Zapatero rompe su silencio: "Las joyas son un regalo de cortesía personal, de hace muchos años. Ni tenían uso ni destino""

La investigación judicial sobre la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra se encuentra todavía en plena fase de instrucción en la Audiencia Nacional, sin decisión sobre archivo ni apertura de juicio oral. El juez José Luis Calama mantiene a Zapatero como investigado por una presunta trama de tráfico de influencias, organización criminal y otros delitos ligados al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. En las últimas semanas se han producido tres movimientos clave: la declaración de Zapatero ante el juez, la imputación de sus hijas y su secretaria, y una ofensiva procesal de la defensa para intentar anular pruebas y, en última instancia, la causa. Los próximos pasos pasan por nuevas declaraciones de investigados, la resolución de las peticiones de nulidad y la decisión sobre si se continúa la instrucción hacia un posible juicio o se archiva total o parcialmente.

Situación actual del procedimiento

El punto de partida reciente es el auto por el que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió imputar a Zapatero en el denominado “caso Plus Ultra”, abriendo diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias y otros posibles ilícitos, entre ellos organización criminal y blanqueo, vinculados al rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021, gestionado a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas. Esta decisión se detalla en la información de Demócrata, que recoge también los registros ordenados en el despacho del expresidente y en sociedades vinculadas a su entorno.

Posteriormente, el juez fijó su declaración como investigado, inicialmente para el 2 de junio y luego aplazada a los días 17 y 18 de junio, como explican varias piezas de [enlace] y [enlace]. Durante esa comparecencia, resumida por Demócrata, Zapatero declaró durante unas tres horas, negó haber ejercido presiones para el rescate y defendió la licitud de sus actividades profesionales y del origen de las joyas intervenidas en su despacho, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Tras la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas), según otra crónica de Demócrata, quedando pendiente la decisión del juez sobre esas peticiones. No se dispone en las fuentes consultadas de un auto posterior que confirme o rechace de forma definitiva esas medidas.

Ampliación del círculo de investigados

Tras escuchar a Zapatero, el juez Calama decidió dar un paso más y acordó imputar a las dos hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, María Gertrudis Alcázar. Según detalla Demócrata, la decisión se adopta a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar indicios sobre su posible participación en algunos hechos investigados, especialmente por la condición de administradoras de la sociedad Whathefav y por gestiones atribuidas a la secretaria en la trama.

Este movimiento sitúa el procedimiento en una “nueva fase”, extendiendo el alcance de la causa al entorno más próximo de Zapatero, aunque la propia información subraya que la condición de investigadas no implica culpabilidad, sino la necesidad de que declaren con todas las garantías procesales.

En paralelo, el magistrado ha citado como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, amigo y socio de Zapatero y considerado una pieza relevante en la supuesta estructura de tráfico de influencias. Su declaración, prevista para el 21 de julio, se recoge en [enlace] y en otra pieza posterior sobre las implicaciones de su testimonio, publicada por Demócrata.

Estrategia de defensa y frentes procesales abiertos

Tras su declaración, la defensa de Zapatero ha lanzado una ofensiva procesal centrada en cuestionar la validez de las pruebas. Por un lado, ha presentado escritos en los que sostiene que existen causas de nulidad en la forma en que se examinaron un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de Plus Ultra remitido desde Estados Unidos, y plantea que el contenido de esos dispositivos debe ser excluido, tal como recoge [enlace] y [enlace].

Además, según informa Demócrata, el expresidente ha pedido al juez la nulidad global de la investigación y la exclusión de todas las evidencias obtenidas, alegando vulneraciones de derechos fundamentales y deficiencias en la autorización y reutilización de determinadas comunicaciones. Al mismo tiempo, Calama ha abierto una investigación específica sobre las filtraciones de documentación reservada del sumario, un frente separado que, de acuerdo con [enlace], podría llegar a tener impacto indirecto sobre la causa principal si se acreditaran irregularidades graves.

Próximos pasos procesales previsibles

Con la información disponible, la causa se halla aún en instrucción, sin fecha de cierre. Los próximos pasos procesales previsibles son:

• Resolver las peticiones de nulidad y exclusión de pruebas formuladas por la defensa de Zapatero. El juez deberá decidir si mantiene íntegro el material, si anula parte de él o si acepta la nulidad en un alcance mayor.
• Practicar nuevas diligencias: declaraciones de las hijas y la secretaria de Zapatero como investigadas, así como de otros imputados como Julio Martínez Martínez, y, en su caso, nuevas periciales o requerimientos de documentación.
• Decisión sobre medidas cautelares pendientes respecto de Zapatero, a partir de las solicitudes de Anticorrupción y acusaciones populares.
• A medio plazo, una vez concluida la instrucción, el juez deberá optar entre abrir juicio oral contra los investigados (dictando el correspondiente auto de procesamiento) o acordar el sobreseimiento total o parcial de la causa si considera que los indicios no son suficientes.

Hasta que se adopten esas decisiones, Zapatero y el resto de investigados conservan íntegramente la presunción de inocencia y no hay una determinación judicial firme sobre su responsabilidad penal en el caso Plus Ultra.

Según la legislación vigente en España, un expresidente del Gobierno no tiene competencias ejecutivas ni funciones decisorias propias en el sistema constitucional una vez cesa en el cargo. Lo que sí existe es un estatuto específico de honores, apoyos y prerrogativas materiales, regulado por el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno, modificado por el Real Decreto 1306/2008, de 18 de julio. Estas normas fijan su tratamiento protocolario, los medios personales y materiales de que disponen, así como ciertas prestaciones económicas y de seguridad. No se configura una “segunda etapa” con poderes políticos propios, sino un régimen de reconocimiento institucional y facilidades para su actividad pública posterior.

Marco normativo básico

La regulación específica se encuentra en:

• Real Decreto 405/1992, que establece el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno (texto en el BOE).
• Real Decreto 1306/2008, que modifica su artículo 4 para extender determinados beneficios al cónyuge o pareja del expresidente fallecido (modificación de 2008).

No se dispone en las fuentes de una norma autónoma que regule una “Oficina del Expresidente del Gobierno” como órgano separado; el régimen de medios y apoyos figura integrado en el propio Estatuto.

Tratamiento, precedencia y representación

El Real Decreto 405/1992 establece que los expresidentes:

• Gozan del tratamiento de «Presidente».
• Ocupan el lugar que les corresponda en el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, es decir, se les reconoce una posición protocolaria destacada.
• En sus desplazamientos fuera de España pueden disfrutar del apoyo de los servicios de la representación diplomática española.

Estas previsiones tienen naturaleza fundamentalmente honorífica y protocolaria. El texto no les atribuye función representativa permanente del Estado ni del Gobierno, aunque sí permite que, puntualmente, puedan ser apoyados por la red diplomática cuando viajen al exterior.

Medios personales y materiales de apoyo

Como expresión más clara de sus “atribuciones” prácticas, el Estatuto reconoce una pequeña estructura de apoyo:

• Se adscriben a su servicio dos puestos de trabajo:
  • Uno de nivel 30.
  • Otro de nivel 18.
  Ambos se cubren por libre designación a propuesta del propio expresidente y se incluyen en la relación de puestos de la Presidencia del Gobierno. El personal tiene la consideración de personal eventual de gabinete, y si son funcionarios pasan a servicios especiales.
• Una dotación económica para:
  • Gastos de oficina.
  • Atenciones de carácter social.
  • En su caso, alquileres de inmuebles.
  La cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
• Un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.
• Servicios de seguridad que el Ministerio del Interior considere necesarios.
• Libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

En la práctica, estos elementos configuran lo que suele denominarse “oficina del expresidente”: un pequeño equipo, recursos administrativos mínimos y medios de desplazamiento y seguridad para su vida pública y privada.

Régimen económico y derechos pasivos

En el plano económico, el artículo 4 del Real Decreto 405/1992, en la redacción vigente tras el Real Decreto 1306/2008, prevé:

• Derecho a la pensión indemnizatoria contemplada en el artículo 10.5, norma primera, de la Ley 74/1980, de Presupuestos Generales del Estado para 1981. El Estatuto remite expresamente a esa ley, sin fijar cuantías por sí mismo.
• Generación, a favor del propio expresidente y de sus familiares, de los derechos pasivos previstos en la legislación de clases pasivas del Estado.
• Desde 2008, aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 3 (servicios de seguridad y libre pase en transportes) también al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad en caso de fallecimiento del expresidente.

¿Tienen competencias políticas o de decisión?

Lo relevante, a efectos de “competencias y atribuciones”, es que la normativa examinada no otorga funciones institucionales propias al expresidente. A diferencia de la Ley 50/1997, del Gobierno (Ley del Gobierno), que regula las competencias del presidente en ejercicio, el Estatuto de 1992 se limita a:

• Reconocerle un estatus honorífico y protocolario.
• Asignarle medios materiales, personales y de seguridad.
• Garantizar una cobertura económica y de derechos pasivos.

Por tanto, un expresidente del Gobierno en España, según la legislación vigente, no forma parte de los órganos constitucionales ni ostenta capacidades de decisión pública por el mero hecho de serlo. Cualquier función política o institucional que ejerza tras su cese deriva de nombramientos específicos (por ejemplo, como diputado, senador, enviado especial, miembro de un órgano internacional, etc.), pero no de su condición de expresidente.

En España, cuando en un procedimiento judicial penal se incautan bienes como joyas, la ley no exige un “papel concreto único” para justificar su procedencia, sino que regula un sistema de ocupación cautelar, prueba de origen lícito o ilícito y eventual decomiso. En principio, la acusación debe probar que esos bienes son producto o instrumento del delito, respetando la presunción de inocencia. Sin embargo, en el decomiso ampliado se admiten presunciones sobre bienes desproporcionados a los ingresos y se desplaza parcialmente al afectado la carga de justificar su origen lícito. Si no se acredita ese origen, el tribunal puede acordar el decomiso y, en su caso, la devolución de las piezas a las víctimas o a terceros de buena fe.

Marco normativo básico

El régimen jurídico se construye, principalmente, sobre:

• Código Penal (LO 10/1995), modificado por la LO 1/2015 y, en parte, por la LO 4/2023, que regula el decomiso de efectos, instrumentos y ganancias del delito y el decomiso ampliado.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto histórico aprobado por Real Decreto de 1882, vigente en su versión consolidada (LECrim), que regula la ocupación y aseguramiento de bienes, así como su restitución a los legítimos propietarios.
• Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, que refuerza la exigencia de acreditar origen lícito de fondos y activos en operaciones económicas (Ley 10/2010), modificada por el Real Decreto-ley 7/2021.
• Regulación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y gestionar efectos decomisados (Real Decreto 948/2015, RD 948/2015), desarrollada tras la reforma de la LECrim por la Ley 41/2015.

Ocupación y aseguramiento de bienes incautados

La LECrim permite a juez y policía judicial ocupar y asegurar efectos relacionados con el delito (entre ellos joyas) desde las primeras diligencias. Estas incautaciones tienen carácter cautelar: buscan preservar pruebas y garantizar el pago de responsabilidades civiles y el eventual decomiso.

Durante la instrucción, el juez puede acordar medidas cautelares reales (embargo, depósito, administración) sobre las joyas, normalmente a petición del Ministerio Fiscal o de la acusación particular. El RD 948/2015 prevé que el juez pueda encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la localización, conservación y administración de estos bienes, especialmente en delitos de criminalidad organizada.

Prueba del origen lícito o ilícito y carga de la prueba

Como regla general, la carga de la prueba de que las joyas proceden de un delito recae en la acusación (Fiscalía y acusaciones personadas). Debe acreditarse que son:

• Instrumentos del delito (usadas para cometerlo).
• Productos o ganancias del delito (adquiridas con el beneficio ilícito).

La jurisprudencia admite que se utilicen indicios objetivos: desproporción entre valor de las joyas y los ingresos declarados, vinculación temporal con el delito, uso de testaferros, ocultación, etc. Aquí enlaza la lógica de la Ley 10/2010, que obliga a los operadores financieros a recabar documentación sobre el origen de fondos y titular real de los activos; esos documentos acaban siendo, a menudo, la prueba principal de procedencia lícita o ilícita.

En el decomiso ampliado, reforzado por la LO 1/2015, si la sentencia declara que una persona se ha enriquecido a través de determinadas actividades delictivas (corrupción, crimen organizado, etc.), el tribunal puede decomisar bienes que resulten manifiestamente desproporcionados respecto de sus ingresos lícitos acreditados. En estos casos se admite que corresponda al condenado o al tercero afectado explicar y documentar el origen lícito de las joyas (por ejemplo, facturas, tasaciones, herencias, contratos de compraventa), so pena de que el tribunal considere no justificada su procedencia y acuerde el decomiso.

Consecuencias patrimoniales: decomiso y devolución

Si se acredita que las joyas son instrumento o ganancia del delito, el Código Penal, en sus preceptos sobre decomiso (tras la reforma de la LO 1/2015), permite al juez acordar:

• Decomiso directo de las joyas.
• Decomiso por equivalente (valor económico) si las joyas han desaparecido o se han transformado.
• Decomiso de terceros, cuando se acredite que un tercero las adquirió a sabiendas de su origen ilícito o sin contraprestación real.

En paralelo, la LECrim contempla la devolución de efectos a quienes acrediten ser los legítimos propietarios y obren de buena fe. Esto puede afectar a víctimas directas (robos, estafas) o a terceros que puedan demostrar un título legítimo y ajeno al delito. De no existir reclamación fundada o de declararse el decomiso, las joyas pasan a ser administradas y, en su caso, realizadas por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, destinándose el producto a responsabilidad civil de las víctimas, costas e ingresos públicos.

En síntesis: no hay un formulario único para justificar procedencia, pero el sistema obliga, en muchos supuestos, a aportar documentación sólida y coherente sobre adquisición, valor y titularidad de las joyas; de lo contrario, pueden presumirse ligadas a la actividad delictiva y ser definitivamente decomisadas.