El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, un anteproyecto de ley destinado a reforzar la protección de los trabajadores que denuncien casos de corrupción o prácticas contrarias a la legalidad.
Entre las principales medidas figura la declaración de nulidad de los despidos que afecten a quienes comuniquen este tipo de conductas, así como a determinados familiares o personas de su entorno.
Según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz a DEMÓCRATA, la futura norma reconocerá como derecho de los trabajadores la denuncia de actuaciones irregulares, con el objetivo de evitar cualquier tipo de represalia en el ámbito laboral.
Protección frente a despidos y otras represalias
El anteproyecto contempla que los empleados queden protegidos no solo frente al despido, sino también ante otras medidas que puedan suponer una represalia, como cambios de puesto de trabajo o modificaciones de sus condiciones laborales.
Las medidas previstas se aplicarán con independencia de la situación contractual del trabajador, incluyendo a quienes se encuentren en período de prueba. Asimismo, la protección alcanzará a las denuncias formuladas tanto ante las autoridades competentes como a través de medios de comunicación.
Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que el objetivo es ofrecer garantías a quienes pongan en conocimiento hechos presuntamente irregulares sin temor a consecuencias laborales derivadas de esa actuación.
La norma deberá superar su tramitación parlamentaria
Tras su aprobación como anteproyecto en el Consejo de Ministros, la iniciativa deberá iniciar su tramitación legislativa y ser debatida en las Cortes Generales, donde el Gobierno necesitará reunir los apoyos suficientes para su aprobación definitiva.
Fuentes del Ministerio consideran que la propuesta podría contar con un amplio respaldo parlamentario y social, al tratarse de una medida orientada a reforzar la protección de quienes colaboran en la detección de prácticas corruptas.
El caso Ana Garrido, entre los precedentes
El Ministerio enmarca la futura ley en la necesidad de evitar situaciones como la vivida por Ana Garrido, exconcejal y técnica municipal de Boadilla del Monte, cuya denuncia de irregularidades vinculadas al caso Gürtel derivó, según reconocieron los tribunales, en una situación de acoso laboral.
En 2017, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró acreditadas las represalias sufridas por Garrido y condenó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a indemnizarla con 96.314,15 euros.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende establecer un marco legal específico que refuerce la protección de los denunciantes de corrupción y evite que puedan sufrir consecuencias laborales por comunicar conductas presuntamente ilícitas.