Asociaciones de la judicatura y de la Fiscalía han subrayado “la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea” después de la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través del espigón del Tarajal.
En una nota conjunta, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos España manifiestan su “dolor por la pérdida de vidas humanas”, además de trasladar su apoyo a la población de Ceuta y Melilla.
Los colectivos firmantes lamentan que estos “graves acontecimientos” hayan tenido “el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar”. Al mismo tiempo, advierten de que esta situación “exige una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales”.
En su pronunciamiento, recuerdan que el control de las fronteras es “una competencia legitima del Estado y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad”.
“Ahora bien, esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, sin que ninguna finalidad, por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas”, precisan.
Insisten en que “las situaciones de especial presión migratoria no alteran la vigencia de los derechos fundamentales ni rebajan las exigencias propias del Estado de derecho”, y recuerdan que “en los contextos de máxima dificultad es cuando las instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas”.
Por este motivo, alertan de que “estos acontecimientos no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes”.
“Detrás de cada frontera hay seres humanos”
Las asociaciones judiciales y fiscales sostienen que los hechos “ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes”.
Defienden que “la firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles”, ya que “ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de derecho”.
A su entender, solo manteniendo ese equilibrio “será posible ofrecer una respuesta acorde con nuestros valores constitucionales y europeos, y evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social”.
En esta línea, reclaman “que el debate público sobre estos hechos se desarrolle desde el rigor y el respeto institucional, evitando respuestas simplistas o discursos que erosionen la convivencia”.
Y concluyen recordando que “Detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible”.