La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha respaldado la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de encomendar a la Fiscalía de Criminalidad Informática una investigación sobre la presunta difusión de material de abuso sexual infantil a través de TikTok. Al mismo tiempo, reclama “una reforma del Código Penal que contemple expresamente la responsabilidad civil de las plataformas tecnológicas por los daños que su pasividad” puede ocasionar.
En su nota pública, la asociación de fiscales destaca que la investigación realizada por el medio 'Maldita.es' “ha revelado hechos de extraordinaria gravedad, relacionados con la circulación masiva de contenidos de esta naturaleza y las dificultades para conseguir su retirada efectiva”.
“Consideramos que esta iniciativa constituye una respuesta institucional necesaria y decidida ante una realidad que exige investigar no solo a quienes crean y distribuyen estos contenidos, sino también la eventual responsabilidad de las plataformas que permiten su circulación”, subraya la UPF, que sitúa el foco en el papel de las tecnológicas.
La organización reconoce igualmente “el extraordinario trabajo que vienen desarrollando las fiscalías especializadas en criminalidad informática, los órganos judiciales y las unidades policiales dedicadas a la investigación de estos delitos”, a las que atribuye un papel clave en la persecución de estos hechos.
A juicio de la asociación, “su compromiso y especialización resultan fundamentales para combatir una criminalidad que aprovecha la dimensión global de internet y la extraordinaria velocidad de difusión de los contenidos digitales”.
En esta línea, la UPF insiste en que “la responsabilidad jurídica de las grandes plataformas debe guardar correspondencia con sus obligaciones legales, su capacidad efectiva de intervención y las consecuencias dañosas de sus propias conductas”, de forma que no puedan eludir el control judicial.
La asociación concluye esta parte del comunicado recalcando que la protección de las víctimas “exige que ninguna empresa, por poderosa que sea, quede al margen de la exigencia de responsabilidades cuando concurran los presupuestos establecidos por la ley”.
Una hoja de ruta para investigar a las plataformas
Para los fiscales, la decisión de Peramato “representa precisamente el camino” a seguir: “Investigar con rigor y sin excluir del examen jurídico la conducta de las grandes plataformas tecnológicas. Las plataformas no están al margen de la ley ni carecen de obligaciones legales”.
UPF recuerda que el Reglamento Europeo de Servicios Digitales y la normativa de protección de datos “establecen deberes de diligencia, actuación ante contenidos ilícitos y protección de los derechos de las personas, especialmente relevantes cuando están afectados menores de edad”, por lo que ve necesario reforzar su cumplimiento.
En consecuencia, considera “imprescindible investigar los posibles incumplimientos de estas obligaciones y exigir las responsabilidades correspondientes cuando resulten acreditados”, de modo que las empresas no puedan ampararse en vacíos legales.
No obstante, la asociación entiende que es preciso avanzar “un paso más”. Por ello reclama que “se estudie una reforma del Código Penal que contemple expresamente la responsabilidad civil de las plataformas tecnológicas por los daños que su pasividad negligente contribuya a causar o agravar, sin perjuicio de las responsabilidades que ya pueden exigirse conforme a nuestro ordenamiento”.
En su comunicado, la UPF advierte de que “la difusión reiterada de material de abuso sexual infantil puede prolongar durante años la victimización, intensificar las secuelas psicológicas, afectar gravemente a las relaciones familiares y sociales y generar en las víctimas el temor permanente a que las imágenes vuelvan a aparecer”.
Asimismo, la asociación ve imprescindible “profundizar en el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos más graves, particularmente cuando existan conductas conscientes de favorecimiento de la difusión delictiva” y así “evitar espacios de impunidad”.