La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un supuesto delito de injurias graves con publicidad, a raíz de unas manifestaciones realizadas por este en dos espacios televisivos.
De acuerdo con la querella, en esas intervenciones Aldama la relacionó con la entrega de un sobre que contendría documentación sobre una presunta financiación irregular del PSOE. Rodríguez ya había promovido en julio un acto de conciliación con Aldama para que se retractara, advirtiendo de que acudiría a la vía penal si no lo hacía.
Los hechos se sitúan en las entrevistas concedidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en “Diario de la Noche”, de Telemadrid, y “Horizonte”, emitido en Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity. Según el escrito, el empresario mencionó un supuesto sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que incluiría documentación sobre hechos investigados judicialmente en relación con presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, tal y como ha señalado este lunes el despacho de abogados Baltasar Garzón.
Rodríguez rechaza tajantemente las manifestaciones de Aldama. En la querella afirma que nunca tuvo noticia de la existencia de ese sobre ni de su contenido y que en ningún momento se lo entregó al empresario.
Ese sobre ya figuraba en las pesquisas de la Audiencia Nacional. En marzo, Aldama aportó al juez que instruye el “caso Koldo” un sobre que, según sostuvo, le habría sido entregado por la propia dirigente venezolana y que contendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. El magistrado Ismael Moreno le había requerido que lo depositara en la pieza secreta en la que se investigan pagos en metálico del PSOE destinados a reembolsar gastos anticipados.
Aldama aludió al contenido del sobre por primera vez en su declaración del 29 de enero ante el juez que investiga el “caso hidrocarburos”, también en la Audiencia Nacional. Tras escucharle, la Fiscalía Anticorrupción mostró interés por esa documentación y el empresario la emplazó a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese punto. Ante el juez Santiago Pedraz explicó, en calidad de investigado, que la información del sobre estaría vinculada al sector de los hidrocarburos.
La querella incide en que en el propio sobre no figura ninguna prueba que identifique a la presidenta como la persona que habría efectuado la entrega. Añade que, según la imagen del documento difundida en distintos medios, el sobre habría sido recibido en febrero de 2020 con un sello de entrada estampado por un funcionario, sin el apellido de Aldama, y que este lo habría mantenido oculto hasta 2026.
El despacho de abogados también destaca la ausencia de datos sobre la trazabilidad del documento y sobre las condiciones en que habría permanecido desde su supuesta recepción hasta que se dio a conocer su existencia.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió que Aldama dejó en custodia de su socio Luis Alberto Escolano “documentación sensible” relativa a PDVSA. Según los investigadores, en una fotografía reenviada por Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre un sellado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela que “indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”.
La querella recuerda que, desde noviembre de 2024, diversos medios han informado sobre la existencia del sobre y que su imagen se viene publicando desde 2025. Sostiene que todo ello, unido a las declaraciones televisivas de Aldama, que vincularon su contenido con supuestas operaciones sobre cupos de petróleo y con una posible utilización irregular de los beneficios de su comercialización, ha proyectado sobre la querellante “falsa y públicamente una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde”. Precisa, además, que Rodríguez no figura como investigada en el procedimiento judicial citado en las entrevistas.
Como diligencias, la querella pide al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones completas de las entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero, así como la declaración de Aldama.
Los letrados recuerdan que el delito de injuria sanciona “la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, agravado en este caso por su difusión en medios de comunicación. La eventual pena, al tratarse de injurias con publicidad, podría consistir en una multa de entre seis y catorce meses.