El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado este jueves que la prescripción de una deuda únicamente produce efectos cuando el consumidor la hace valer en el proceso judicial, de modo que la empresa acreedora puede seguir exigiendo el pago aunque ya haya vencido el plazo legal para reclamar.
Esta conclusión se recoge en una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo que responde a una cuestión prejudicial remitida por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Fuenlabrada (Madrid). Este órgano judicial preguntó si el Derecho de la Unión autoriza a los jueces a apreciar de oficio la prescripción de una deuda reclamada por una sociedad que ha comprado el crédito a una entidad financiera.
En su fallo, el TJUE precisa que “un crédito no puede considerarse inexigible por la mera prescripción”, dado que esta “extingue el derecho a ese crédito únicamente si la parte demandada la invoca durante el procedimiento judicial”. En consecuencia, entiende que acudir a los tribunales para reclamar una deuda que podría estar prescrita no supone, por sí mismo, una práctica comercial engañosa contraria a la normativa comunitaria.
El conflicto parte de un préstamo suscrito en noviembre de 2015 por una consumidora española y otra persona con la entidad Nuevo Micro Bank. El contrato fijaba su vencimiento en diciembre de 2018, pero el banco decidió reclamar la devolución anticipada en julio de 2016 al constatar impagos.
En julio de 2024, la entidad financiera cedió el crédito a la sociedad maltesa Investcapital, que en febrero de 2025 presentó demanda ante los tribunales españoles para recuperar las cantidades adeudadas. El juzgado de Fuenlabrada apreció que la deuda podría haber prescrito en 2021, al haber transcurrido cinco años desde el vencimiento anticipado sin constar ninguna actuación que interrumpiera dicho plazo.
La normativa de la UE no obliga al juez a revisar la prescripción
Ante estas dudas, el juez español elevó cuestión prejudicial al TJUE para aclarar si las reglas europeas de protección de los consumidores permiten a los tribunales verificar por iniciativa propia que una deuda ha prescrito, incluso cuando el consumidor no lo haya alegado, con el fin de impedir que se cobren créditos que dejarían de ser exigibles si se invocara la prescripción.
El TJUE responde que la normativa europea no entra a regular este punto concreto. Aunque refuerza la tutela de los consumidores, no contiene “disposiciones específicas” sobre la prescripción de las deudas ni sobre la facultad de los jueces de declararla de “motu proprio”.
El tribunal europeo descarta igualmente que la reclamación judicial por parte de una empresa no bancaria de una deuda potencialmente prescrita pueda calificarse de manera automática como “una práctica comercial desleal”, recordando que las partes gozan de “libertad” para exponer sus posiciones en el proceso y que corresponde al consumidor alegar que la deuda está prescrita.
Por tanto, el TJUE concluye que son los Estados miembro, entre ellos España, quienes deben concretar en su Derecho interno si los jueces pueden apreciar de oficio la prescripción de un crédito, siempre que se respeten “los principios europeos” de equivalencia y efectividad.
En última instancia, será la justicia española la que resuelva el caso atendiendo a la interpretación del Derecho de la Unión fijada por el TJUE en relación con la actuación del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Fuenlabrada.