El Tribunal Supremo ha solicitado a las comunidades autónomas que impugnaron la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno que se pronuncien sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con la normativa comunitaria vigente.
Mediante dos providencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo otorga un plazo de cinco días a las partes para que indiquen su postura sobre la eventual consulta al TJUE, en el marco de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón.
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.
Los magistrados plantean a las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
Estas dos providencias han sido dictadas por la Sala Tercera del Supremo con carácter previo a que se resuelvan las medidas cautelares reclamadas por las citadas comunidades autónomas.