El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo que le aplique "sin más demora" la ley de amnistía y archive definitivamente la causa penal abierta contra él por el 'procés'. La petición llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la norma al delito de malversación y el mismo miércoles en que el Tribunal de Cuentas ha acordado amnistiarle en el procedimiento por los gastos vinculados al proceso independentista.
Puigdemont, que permanece fuera de España desde octubre de 2017, ha presentado un escrito de alegaciones ante el Supremo, al que ha tenido acceso RTVE, en el que sostiene que "no queda obstáculo alguno" para aplicar la amnistía. El documento responde al plazo de alegaciones abierto por el alto tribunal tras el pronunciamiento del Constitucional sobre la malversación.
En su escrito, el expresidente catalán recuerda que la ley de amnistía "persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional". Además, defiende que "su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin".
Por ello, solicita al juez instructor Pablo Llarena que inicie "sin más demora" los trámites necesarios para aplicar la norma. En concreto, pide que dicte un auto declarando que los hechos investigados quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía y acuerde la conclusión del sumario.
El Tribunal de Cuentas también aplica la amnistía a Puigdemont
La petición al Supremo se produce horas después de que el Tribunal de Cuentas acordara aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y a una treintena de encausados por el presunto desvío de recursos públicos destinados al referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la acción exterior de la Generalitat vinculada al 'procés'.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano fiscalizador considera que no ha quedado acreditado que los gastos investigados se financiaran con fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, circunstancia determinante para resolver sobre la aplicación de la amnistía.
El tribunal considera probado que los encausados asumieron gastos relacionados con la consulta del 1-O y con la denominada "acción exterior" de la Generalitat entre 2011 y 2017, destinada a proyectar internacionalmente el proceso independentista.
Sin embargo, concluye que esos desembolsos quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, al no haberse acreditado una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea.
En consecuencia, declara extinguidas las presuntas responsabilidades contables y ordena levantar las medidas cautelares impuestas durante las actuaciones previas.
Sin perjuicio acreditado a los fondos europeos
El Tribunal de Cuentas fundamenta su decisión en los certificados expedidos por la Intervención General de la Generalitat, que señalan que los gastos investigados no fueron financiados con fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea ni con recursos administrados por esta.
El procedimiento se había iniciado a raíz de las demandas presentadas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que situaban los gastos presuntamente irregulares entre tres y cinco millones de euros. Posteriormente, el Ministerio Público se mostró favorable a aplicar la amnistía tras la aprobación de la ley.
Entre los afectados por la resolución figuran, además de Puigdemont, el expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers de la Generalitat.
La sentencia llega después de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Este último ha avalado su aplicación al delito de malversación atribuido a Puigdemont y otros dirigentes independentistas.
La causa penal sigue pendiente del Supremo
Pese a la resolución del Tribunal de Cuentas, la situación penal de Puigdemont todavía depende de la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia del órgano fiscalizador afecta a las responsabilidades contables derivadas de los gastos del 'procés', pero no supone por sí misma el archivo del procedimiento penal.
De ahí que la defensa del expresidente catalán haya solicitado ahora a Llarena que aplique la amnistía a los hechos investigados y ponga fin a la causa. El Supremo deberá pronunciarse sobre esa petición tras el trámite de alegaciones abierto a raíz de la resolución del Constitucional.