Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra los incendios forestales. Lo hace después de una de las semanas más difíciles del verano, con grandes fuegos activos, miles de hectáreas calcinadas, cientos de personas desalojadas y España recurriendo al Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar sus capacidades. El mensaje del presidente es claro: los incendios ya no son episodios excepcionales, sino una consecuencia cada vez más frecuente de un escenario climático que exige una respuesta conjunta y coordinada de todas las administraciones. (((Siga aquí el directo de los incendios)))
Pocas fuerzas políticas discuten ese diagnóstico. El cambio climático está prolongando las campañas de alto riesgo, elevando las temperaturas y favoreciendo incendios de comportamiento cada vez más extremo. La cuestión que centra ahora el debate político no es tanto qué está ocurriendo, sino qué ha hecho el Gobierno durante los últimos cuatro años para preparar al Estado frente a esa nueva realidad.
¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora?
Desde el verano de 2022, cuando España sufrió una de las peores campañas de incendios de las últimas décadas, el Ejecutivo ha desplegado una intensa actividad normativa. Aprobó un real decreto para endurecer las obligaciones de prevención, impulsó modificaciones en los protocolos de actuación, actualizó la Directriz Básica de Protección Civil frente a incendios forestales y ha insistido campaña tras campaña en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y el resto de organismos implicados. El Gobierno ha construido así un discurso basado en la prevención, la coordinación institucional y la adaptación al cambio climático.
Sin embargo, la principal crítica que formulan la oposición y numerosos profesionales del sector no se dirige a ese planteamiento estratégico, sino al hecho de que la planificación no ha venido acompañada de un refuerzo material equivalente, sin olvidar, que las CCAA tienen competencias en esta materia, y sin dejar de recordar que esta fase de incendios ha sido declaradada emergencia de interés nacional.
En 2022, el Ejecutivo anunció que reforzaría la capacidad del Estado para combatir los grandes incendios y que avanzaría en la modernización de los medios de extinción. Cuatro años después, la capacidad aérea continúa prácticamente en los mismos términos y el Gobierno no ha presentado aún un programa público con objetivos verificables que permita conocer cuántos hidroaviones se incorporarán, cuál será el calendario de renovación de la flota o qué incremento de recursos humanos y materiales está previsto para los próximos ejercicios.
De ahí que, el llamamiento realizado ahora por el presidente del Gobierno ha sido recibido con escepticismo por el PP, que considera que el consenso no puede limitarse a una declaración política en plena emergencia, sino que debe traducirse en un plan nacional con financiación, calendario de ejecución y objetivos verificables para reforzar la prevención, la gestión forestal y los medios de extinción
Dos hidroaviones anfibios a la espera del permiso
La diferencia entre la planificación y la ejecución encuentra estos días una imagen especialmente simbólica en la base aérea de Matacán, en Salamanca. Allí permanecen estacionados dos hidroaviones anfibios de fabricación estadounidense que podrían reforzar el dispositivo nacional en plena campaña de incendios, pero que siguen sin poder entrar en servicio porque los trámites administrativos y de certificación todavía no han concluido. Mientras España solicita apoyo europeo y aeronaves de otros países colaboran en la extinción de grandes fuegos, dos aparatos preparados para operar permanecen inmovilizados por cuestiones burocráticas.
Ese episodio ha alimentado una crítica que va más allá del caso concreto. Porque el debate no gira únicamente sobre esos dos hidroaviones, sino sobre la capacidad del Estado para convertir los anuncios políticos en recursos operativos. En una emergencia de estas características, cada aeronave disponible puede marcar la diferencia entre contener un incendio en sus primeras horas o permitir que el fuego alcance dimensiones mucho más difíciles de controlar.
A ello se suma un segundo elemento que condiciona cualquier política pública de largo alcance: la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado. La lucha contra los incendios no se refuerza únicamente mediante normas o protocolos. Requiere inversiones plurianuales para adquirir aeronaves, renovar las existentes, ampliar las brigadas forestales, mejorar las bases aéreas, modernizar los sistemas de vigilancia y financiar una gestión forestal preventiva que reduzca la carga de combustible en los montes. Sin unas nuevas cuentas públicas, esas actuaciones quedan inevitablemente limitadas o aplazadas.
Marcos normativos sin recursos
Ese es precisamente el punto donde la oposición concentra buena parte de sus reproches. Considera que el Gobierno ha priorizado la elaboración de marcos normativos y la presentación anual de campañas institucionales, pero no ha acompañado ese esfuerzo con un plan de inversiones que permita evaluar objetivamente si España dispone hoy de más medios que hace cuatro años. La eficacia de una política pública, sostienen, no se mide únicamente por el número de reales decretos aprobados, sino por la capacidad real del dispositivo cuando el incendio ya está declarado.
El Partido Popular recuerda, además, que el pasado año registró una propuesta para impulsar un plan nacional de prevención y extinción de incendios, iniciativa que, según denuncia, ni siquiera llegó a debatirse. Ahora, tras el llamamiento de Pedro Sánchez a un pacto de Estado, los populares sostienen que el consenso debería comenzar por ejecutar las inversiones pendientes y reforzar los recursos materiales antes de abrir un nuevo marco de diálogo político.
Hoy, el debate trasciende la confrontación partidista y plantea una cuestión de gestión pública. España dispone de técnicos altamente especializados, brigadas con amplia experiencia y uno de los sistemas de coordinación más avanzados de Europa. Pero cuando las condiciones meteorológicas convierten un incendio en una emergencia nacional, la capacidad de respuesta depende, en última instancia, de disponer de suficientes aeronaves, personal y medios desplegados sobre el terreno. Los protocolos ordenan la actuación; los presupuestos la hacen posible. Y esa diferencia es la que hoy explica buena parte de la controversia política en torno a la gestión del Gobierno frente a los incendios forestales.
Sumar pone el foco en la gestión de las comunidades autónomas
Entretanto, y frente a las críticas de la oposición al Gobierno, sostiene que buena parte de la responsabilidad en la prevención y extinción de los incendios corresponde a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de gestión forestal y de los servicios de extinción.
La formación defiende que el incremento de los grandes incendios está estrechamente ligado al cambio climático y reclama reforzar las políticas de prevención durante todo el año, especialmente la gestión de los montes, la limpieza de la masa forestal y el mantenimiento de las zonas de interfaz urbano-forestal. En su opinión, el debate no puede limitarse al número de hidroaviones o de medios aéreos disponibles, sino que debe centrarse también en evitar que los incendios alcancen dimensiones incontrolables.
Desde Sumar también se insiste en que el Estado ya presta apoyo a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y los medios aéreos de titularidad estatal, pero recuerdan que la planificación preventiva y la primera respuesta frente a los incendios recaen, en la mayoría de los casos, sobre las comunidades autónomas.
No obstante, la oposición replica que esa distribución competencial no exime al Ejecutivo de reforzar los recursos estatales ni de cumplir los compromisos adquiridos para modernizar la flota aérea y mejorar la capacidad operativa del dispositivo nacional frente a grandes emergencias.
Las CCAA gestionan los incendios, y el Estado aporta los grandes medios
El reparto competencial en materia de incendios forestales sitúa a las comunidades autónomas en la primera línea de la prevención y la extinción. Son las responsables de planificar sus campañas, gestionar los operativos, movilizar a los bomberos forestales y coordinar la respuesta inicial cuando se declara un incendio dentro de su territorio.
El Estado, sin embargo, desempeña un papel esencial de apoyo y coordinación. A través del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pone a disposición de las autonomías recursos estratégicos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la flota de medios aéreos de titularidad estatal, que intervienen cuando la magnitud del incendio supera la capacidad autonómica o cuando una comunidad solicita su activación.
Ese reparto de funciones adquiere una dimensión distinta cuando se declara la emergencia de interés nacional, como ha ocurrido con algunos de los incendios de este verano. En ese momento, el Estado asume la dirección de la emergencia y coordina el conjunto de los recursos disponibles, tanto estatales como autonómicos, para hacer frente a una situación de especial gravedad.
Precisamente por ello, el debate político no se limita a las competencias de las comunidades autónomas. Aunque la prevención y la primera respuesta recaen sobre ellas, la capacidad del Estado para aportar medios extraordinarios, renovar su flota aérea, reforzar las BRIF o movilizar todos los recursos disponibles se convierte en un elemento determinante cuando los incendios alcanzan una dimensión nacional. Esa doble responsabilidad —autonómica en la gestión ordinaria y estatal en el apoyo estratégico y las grandes emergencias— explica buena parte de la discusión abierta estos días sobre si España dispone hoy de un dispositivo más potente que el de hace cuatro años.
Sánchez avanza horas difíciles y complejas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que se avecinan “horas difíciles y complejas” ante el repunte de las temperaturas por la nueva ola de calor y ha reclamado “compresión y precaución” a la población ante el elevado riesgo de incendios que afecta al país.
El jefe del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) activado por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que ya ha quemado 6.500 hectáreas, cuenta con un perímetro de 48 kilómetros y ha obligado a evacuar a más de 16.000 personas, además de mantener confinadas a unas 65.000 en varias localidades próximas a la Serra d'Espadà.
En este escenario, Sánchez ha reconocido la labor de los medios de comunicación y ha instado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de fuentes oficiales, frente a los “bulos” que circulan en redes sociales. Del mismo modo, ha solicitado a quienes han sido evacuados o permanecen confinados por el avance del fuego “paciencia y comprensión”, subrayando que la prioridad del Sistema Nacional de Protección Civil es la protección de las vidas humanas.
El presidente ha señalado que, en lo que va de año, se han quemado ya más de 170.000 hectáreas en una decena de grandes incendios en España, lo que supone multiplicar por seis las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. Por ello, ha llamado a “extremar precaución y prevención” ante el incremento de temperaturas previsto para los próximos días por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Sánchez ha recalcado la necesidad de estar preparados ante la “emergencia climática” que “está superando todos los niveles” y ha reiterado su apuesta por un gran acuerdo político y social para un pacto de Estado que permita desplegar medidas coordinadas entre todas las administraciones públicas.