La defensa del agente de la Policía Nacional investigado por el homicidio del médico Rafael Piorno Fermoselle, ocurrido en agosto de 2024 en su domicilio de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), tiene previsto solicitar su libertad provisional el próximo 26 de agosto, en una vista en la que se revisará su situación personal tras casi dos años en la cárcel.
La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar ha señalado para ese día, a las 11,00 horas, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el agente, que participará por videoconferencia desde el centro penitenciario Sevilla 2, según se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El policía se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde septiembre de 2024, junto a O.F.S., investigado como presunto autor material de la muerte del médico.
Las pesquisas apuntan a que ambos acudieron el 23 de agosto de 2024 a la vivienda que el doctor tenía en venta, siguiendo un plan previo para perpetrar un robo. El cuerpo sin vida de Piorno fue hallado dos días después en el inmueble, atado y con múltiples heridas de arma blanca.
La abogada Elisabeth Guerrero solicitará su excarcelación con las medidas cautelares que el juzgado estime adecuadas, como la obligación de comparecer periódicamente, la colocación de una pulsera telemática o la fijación de una fianza.
La defensa fundamentará su petición en el tiempo transcurrido desde el ingreso en prisión y en la paralización que, según sostiene, ha sufrido el procedimiento a la espera del análisis de dos teléfonos móviles.
Los dispositivos fueron intervenidos en septiembre de 2024, el primer volcado fue autorizado el 11 de octubre de ese año y, tras un intento fallido, se dictó una segunda autorización el 18 de febrero de 2025. El informe definitivo se incorporó a la causa el 27 de abril de 2026.
Impugnación del análisis telefónico
La representación legal del policía ha impugnado el informe técnico sobre el teléfono atribuido a O.F.S. y ha pedido la nulidad de la ejecución y de la documentación del volcado, así como la exclusión o la falta de eficacia probatoria de sus conclusiones incriminatorias.
El informe de la Guardia Civil detalla 14 contactos entre el terminal de O.F.S. y un número asignado al policía entre los días 22 y 24 de agosto de 2024. No obstante, precisa que se trataba de llamadas, videollamadas y “mensajes cifrados” y que “no se ha recuperado ningún archivo de texto”.
Pese a la falta de texto, audio o transcripción, los investigadores consideraron que el policía habría indicado al otro investigado que vigilara la vivienda del médico y se hiciera pasar por interesado en la compra, y que ambos habrían pactado después el regreso de O.F.S. a León.
El escrito de impugnación también alega que el informe no incorpora de forma suficiente el acta técnica de extracción, las herramientas forenses y sus versiones, el método de adquisición, los valores 'hash', los registros de auditoría, las fechas exactas de las operaciones ni la cadena completa de custodia digital.
La defensa pone en duda igualmente los traslados de los teléfonos y sus soportes entre dependencias de Almería, Sevilla y Madrid, al remarcar que no consta de forma detallada dónde estuvieron depositados, quién tuvo acceso a ellos, en qué condiciones se conservaron o qué precintos fueron abiertos y repuestos durante el análisis.
En cuanto al teléfono atribuido al policía, el Instituto Armado indicó que no se había elaborado un informe técnico porque la información recuperada comenzaba el 26 de agosto de 2024 y no incluía datos relacionados con los hechos. La defensa reclama que se incorpore íntegramente esa extracción al entender que la ausencia de elementos incriminatorios puede ser favorable para su cliente.
Si el juzgado rechaza excluir el informe, la letrada solicita que la Guardia Civil aporte el expediente técnico completo, las copias forenses, los valores 'hash', los registros de auditoría y la cadena de custodia, que identifique a los agentes y técnicos que intervinieron en la extracción y que se permita el acceso a un perito informático designado por la defensa.