El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado analizar las distintas opciones legales para responder a la petición de la familia de Guillem Agulló, que reclama que el joven antifascista valenciano, asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en Montanejos (Castellón) en abril de 1993, sea reconocido de forma oficial como víctima del terrorismo.
El compromiso se ha concretado en una reunión en la que han estado presentes sus padres, Carme Salvador y Guillem Agulló, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la cabeza de lista socialista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, según ha detallado el PSPV en una nota.
Sánchez ha aludido a este encuentro en un mensaje publicado en su cuenta de X: “Ayer conversé con Carme Salvador y Guillem Agulló. Más de tres décadas de dolor, de lucha por la memoria de su hijo y de una dignidad que nunca han perdido. Historias como la de su hijo Guillem, asesinado en abril de 1993, nos recuerdan a dónde conducen los discursos de odio y por qué una sociedad democrática no puede permitir que se normalicen”, señala Sánchez.
Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo escuchó “de primera mano” el relato de los padres de Guillem, que desde hace más de treinta años “reclamando justicia y defendiendo la memoria de su hijo”. La familia reiteró su solicitud de que se le reconozca como víctima del terrorismo, una demanda que el Gobierno ha prometido estudiar “con el rigor y la sensibilidad que merece”, según el PSPV.
Guillem Agulló fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos, mientras pasaba las vacaciones de Pascua con un grupo de amigos. El joven, muy implicado en el movimiento antifascista y en la defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo, fue atacado por miembros de un grupo neonazi.
La sentencia judicial condenó por homicidio al autor material de la puñalada —hubo cinco acusados, pero solo uno fue finalmente sentenciado a 14 años de prisión, de los que cumplió cuatro—, sin reconocer el carácter político del asesinato, “pese a que este había sido sostenido durante la instrucción judicial y por la Fiscalía”, señala el PSPV.
Desde entonces, la familia ha mantenido una batalla constante por el reconocimiento institucional y la reparación. En una carta dirigida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han difundido esta semana en un acto en Madris, solicita que el Estado reconozca a Guillem “como víctima del terrorismo, al igual que ha sucedido con otras víctimas de la violencia de extrema derecha”.
Esta petición cuenta con el respaldo “por más de 200 personalidades y entidades” del ámbito cultural, del mundo jurídico, representantes políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo. Entre los apoyos se encuentran el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Fundación Fernando Buesa y diversas figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática.
Informes periciales e instituciones valencianas
En la misiva, los familiares detallan que el Ministerio del Interior ha recabado informes de la Guardia Civil y de la Audiencia de Castellón para valorar el posible reconocimiento. Ante las conclusiones negativas del primero, reclaman que se tengan en cuenta informes periciales “independientes” que permitan revisar los hechos “con imparcialidad y rigor”.
La familia subraya, además, que Les Corts Valencianes ya condenaron el crimen mediante una declaración institucional “unánime” en la que se reconocía que Agulló fue asesinado por su lucha contra el racismo y la violencia fascista. En 2016, el Parlamento valenciano volvió a honrar su memoria con la creación de unos premios contra la xenofobia y el racismo que llevaban su nombre y que fueron eliminados por PP y Vox en 2024.
Según el PSPV, la reunión con Pedro Sánchez “supone un nuevo paso en la reivindicación de una familia que, después de más de tres décadas de dolor y lucha, mantiene su petición de reconocimiento y reparación”. Añade que esta demanda “también constituye una advertencia frente a la normalización de los discursos de odio y una defensa de la memoria democrática para evitar que crímenes como el de Guillem Agulló caigan en el olvido”.