La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido posponer una semana más el inicio del juicio por el brote de listeriosis de 2019 vinculado a la carne mechada contaminada de la empresa Magrudis, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo entre las partes, aunque los abogados de algunos afectados han criticado el “silencio” del Ayuntamiento de Sevilla durante este proceso negociador.
Cabe recordar que el pasado 16 de octubre ya se había acordado un primer aplazamiento de diez días, por lo que la vista debía arrancar este lunes, 26 de octubre. Tras esta nueva decisión, la fecha señalada pasa a ser el próximo 3 de noviembre.
“Con toda sinceridad, el aplazamiento que se ha permitido para valorar las negociaciones es para poder ver si el Ayuntamiento de Sevilla reacciona, porque todos están poniendo de su parte, los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas”, ha expresado en declaraciones a medios este viernes a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián el letrado de algunos de los afectados, Manuel Parrilla.
Aunque los representantes de los perjudicados se muestran “optimistas” ante la posibilidad de cerrar un pacto que evite el macrojuicio, diseñado con más de 40 sesiones para aclarar un episodio que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, reclaman al Gobierno municipal que active “los mecanismos necesarios” de financiación para asumir las indemnizaciones reclamadas.
“No es fácil alcanzar un acuerdo, nos gustaría dar las gracias a todas las partes excepto al Ayuntamiento de Sevilla, que se ha sentado de oyente en las negociaciones, parece que la cosa no va con ellos (...) No hemos terminado de alcanzar un acuerdo por el elevado importe de las indemnizaciones, pero seguimos negociando”, ha referido Germán Grima, también responsable de alguno de los afectados.
En esta línea, ha aludido al portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, pidiendo una contestación clara sobre este asunto. Bueno, hace unos días, subrayaba que el Gobierno local “siempre está abierto a explorar cualquier camino y cualquier posibilidad para solventar el asunto de la mejor forma posible”, llegando incluso a afirmar que el Ayuntamiento no tendría “ningún problema” si se llegase a proponer un posible acuerdo entre las partes.
“Hay una alarma social desde el 2019, y desde entonces no hemos recibido ni una sola llamada, ni una sola preocupación informativa sobre cómo se encuentran los afectados. Ningún movimiento por parte de la corporación municipal, lo que conlleva que siete años después estemos negociando unas indemnizaciones con las compañías de los seguros sin tener aún ni una llamada del Ayuntamiento”, han lamentado los letrados en referencia a la actitud del Consistorio.
Según han detallado, el montante global de las indemnizaciones para el conjunto de víctimas ascendería a 10 millones de euros. De esa suma, y conforme a lo debatido hasta ahora, la mitad sería asumida por el Ayuntamiento. “Tienen mecanismos extraordinarios para llevar a cabo este tipo de pagos. Si quieren pueden, aunque estamos abiertos a cualquier negociación”.
En cuanto a la vertiente penal, los representantes de los perjudicados han señalado que confían en que las penas sean “ejemplarizantes” y han precisado que estas sanciones ya se contemplan en los borradores de acuerdo.
En el escrito de acusación, la Fiscalía aprecia un presunto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.
Por el primero de los delitos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados, José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de prisión; reclama además para cada uno de ellos otros seis años por los homicidios por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación de fluido eléctrico para todos salvo para el arquitecto y un año y medio adicional de cárcel para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y, en este caso sí, para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.