Jacobo Teijelo: quién es el abogado de Santos Cerdán cuyas facturas investiga la UCO

Situación procesal actual del ‘caso Leire Díez’ y próximos pasos

La investigación judicial del llamado ‘caso Leire Díez’ se encuentra en una fase avanzada de instrucción, con dos ejes principales: el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a cargo del juez Arturo Zamarriego, y la Audiencia Nacional, donde la causa más amplia por la trama de contratos públicos y maniobras para entorpecer investigaciones la dirige el juez Santiago Pedraz, con intervención también del juez Antonio Piña. No se ha abierto todavía juicio oral en las piezas principales, pero se están practicando diligencias intensas (registros, análisis de pruebas y nuevas citaciones). El momento procesal es especialmente sensible porque se van a reproducir en sala audios clave y se decidirá sobre la validez de pruebas y el alcance de las imputaciones. Los próximos pasos pasan por la resolución de recursos de la defensa, nuevas declaraciones de investigados y testigos y la posible acumulación y unificación de causas.

Ejes judiciales y fase procesal

Según la información recopilada, el núcleo original del caso se tramita en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, donde se investiga a Leire Díez por tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia y presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a la SEPI. Este procedimiento está formalmente en fase de instrucción, con diligencias en curso (práctica de pruebas documentales y personales).

En paralelo, la Audiencia Nacional ha asumido una investigación más amplia relacionada con maniobras para desestabilizar o entorpecer actuaciones policiales y judiciales que afectaban a causas sensibles para el PSOE y su entorno. Esta línea la dirige el juez Santiago Pedraz (Juzgado Central de Instrucción nº 5), y se conecta con otra pieza que venía instruyendo el juez Antonio Piña (Juzgado Central nº 6) sobre la trama en la SEPI y las comisiones ligadas a contratos públicos.

De acuerdo con la información de Demócrata, la instrucción en Madrid está en un punto clave: el juez Zamarriego ha decidido mantener como prueba y reproducir en sala los audios en los que Díez se presentaba como “mano derecha de Santos Cerdán”, pese a que la investigada ha pedido su nulidad. Esta decisión muestra que la causa sigue en plena instrucción, con valoración de la validez de las pruebas obtenidas.

Actuaciones recientes relevantes

En el procedimiento de Madrid, Leire Díez ha solicitado la anulación de los audios que considera lesivos para sus derechos (secreto profesional, intimidad y garantías procesales), cuestionando su autenticidad e integridad. Sin embargo, el juez Zamarriego ha rechazado por ahora esa pretensión y ha acordado que dichos audios se reproduzcan en sala antes de interrogar tanto a Díez como al empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en la causa. Esta reproducción se hará en presencia de todas las partes, incluidas acusaciones y defensas, y está configurada como un hito central de la instrucción.

La causa alcanza a otros investigados, como el periodista Pere Rusiñol, y está siendo seguida estrechamente por la Fiscalía Anticorrupción, que ha descrito un patrón consistente en la creación de una apariencia de representación de “altas instancias del Estado” para obtener información sensible y tratar de condicionar o neutralizar investigaciones relevantes.

En el plano más amplio de la Audiencia Nacional, la UCO de la Guardia Civil ha practicado registros en empresas y sedes relacionadas con la trama, entre ellas dependencias asociadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y se han producido detenciones de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Estas diligencias policiales se encuadran en la pieza dirigida por el juez Antonio Piña en la Audiencia Nacional, con apoyo de Anticorrupción.

Sobre estas actuaciones iniciales de registros y detenciones vinculadas a la SEPI ofrece detalles el propio Demócrata, que subraya que todas ellas se han integrado en la instrucción penal más amplia sobre la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias.

Próximos pasos procesales previsibles

En el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, los pasos inmediatos son:

– La reproducción en sala de los audios controvertidos, ya acordada por el juez Zamarriego, lo que permitirá valorar de forma directa su contenido, contexto y autenticidad.
– La posterior toma de declaración de Leire Díez y Javier Pérez Dolset como investigados en presencia de todas las partes, interrogatorios que se perfilan como decisivos para concretar el relato de hechos y la participación de cada uno.
– Una vez practicadas estas diligencias de prueba, el juzgado deberá resolver de forma motivada sobre la validez o nulidad de los audios y, en función de ello, sobre la continuidad de las imputaciones o un eventual archivo parcial respecto de algunos delitos.

En la Audiencia Nacional, los próximos movimientos esperables son:

– La declaración de los detenidosingreso en prisión provisional o libertad con o sin medidas cautelares.
– La valoración y cribado de la abundante documentación incautada en los registros en SEPI y otras entidades, para separar la información relevante de la irrelevante y concretar la imputación de posibles delitos económicos y de corrupción.
– La eventual acumulación y coordinación de las distintas piezas (Madrid y Audiencia Nacional) cuando se aprecie identidad sustancial de hechos y personas, algo que los jueces instructores ya han empezado a explorar.
– A medio plazo, si la instrucción se considera completa, la Fiscalía podría interesar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; hasta entonces, la causa se mantendrá en instrucción, incorporando nuevas diligencias y resolviendo los recursos de las defensas.

En suma, el ‘caso Leire Díez’ está aún en fase de investigación judicial, pero entrando en un tramo decisivo en el que se consolidará (o no) la prueba principal, se depurará la responsabilidad de cada investigado y se determinará si el caso pasa a juicio o si alguna de las piezas termina siendo archivada total o parcialmente.

Respuesta sintética

Santiago Pedraz es magistrado de la Audiencia Nacional y ejerce como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, además de figurar como decano delegado de los Juzgados Centrales de lo Penal. Sus competencias no son personales, sino las propias del órgano que ocupa, definidas fundamentalmente por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y los acuerdos organizativos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como juez central de instrucción dirige la investigación penal de delitos de especial trascendencia atribuidos a la Audiencia Nacional; como decano delegado, asume funciones gubernativas internas (reparto de asuntos, guardias, incidencias de funcionamiento). La legislación vigente configura además su estatuto de independencia, inamovilidad y sumisión exclusiva a la ley.

Competencias derivadas del cargo en la Audiencia Nacional

Según la información disponible, Pedraz desempeña actualmente la titularidad del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, después de haber pasado también por el Juzgado Central de Instrucción nº 1, y figura como decano delegado de los Juzgados Centrales de lo Penal.[1][3] La Audiencia Nacional es un órgano con competencia en todo el territorio español para materias penales de especial relevancia (terrorismo, grandes tramas de corrupción, criminalidad organizada, etc.), lo que sitúa a sus jueces de instrucción en el centro de causas con fuerte impacto político y social.

Desde el punto de vista material, la legislación orgánica atribuye a los Juzgados Centrales de Instrucción la competencia para la instrucción penal de los procedimientos que luego se enjuician en las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto implica dirigir las investigaciones sobre delitos complejos, delitos económicos de gran escala, corrupción o tramas vinculadas a estructuras de poder público o empresarial, tal y como se refleja en investigaciones como las denominadas mediáticamente “caso Koldo” o “caso Leire Díez”, donde el Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha ordenado registros, requerimientos de documentación y otras diligencias en coordinación con unidades especializadas de la Guardia Civil.[174247.0][174800.0][292248.0]

Marco normativo principal: LOPJ y LECrim

La Ley Orgánica del Poder Judicial regula la organización de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales, su competencia objetiva y territorial y el estatuto profesional de jueces y magistrados.[2] De ella derivan las notas básicas del cargo de Pedraz: independencia, inamovilidad y sumisión exclusiva a la Constitución y al resto del ordenamiento. La LOPJ también establece la figura del juez decano y de los decanos delegados, que ejercen funciones gubernativas en relación con el reparto de asuntos, la organización de servicios de guardia, la corrección de incidencias y el buen uso de los medios materiales en los órganos a su cargo.

En el plano estrictamente procesal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) fija las reglas de la instrucción penal que Pedraz dirige como juez central: incoación de diligencias previas o sumario, adopción de medidas cautelares personales y reales, práctica de registros, entradas y detenciones, citaciones y declaraciones de investigados y testigos, comisiones rogatorias, intervención de comunicaciones, así como la preparación del juicio oral elevando la causa al órgano de enjuiciamiento competente. Toda orden de investigación ha de fundamentarse en indicios razonables y respetar las garantías procesales, de acuerdo con la LECrim y la jurisprudencia constitucional.

Funciones concretas como juez instructor

En síntesis, como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, las funciones de Pedraz se pueden agrupar en varios bloques:

En primer lugar, la dirección de la investigación penal en los procedimientos de competencia de la Audiencia Nacional. Esto supone decidir la apertura de diligencias, el curso de la investigación, la admisión o rechazo de denuncias y querellas y la práctica de las diligencias probatorias necesarias en fase de instrucción. También le corresponde determinar la situación procesal de las personas investigadas (libertad, medidas cautelares, prisión provisional cuando proceda).

En segundo lugar, la adopción y control de medidas invasivas de derechos fundamentales, como registros domiciliarios, incautación de documentación, intervenciones telefónicas o telemáticas y bloqueo de cuentas y activos, siempre bajo los requisitos legales de proporcionalidad y motivación. En investigaciones recientes sobre presuntas tramas de corrupción y redes de influencia se ha reflejado que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 coordina estas diligencias con unidades especializadas como la UCO de la Guardia Civil, ordenando registros masivos y requerimientos de documentación a empresas y administraciones.[174247.0]

En tercer lugar, le incumbe la relación con otras autoridades y órganos judiciales, tramitando comisiones rogatorias internacionales, coordinando investigaciones con otros juzgados y con el Ministerio Fiscal, y resolviendo conflictos de competencia cuando se suscitan en el ámbito de la jurisdicción penal estatal.

Funciones gubernativas como decano delegado

Además de las competencias estrictamente jurisdiccionales, la normativa orgánica y los acuerdos del CGPJ atribuyen al juez decano —y, en su caso, a los decanos delegados— un conjunto de funciones gubernativas internas sobre los órganos de su ámbito.[2] Entre ellas destacan:

Supervisar el reparto de causas entre los distintos juzgados, asegurar el correcto funcionamiento del servicio de guardia, adoptar medidas urgentes en asuntos que aún no han sido repartidos, atender y canalizar quejas sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales y velar por el correcto uso de locales y medios materiales. También interviene en la organización de sustituciones y en la comunicación con la Presidencia de la Audiencia Nacional y con el CGPJ cuando se aprecian incidencias relevantes.

Acuerdos del CGPJ y códigos de conducta

Finalmente, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial completan este marco, fijando criterios de reparto, organización interna, servicios de guardia y buenas prácticas en la actuación de jueces y magistrados.[2] Dichos acuerdos, junto con los códigos de conducta y las directrices de transparencia judicial, inciden en la obligación de actuar con imparcialidad, motivar adecuadamente las resoluciones y extremar las cautelas en causas de elevada sensibilidad política o mediática, contexto en el que se encuadra habitualmente la actividad de instrucción de la Audiencia Nacional.

Respuesta breve

Santos Cerdán León es un político navarro que desarrolló una larga carrera en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pasando del ámbito municipal en Milagro (Navarra) a ocupar cargos de máxima relevancia orgánica y parlamentaria a nivel estatal. Fue secretario de Organización del PSN-PSOE y, posteriormente, secretario de Organización federal del PSOE, además de diputado en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados. Entre 2020 y 2022 presidió la Fundación Pablo Iglesias y se convirtió en uno de los principales negociadores y estrategas de Pedro Sánchez en la política nacional. Su trayectoria se vio abruptamente interrumpida en 2025, cuando dimitió y abandonó el PSOE al quedar implicado en el llamado Caso Koldo, pasando a estar investigado por presunta corrupción.

Origen, formación y primeros pasos

Santos Cerdán nació en Milagro (Navarra) en 1969 (las biografías abiertas precisan el 4 de mayo de 1969), y está vinculado desde el inicio a la política navarra. Según los perfiles consultados, cursó Formación Profesional de segundo grado como técnico en Electrónica Industrial y trabajó previamente en el sector industrial y de mantenimiento antes de profesionalizarse en la política, incluyendo empleos en empresas del sector alimentario y de transformación industrial. Se afilió al PSOE en 1999 y ese mismo año comenzó su carrera política en el ámbito municipal de su localidad.

En Milagro fue concejal en varias legislaturas y llegó a ejercer como teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal socialista, configurando un perfil muy ligado al municipalismo navarro. Esta base local fue el trampolín para su posterior salto a la política autonómica en la Comunidad Foral de Navarra.

Trayectoria en Navarra y salto al ámbito estatal

En el plano autonómico, dio el salto al Parlamento Foral de Navarra en 2014, reforzando su peso dentro del PSN-PSOE. Paralelamente, ocupó la Secretaría de Organización del Partido Socialista de Navarra desde 2012 hasta 2017, ejerciendo un control orgánico importante sobre la federación navarra, según recogen las crónicas políticas y los análisis internos del partido. Esta etapa le situó como una de las figuras clave del socialismo navarro.

A partir de 2017 se trasladó a Madrid para integrarse en la dirección federal del PSOE, inicialmente como responsable en el área de organización bajo la órbita de José Luis Ábalos. En las elecciones generales de abril de 2019 fue elegido diputado por Navarra en el Congreso de los Diputados, renovando el escaño en noviembre de ese mismo año, según confirma su ficha parlamentaria del Congreso de los Diputados (ficha en el Congreso).

Cargos orgánicos en el PSOE y papel político

En el ámbito orgánico, la trayectoria de Cerdán se centra en la organización del partido. Tras su experiencia como secretario de Organización del PSN, pasó a la estructura federal y en 2021 fue nombrado secretario de Organización del PSOE, uno de los puestos de mayor poder interno, encargado de la maquinaria electoral, la coordinación territorial y la disciplina orgánica. Esta responsabilidad le convirtió en uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez y en un operador central en las grandes decisiones estratégicas del partido.

Además, entre 2020 y 2022 ejerció como presidente de la Fundación Pablo Iglesias, entidad histórica del socialismo español, reforzando su posición en el ecosistema ideológico y organizativo del PSOE. Diversas fuentes subrayan que “participó en negociaciones clave para el PSOE”, incluyendo la articulación de mayorías parlamentarias y las conversaciones para las investiduras de Pedro Sánchez, con un rol destacado en los contactos con formaciones como Junts, ERC u otras fuerzas de la mayoría de investidura (perfil en Antena 3, entrada biográfica).

Caso Koldo, dimisión y situación posterior

La biografía disponible coincide en señalar que su carrera política “terminó abruptamente” a raíz de su implicación en el Caso Koldo, una investigación sobre presunta corrupción en adjudicaciones públicas. Según la reconstrucción de los hechos, en 2025 la Guardia Civil y la investigación judicial empezaron a vincularle con una trama de irregularidades en contratos financiados con recursos públicos. Ante la presión política y mediática, Cerdán presentó su dimisión, renunció a su acta de diputado y abandonó el PSOE, rompiendo su histórica militancia socialista.

La base de datos consultada recoge que, tras su implicación en el caso, fue relacionado con una empresa investigada y llegó a ser enviado a prisión provisional por el Tribunal Supremo, acusado de corrupción y riesgo de fuga. En la prensa de referencia, se detalla que posteriormente pasó a estar en libertad bajo fianza y bajo medidas cautelares, mientras sigue defendiendo públicamente su inocencia (información en Demócrata).

Pertenencia partidaria y situación actual

Históricamente, por tanto, Santos Cerdán ha pertenecido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y más en concreto a su federación navarra, el PSN-PSOE. Fue afiliado socialista desde 1999 y uno de sus dirigentes más influyentes entre 2014 y 2025. Sin embargo, tras su dimisión en 2025 y su salida del partido, las fichas consultadas indican que actualmente no consta ningún cargo institucional ni orgánico en activo a su nombre, ni pertenencia vigente a la dirección del PSOE.

En síntesis, su trayectoria profesional y política se caracteriza por un ascenso desde el municipalismo navarro hasta la cúpula organizativa del PSOE nacional, con un papel clave en la gobernabilidad de España en la etapa de Pedro Sánchez, y un final marcado por las investigaciones judiciales del Caso Koldo que lo han apartado de la primera línea política.