujer tuviera que "renunciar a trabajar, siendo una profesional". "Esa es la España que queremos", se ha preguntado.
Pedro Sánchez ha salido en defensa de su esposa, Begoña Gómez, durante la comparecencia celebrada este martes en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno ha reivindicado su trayectoria laboral, ha asegurado que era una profesional consolidada antes de que él alcanzara el poder y ha subrayado que, en 2018, abandonó la empresa en la que trabajaba para evitar cualquier conflicto de intereses.
Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que han dedicado su vida a trabajar y formarse.
— PSOE (@PSOE) July 28, 2026
Con este tipo de estrategias se deshumaniza a personas con un pasado de integridad y profesionalidad que, como Begoña… pic.twitter.com/E1ryW6fIh4
En ningún momento ha hecho alusión a su titulación universitaria, algo que sí ha remarcado al defender a su hermano David, afirmando que este es licenciado en Económicas por Icade, y en Dirección Musical por la Universidad de San Petersburgo, sin precisar en qué centro universitario.
La explicación contiene una elipsis relevante. Gómez dejó entonces su puesto en la consultora Inmark —en realidad, solicitó una excedencia—, pero no abandonó su actividad profesional. A partir de ese mismo año inició una nueva etapa en el Instituto de Empresa (IE), mantuvo y amplió su relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y promovió proyectos vinculados a la captación de fondos, la transformación social y el asesoramiento a empresas.
Parte de esa actividad terminó desarrollándose desde el entorno de la Presidencia del Gobierno y constituye el núcleo de las actuaciones judiciales que afectan a Gómez. Sin embargo, Sánchez no ha hecho referencia a esos episodios al defender que su esposa había trabajado y estudiado «toda su vida».
El presidente tampoco ha detallado cuál es la titulación académica de Gómez. La cuestión no es menor después de que dirigiera títulos propios y una cátedra extraordinaria en la Complutense sin disponer de una licenciatura o grado universitario. Aunque lo cierto es que, la universidad y la defensa sostienen que esa titulación superior no era legalmente necesaria para desempeñar esas funciones, pero la situación forma parte del debate sobre las condiciones en las que accedió a esos puestos.
De Inmark al Instituto de Empresa
La cronología presentada por Sánchez se detiene en la salida de Begoña Gómez de Inmark. Allí había desarrollado su carrera en el ámbito de la consultoría, el marketing y la captación de fondos para organizaciones sociales. En 2018, coincidiendo con la llegada de su marido a la Presidencia, pidió una excedencia con el argumento de evitar posibles conflictos de intereses.
Pero ese mismo año fue contratada por el Instituto de Empresa para dirigir el IE Africa Center, un centro de nueva creación destinado a reforzar las relaciones económicas y empresariales con el continente africano. Su etapa al frente de esta entidad se prolongó hasta 2022.
Por tanto, la afirmación presidencial es correcta si se limita a la empresa concreta en la que Gómez trabajaba hasta entonces, pero ofrece una imagen incompleta si se interpreta como una retirada de la actividad profesional. Su esposa dejó Inmark, no el mercado laboral.
Desde el IE Africa Center, Gómez participó en encuentros empresariales, promovió programas de impacto social y mantuvo contactos con compañías interesadas en proyectos vinculados a África. En ese contexto se produjo también su relación con Globalia, matriz de Air Europa, que colaboró con actividades del centro.
Gómez viajó en 2019 a San Petersburgo para participar en el foro de la Organización Mundial del Turismo. En aquel desplazamiento coincidió con representantes de Globalia y con Víctor de Aldama, entonces relacionado con la compañía y posteriormente investigado en diferentes causas.
No obstante, estos hechos deben diferenciarse de lo que permanece judicialmente vivo. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó dejar fuera de la causa el bloque relativo a Globalia y al rescate de Air Europa al considerar que no existían indicios nuevos suficientes.
Por tanto, la relación profesional y los contactos existieron, pero la supuesta influencia de Gómez en el rescate de Air Europa no forma parte actualmente del objeto de enjuiciamiento y no puede presentarse como un hecho acreditado.
La vinculación con la Complutense comenzó en 2012
Sánchez ha resaltado que la relación de su esposa con la Universidad Complutense comenzó mucho antes de su llegada a la Moncloa. . Según fuentes consultadas por DEMÓCRATA, la relaciñón con la universidad madrileña pudo situarse entre 2012 y 2014, años antes de que su marido accediera a la Presidencia del Gobierno, pero posiblemente con Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.
En 2006, Gómez y Sánchez ya se conocían desde hacía años y estaban casados. La cronología tampoco permite desvincular completamente la actividad universitaria de la trayectoria política del dirigente socialista. Cuando comenzó la colaboración, Sánchez era diputado nacional del PSOE en 2012. Y, dos años después, en 2014, fue elegido secretario general del partido.
La defensa de Gómez sostiene que esa relación previa con la universidad demuestra que su llegada a la Complutense no se debió a la condición de esposa del presidente. La Fiscalía General del Estado comparte que su actividad docente comenzó en 2012 y ha solicitado su absolución al no apreciar delito alguno.
La actividad que ha adquirido relevancia judicial es, sin embargo, posterior. Gómez codirigió distintos títulos propios y, en octubre de 2020, asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada mediante un convenio de colaboración público-privada.
Su nombramiento no exigía formalmente una titulación universitaria superior, según mantienen la Complutense, la Fiscalía y la defensa. Pero la ausencia de una carrera universitaria en una persona que codirigía másteres y una cátedra extraordinaria es uno de los elementos que han alimentado la controversia sobre los criterios académicos aplicados.
Sánchez ha reivindicado que su mujer ha estudiado durante toda su vida, pero no ha concretado su formación ni ha explicado esta singularidad. Gómez dispone de estudios y experiencia profesional en marketing y captación de fondos, pero no de una licenciatura o grado universitario homologable a los exigidos habitualmente para acceder a la docencia ordinaria. Los programas que dirigió eran títulos propios y actividades extraordinarias, no enseñanzas oficiales sujetas a los mismos requisitos que un máster universitario oficial.
Las cartas en apoyo a Barrabés
El presidente tampoco ha mencionado las cartas firmadas por Gómez en favor de una iniciativa empresarial de Juan Carlos Barrabés. Como codirectora del Máster en Fundraising, respaldó mediante dos declaraciones de interés una unión temporal de empresas liderada por Innova Next, perteneciente al grupo Barrabés, que concurrió a concursos de Red.es.
La UTE obtuvo contratos públicos por más de 10 millones de euros. Las cartas de Gómez destacaban los objetivos del proyecto y expresaban la disposición del máster a colaborar en su difusión.
La Fiscalía sostiene que aquellas misivas no fueron determinantes para las adjudicaciones y recuerda que el proyecto recibió cartas similares de otras 35 empresas y entidades. Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tampoco establecieron que Gómez interviniera directamente para alterar las puntuaciones técnicas.
Las acusaciones, en cambio, consideran que su respaldo tenía un valor singular por tratarse de la esposa del presidente y por la relación mantenida con Barrabés. La Audiencia Provincial calificó de «llamativa» la evolución de los contratos públicos obtenidos por las empresas del grupo en proximidad temporal con la creación de la cátedra y el desarrollo de los másteres.
Es precisamente esa eventual utilización de una posición personal privilegiada —no la mera firma de las cartas— lo que sustenta la acusación por presunto tráfico de influencias. Gómez y Barrabés niegan cualquier irregularidad.
La asesora de Moncloa y los correos privados
Otro de los asuntos omitidos por Sánchez es el papel de Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos como asistente de la esposa del presidente. Álvarez ocupó desde 2018 un puesto eventual en la Presidencia del Gobierno bajo la denominación de directora de Programas.
La investigación ha analizado si la trabajadora se limitó a asistir a Gómez en sus funciones protocolarias e institucionales o si también prestó servicios para sus actividades profesionales privadas en la Complutense.
En la causa constan correos, gestiones y contactos realizados por Álvarez relacionados con los proyectos universitarios de Gómez. La asesora figuraba en copia en numerosas comunicaciones y realizó gestiones vinculadas a reuniones y patrocinios de la cátedra. Algunas de estas actuaciones se produjeron desde dependencias de la Moncloa.
La defensa sostiene que se trató de ayudas «ocasionales» y limitadas, compatibles con las funciones de una asistente asignada al cónyuge del presidente. También argumenta que este tipo de puesto ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo y que Gómez necesitaba apoyo para compatibilizar su agenda pública y privada.
Como con la esposa de Sánchez, la Fiscalía General del Estado comparte que no hubo menoscabo de fondos públicos y ha pedido la absolución tanto de Gómez como de Álvarez. Las acusaciones populares consideran, por el contrario, que se emplearon recursos del Estado en beneficio de una actividad particular y aprecian un posible delito de malversación.
La cuestión central consiste en determinar dónde terminaba la asistencia institucional a la esposa del presidente y dónde comenzaba el trabajo para sus proyectos personales. Esa frontera resulta especialmente relevante porque los correos, reuniones y gestiones se realizaron desde el entorno de la Presidencia y afectaron a iniciativas relacionadas con administraciones, empresas y financiación pública.
Aldama atribuye a Gómez interés por un inmueble para el IE
La trayectoria posterior a 2018 incluye otro episodio que Sánchez tampoco mencionó. Durante el juicio del caso Mascarillas, Víctor de Aldama aseguró que tuvo que abandonar una operación inmobiliaria sobre el denominado Campus Velázquez -situado entre las calles Velázquez, María de Molina, Núñez de Balboa y Pedro de Valdivia, en Madrid. El conjunto pertenece a SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad pública integrada en el Grupo SEPI y dependiente del Ministerio de Hacienda, entonces con María Jesús Montero como titular de esta cartera-, después de que Koldo García le comunicara que Begoña Gómez estaba interesada en el inmueble para el Instituto de Empresa.
Según la versión ofrecida por Aldama, había presentado una oferta de unos 250 millones de euros cuando el entonces asesor de José Luis Ábalos le habría pedido que se apartara. «Begoña Gómez ha dicho que quiere el Campus Velázquez para ella», afirmó que le trasladó Koldo, en referencia a un posible proyecto del IE, donde Gómez dirigía entonces el Africa Center. Ábalos reconoció que sus primeros contactos con Aldama estuvieron relacionados con inmuebles que el Ministerio de Transportes pretendía vender, aunque declaró no identificar la operación por el nombre de Campus Velázquez.
El relato procede exclusivamente del testimonio de Aldama y no ha quedado respaldado por pruebas que acrediten una intervención de Gómez. El Instituto de Empresa negó haber recibido trato de favor y aseguró que no compró los edificios. También explicó que sus contratos de alquiler sobre esos inmuebles se habían firmado en 2010, 2013 y 2017, antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa y de Ábalos al Ministerio de Transportes. Por tanto, el episodio debe presentarse como una acusación de Aldama, no como un hecho probado.
Una causa encaminada al juicio, pero con delitos archivados
La defensa de Sánchez sobre su esposa se produce en un momento procesal especialmente delicado. La Audiencia Provincial de Madrid ha mantenido la vía para que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, junto con Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.
Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, reclaman 13 años de prisión para Gómez: dos por tráfico de influencias y el resto por dos modalidades de malversación. También han solicitado que Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparezcan como testigos.
Sin embargo, no todos los delitos investigados durante la instrucción han sobrevivido. La Audiencia acordó archivar los de corrupción en los negocios y apropiación indebida, lo que obligó a las acusaciones a rehacer sus peticiones. También quedó excluida la línea relativa a Globalia y al rescate de Air Europa.
La Fiscalía pide la absolución de Gómez, Álvarez y Barrabés al considerar que los hechos no son constitutivos de delito. Las defensas niegan todas las acusaciones y denuncian una investigación prospectiva impulsada por organizaciones con motivaciones políticas.
Sin embargo, todo apunta a que Gómez está encaminada a sentarse ante un jurado popular, aunque todavía quedan actuaciones procesales y recursos por resolver. En todo caso, conserva íntegramente su derecho a la presunción de inocencia.
La parte de la trayectoria que Sánchez no contó
Durante su intervención y en el momento de responder a las preguntas, el presidente ha querido presentar a su esposa como una profesional que renunció a su puesto para no perjudicar al Gobierno. La secuencia completa es más compleja: dejó Inmark, pero se incorporó al Instituto de Empresa; mantuvo su actividad en la Complutense; promovió programas empresariales y académicos; respaldó mediante cartas un proyecto de Barrabés; y contó con la asistencia de una trabajadora de la Presidencia que intervino en determinadas gestiones vinculadas a esas iniciativas.
Ninguno de esos hechos demuestra por sí solo la comisión de un delito. Algunos, como la relación con Globalia o las afirmaciones de Aldama, han quedado expresamente fuera de la causa. Otros continúan bajo examen judicial y serán los tribunales quienes determinen su alcance penal.
En cualquier caso, todos forman parte de la trayectoria posterior a 2018 que Sánchez omitió al defender públicamente a su mujer.