La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) ha reclamado a las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales que incorporen en sus programas electorales medidas específicas que aseguren una escolarización segura para los menores con riesgo de anafilaxia.
La entidad demanda un compromiso firme por parte de los partidos para avanzar hacia una protección real y uniforme en todo el territorio nacional, sin diferencias por la comunidad autónoma en la que el alumnado curse sus estudios. En esta línea, apunta que la normativa educativa actual ofrece un marco de referencia válido, pero insiste en que sus principios deben concretarse en actuaciones claras.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), tras la modificación introducida por la LOMLOE, recoge como ejes básicos la inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de enfermedad. Además, en sus artículos 71 y 72 se prevé la atención a estudiantes que precisan recursos específicos por sus circunstancias personales, la provisión de medios adecuados a los centros y la formación del profesorado y de otros profesionales.
AEPNAA sostiene que estos principios han de servir de base para impulsar una regulación concreta que asegure una respuesta adecuada ante la anafilaxia, una reacción alérgica de gran gravedad, potencialmente mortal, que exige una intervención inmediata.
“No estamos pidiendo privilegios ni planteando una reivindicación ajena a nuestro sistema educativo. Estamos reclamando que los principios de protección, inclusión y dotación de recursos que ya recoge la ley se traduzcan en medidas concretas para los alumnos con riesgo de anafilaxia. La seguridad de un niño no puede depender de la comunidad autónoma en la que estudia”, afirma Ángel Sánchez, presidente de AEPNAA.
En el manifiesto hecho público, la asociación plantea la necesidad de protocolos claros y comunes, sustentados en la evidencia clínica, tanto para la prevención como para la actuación ante un episodio de anafilaxia; formación y protección del personal educativo para identificar y responder ante una reacción alérgica grave; y acceso garantizado a medicación de emergencia, asegurando la presencia de autoinyectores de adrenalina en los centros docentes.
Asimismo, reclama la implantación de planes individualizados para el alumnado con riesgo conocido y una coordinación efectiva entre las administraciones educativas y sanitarias que permita ofrecer una respuesta homogénea y eficaz en todo el sistema.
La organización insiste en que la seguridad de estos escolares no puede quedar supeditada únicamente a la iniciativa de las familias o a la buena voluntad de los colegios e institutos, sino que exige medidas organizativas claras, recursos suficientes y responsabilidades bien definidas.