La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, histórica figura del PP, comparece este jueves como testigo en el juicio del “caso Lezo” contra su sucesor en la Presidencia regional, Ignacio González. Se analizan presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con un campo de golf de este ente público.
Este procedimiento judicial estuvo en el origen de la dimisión de Aguirre en 2017 como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid, después de la detención de González, quien había sido su “número dos” durante su etapa al frente del Gobierno madrileño entre 2003 y 2012.
En esta pieza del “caso Lezo” se sientan en el banquillo, además de González, el entonces director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la compañía TCT, adjudicataria de los contratos investigados: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente autonómico.
En la sesión inaugural del juicio, celebrada el pasado martes y dedicada a las cuestiones previas, Ignacio González y el resto de procesados rechazaron las acusaciones que se formulan contra ellos.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para todos los acusados penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios, así como una multa de 550.000 euros.
Adjudicaciones del Canal de Isabel II y beneficio a familiares
Los hechos se sitúan en 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, suscribió un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público varias instalaciones del organismo. Para ello se convocó un concurso destinado a ejecutar la cubierta del tercer depósito del Canal, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
En junio de 2004, la dirección del Canal, encabezada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente regional, “con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”, según Anticorrupción.
“Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería”, conocida como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.
Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su participación mediante personas interpuestas para disimular sus lazos con el entonces dirigente autonómico, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de ese modificado se acordó en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II del 19 de julio de 2006, tras la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel.
De este modo, “la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones”, sostiene la Fiscalía.
Contratos millonarios y subcontrataciones en cadena
El Ministerio Público detalla que el 15 de junio de 2006, antes de la adjudicación formal del modificado, Dragados subcontrató a TCT para determinados trabajos alegando que su propuesta había resultado la más ventajosa.
Según el escrito fiscal, los socios de TCT pactaron de forma reservada con responsables de Dragados “incrementar en un 47% el importe a cobrar”. Ese 15 de junio de 2006 se firmó un contrato por 160.204,79 euros para el hoyo número 4 de prueba del campo de golf.
Posteriormente, el objeto del contrato se amplió mediante cuatro anexos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007, con importes de 2.292.232,82, 298.830,24, 286.270,58 y 30.326,40 euros, respectivamente. El volumen total de trabajos subcontratados por Dragados a TCT ascendió así a 3.067.864,83 euros.
La Fiscalía recuerda que TCT se constituyó en mayo de 2003 con la actividad de trabajos de ingeniería y que no fue hasta 2008 cuando incorporó la realización de proyectos deportivos. “Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado”, apunta el Ministerio Público.
Ante la imposibilidad de ejecutar directamente esos trabajos, los acusados recurrieron a nuevas subcontratas con Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, con las que acordaron una comisión del 8% por su papel de intermediarios.
Facturación, beneficios y reparto bajo seudónimos
De acuerdo con Anticorrupción, Fieldturf emitió tres facturas a TCT por 270.204 euros y Onlygolf cursó once facturas por un total de 2.605.805 euros. Paralelamente, TCT giró trece facturas a Dragados por 3.257.039 euros, “sucesiva y correlativa” a las catorce facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf contra TCT por 2.876.010,16 euros, logrando así un margen de 381.029 euros “por su innecesaria e impuesta intermediación”.
La Fiscalía sostiene que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un contexto previo a la crisis económica, los acusados fueron distribuyéndose parte de esos beneficios “según un plan perfectamente documentado”. El hermano de Ignacio González, identificado con las siglas “PG”, habría percibido 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo.
El cuñado del expresidente, bajo las siglas “JJC”, habría recibido 94.425 euros en once pagos, mientras que a José Antonio Clemente, identificado como “JCM”, le habrían correspondido 71.199 euros. Según Anticorrupción, estos abonos se habrían instrumentado con facturas emitidas por sociedades pantalla.
Concesión deportiva y nuevas ganancias para TCT
En paralelo, en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una UTE integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
Tras esa adjudicación, la UTE creó la sociedad Green Canal Golf, que firmó en 2007 la concesión y, poco después, subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros al mes.
Ese mismo día, TCT, “al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo”, lo subcontrató a su vez con Onlygolf, rebajando el canon mensual a 7.941 euros y asegurándose, únicamente por su papel de intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros, según el Ministerio Fiscal.