La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) ha reclamado a las Administraciones públicas que se implante la “identificación obligatoria” previa a la participación en cualquier tipo de juego de azar, tanto en plataformas 'on line' como en locales físicos. La petición incluye las loterías, los juegos instantáneos conocidos como 'rascas', así como casinos, bingos, salones de juego, casas de apuestas y máquinas con premio ubicadas en bares, cafeterías y otros negocios de hostelería.
“Las políticas públicas en materia de juego deben situar la salud y el bienestar de las personas en el centro de sus decisiones, por encima de cualquier consideración exclusivamente económica o recaudatoria”, explica el director técnico, Juan Lamas, con motivo de la celebración, este jueves 29 de octubre, del Día Nacional Sin Juegos de Azar.
El objetivo principal de esta exigencia es verificar la mayoría de edad de los participantes y hacer efectivas las prohibiciones de acceso al juego, en especial en el caso de las personas autoprohibidas. Para ello, FEJAR reclama reformas legales y el desarrollo de soluciones tecnológicas adecuadas que permitan estos controles, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales.
“La protección de menores y personas autoprohibidas no puede depender del lugar ni de la modalidad de juego”, defiende la Federación, que subraya que la prevención resulta tan esencial como el acompañamiento a quienes ya sufren un problema con el juego y requieren apoyo especializado.
Además, la entidad demanda “controles e inspecciones eficaces” en el juego autorizado y una “actuación firme” frente al juego ilegal, tanto 'on line' como presencial. Para ello, aboga por una mejor coordinación entre las distintas administraciones y autoridades competentes, y ve imprescindible aumentar la transparencia sobre las inspecciones realizadas, las infracciones detectadas y las sanciones impuestas.
La Federación recuerda que las políticas públicas en este ámbito no deben limitarse únicamente a la prevención y al control del cumplimiento de la normativa. “Deben garantizar también el acceso al tratamiento especializado, la rehabilitación y el apoyo a las familias, con independencia del lugar de residencia o de la situación económica, y reconocer la labor de las asociaciones que atienden a las personas afectadas”, añade.