Marruecos: ¿socio estratégico o socio por necesidad?

La crisis migratoria de Ceuta muestra hasta qué punto España necesita la cooperación de Rabat para controlar su frontera sur. Migración, seguridad, comercio, Sáhara Occidental y Ceuta y Melilla forman una relación de dependencia mutua, aunque Marruecos dispone de mayor capacidad para provocar crisis inmediatas

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El rey Mohamed VI de Marruecos Foto: PETRA/DPA

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La entrada de cientos de miles de personas marroquíes a Ceuta ha vuelto a colocar bajo presión una relación bilateral que, oficialmente, atravesaba uno de sus mejores momentos. Mientras fuentes españolas señalan que la llegada masiva difícilmente habría sido posible sin una relajación de la vigilancia marroquí, el Ministerio del Interior mantiene públicamente que la colaboración entre ambos países continúa siendo «ejemplar». Por ahora, no existe una explicación oficial sobre qué provocó la retirada inicial de los controles ni pruebas públicas que permitan atribuirle una finalidad política concreta. (((Consulte aquí el directo de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta))).

Lo ocurrido, sin embargo, permite observar una realidad más profunda: Marruecos no controla las decisiones españolas, pero sí dispone de instrumentos capaces de elevar rápidamente el coste político, económico o humanitario de un desacuerdo con Madrid.

Los investigadores describen esta relación como una interdependencia asimétrica. España posee una economía mayor, pertenece a la Unión Europea y constituye un socio comercial esencial para Marruecos. Rabat, en cambio, controla recursos menos numerosos, pero especialmente sensibles para la política española: la vigilancia de la frontera, la cooperación antiterrorista y la estabilidad de Ceuta y Melilla.

La frontera: una capacidad de presión inmediata

La primera palanca es la migratoria. España puede reforzar su presencia policial, levantar infraestructuras fronterizas y desplegar medios navales, pero no puede impedir por sí sola que miles de personas se concentren en territorio marroquí junto a Ceuta, Melilla o las costas del Estrecho.

La política europea de externalización fronteriza ha trasladado parte del control migratorio a países de origen y tránsito. Marruecos recibe financiación, equipamiento y cooperación institucional para vigilar las salidas, combatir las redes y aceptar determinadas readmisiones. A cambio, España y la UE dependen de que las autoridades marroquíes mantengan operativos esos controles.

Los expertos señalan que esta cooperación proporciona a Rabat capacidad negociadora: cuanto mayor es la dependencia europea de la vigilancia marroquí, mayor es el coste de una suspensión o relajación de esa colaboración. Algunos centros de análisis político como el CIDOB y el European Council on Foreign Relations han interpretado la crisis de Ceuta de 2021 como un ejemplo de instrumentalización migratoria vinculada a una disputa diplomática.

No significa que todos los movimientos migratorios sean organizados por Marruecos. Las salidas también responden al desempleo, la desigualdad, las expectativas de futuro y la circulación de convocatorias por redes sociales. La palanca aparece cuando la intensidad de la vigilancia depende de la situación de las relaciones políticas.

El Sáhara Occidental: la prioridad de Rabat

La política exterior marroquí gira alrededor del reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y del apoyo a su propuesta de autonomía. Cualquier decisión española relacionada con el territorio es examinada por Rabat como una cuestión estratégica.

La crisis de 2021 comenzó después de que España permitiera la entrada hospitalaria del dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali. Meses después, Pedro Sánchez respaldó la iniciativa marroquí de autonomía como la opción "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto. La declaración bilateral de abril de 2022 convirtió esa posición en la base de una nueva etapa entre ambos países.

La sucesión de ambos acontecimientos alimentó la interpretación de que la presión ejercida durante la crisis contribuyó al giro español, aunque no existe un documento público que demuestre un intercambio explícito entre control migratorio y Sáhara.

El resultado fue, en todo caso, favorable a Rabat: España modificó una posición histórica sobre el principal objetivo diplomático de Marruecos. La nueva política permitió normalizar las relaciones y recuperar la cooperación fronteriza, pero deterioró temporalmente los vínculos con Argelia, principal aliado del Frente Polisario y rival regional marroquí.

Ceuta, Melilla y el control de los accesos

Las ciudades autónomas forman la tercera palanca. Marruecos reivindica ambos territorios, aunque los sucesivos gobiernos españoles rechazan cualquier discusión sobre su soberanía.

Sin necesidad de abrir una negociación territorial, Rabat puede influir sobre la vida económica de las dos ciudades mediante la apertura de fronteras, el régimen de viajeros, la actividad aduanera y la lucha contra el contrabando.

La hoja de ruta de 2022 comprometió a ambos países a normalizar la circulación de personas y mercancías y a implantar controles aduaneros terrestres y marítimos. La declaración bilateral de diciembre de 2025 volvió a destacar la cooperación aduanera y la voluntad de facilitar la movilidad, muestra de que la gestión cotidiana de la frontera depende de acuerdos políticos continuos.

Una decisión administrativa marroquí puede tener consecuencias inmediatas sobre trabajadores fronterizos, comercios, transportes y servicios públicos, especialmente en Ceuta y Melilla. Esa capacidad otorga a Rabat una influencia desproporcionada respecto al tamaño económico de las ciudades.

Seguridad e inteligencia: cooperar es una necesidad

Marruecos es también un socio relevante para España en la lucha contra el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas, la trata de personas y las organizaciones criminales que operan entre el Sahel, el Magreb y Europa.

La última Reunión de Alto Nivel bilateral destacó la desarticulación conjunta de células terroristas y el intercambio de información estratégica y operativa. También acordó reforzar las reuniones entre servicios policiales y la cooperación contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la delincuencia organizada.

Esta cooperación beneficia a los dos países, ya que Marruecos afronta las mismas amenazas regionales. Sin embargo, España sufriría de manera especialmente rápida una interrupción del intercambio de inteligencia, sobre todo en investigaciones con ramificaciones en territorio marroquí.

La influencia no procede necesariamente de operaciones encubiertas. Buena parte se ejerce mediante mecanismos institucionales abiertos: reuniones policiales, contactos entre ministerios, cooperación judicial, encuentros empresariales y comunicación directa entre las cúpulas políticas.

Las acusaciones sobre espionaje, corrupción o redes clandestinas de presión deben tratarse separadamente. Mientras no exista una atribución judicial o una prueba verificable, no pueden presentarse como hechos demostrados ni utilizarse para explicar por sí solas la política española hacia Marruecos.

El comercio: la gran dependencia de Marruecos

La dimensión económica introduce un contrapeso. España es el primer socio comercial de Marruecos y el intercambio bilateral superó los 22.500 millones de euros anuales en 2024. Además, España registró un superávit comercial superior a los 3.000 millones.

Empresas españolas participan en sectores como automoción, textil, energías renovables, transporte, construcción, agroalimentación y componentes industriales. Marruecos, por su parte, se ha convertido en una plataforma de producción próxima al mercado europeo y en una puerta de acceso hacia África.

Pero la dependencia no es equivalente. España tiene mayor capacidad para diversificar mercados que Marruecos para sustituir el acceso a España y a la Unión Europea. El Real Instituto Elcano, centro de análisis de política internacional, advierte de que el coste económico de una ruptura sería superior para Rabat, aunque las consecuencias políticas inmediatas de una crisis fronteriza recaigan con mayor intensidad sobre Madrid.

Es lo que la diplomacia española ha denominado tradicionalmente un «colchón de intereses»: una red de negocios, acuerdos y proyectos compartidos destinada a encarecer cualquier enfrentamiento. Ese entramado ha contenido algunas crisis, pero nunca ha conseguido eliminarlas.

Una relación en la que los tiempos importan

La principal ventaja marroquí no reside en tener más recursos que España, sino en poder producir efectos visibles en muy poco tiempo. Una relajación fronteriza puede generar una emergencia en horas. Una interrupción comercial, diplomática o europea perjudicaría a Marruecos de manera más profunda, pero tardaría semanas o meses en desplegar todas sus consecuencias.

Esa diferencia temporal explica por qué los gobiernos españoles suelen priorizar la recuperación rápida de la cooperación y evitan responsabilizar públicamente a Rabat antes de cerrar una crisis.

España conserva importantes herramientas: su peso económico, su pertenencia a la UE, la cooperación al desarrollo, la política comercial europea y su capacidad diplomática. La Unión también permite convertir un conflicto bilateral en una cuestión comunitaria, reduciendo la exposición española frente a una presión individual.

Marruecos no domina España, pero conoce cuáles son sus puntos más sensibles. La vulnerabilidad surge cuando Madrid deposita en un único socio exterior funciones esenciales —como la vigilancia migratoria— sin mecanismos suficientes para responder cuando la cooperación falla.

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¿En qué estado se encuentra la tramitación parlamentaria de la última hoja de ruta bilateral entre España y Marruecos?

La última “hoja de ruta” entre España y Marruecos no se está tramitando en las Cortes como un tratado internacional ni como una ley, por lo que no tiene un expediente legislativo propio en curso. Funciona como un marco político acordado por los gobiernos (declaración conjunta de abril de 2022, XII RAN de 2023 y declaración bilateral de diciembre de 2025) que el Ejecutivo desarrolla con sus propias competencias. En el Parlamento, lo que sí existe es una actividad intensa de control político sobre esa hoja de ruta y sobre acuerdos sectoriales que se derivan de ella. A 6 de agosto de 2026, puede decirse que no hay “tramitación parlamentaria” de la hoja de ruta en sí, sino un seguimiento político continuado de sus efectos.

Qué se entiende por “última hoja de ruta”

La normalización bilateral arrancó con la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI y la declaración conjunta de abril de 2022, que fijó una nueva etapa y una primera hoja de ruta sobre Sáhara, migraciones, economía y fronteras. Esa base se actualizó con la XII Reunión de Alto Nivel (RAN) de Rabat en febrero de 2023 y, más recientemente, con una declaración bilateral de diciembre de 2025 que, según el análisis de Demócrata, volvió a subrayar la cooperación aduanera y la movilidad de personas y mercancías entre ambos países (Marruecos: ¿socio estratégico o socio por necesidad?).

Se trata, por tanto, de un conjunto de declaraciones políticas y programáticas, no de un único tratado cerrado y remitido a las Cortes. El propio Ministerio de Exteriores ha hablado de “avances producidos en la hoja de ruta aprobada por ambos gobiernos”, citando la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla y otros compromisos en una reunión de José Manuel Albares con Nasser Bourita en Madrid (nota de Exteriores).

Sin expediente de ratificación como tratado

En las bases del Congreso y del Senado no aparece ningún “Proyecto de Ley de aprobación de la Hoja de Ruta España–Marruecos” ni un “Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la nueva etapa del partenariado” que esté siguiendo el cauce de los artículos 93 a 96 de la Constitución. La síntesis institucional incluida en la investigación confirma que:

  • No se ha registrado la hoja de ruta como tratado sometido a autorización previa de las Cortes.
  • No figura como norma en tramitación (no hay ponencia, dictamen de comisión ni debate plenario sobre un texto convencional completo).

El Gobierno, por tanto, trata la hoja de ruta como marco de orientación de su política exterior, mientras remite solo algunos acuerdos sectoriales concretos que la desarrollan, como el canje de notas sobre permisos de conducción, registrado en el Congreso como “Canje de notas por el que se modifica el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducciones nacionales” (expediente 111/000004, BOCG C‑35‑1), cuya remisión al Parlamento fue autorizada por el Consejo de Ministros el 10 de junio de 2024.

Qué se está tramitando realmente: control político

Aunque no haya un expediente de ratificación de la hoja de ruta, sí hay una tramitación intensa de iniciativas de control relacionadas directamente con ella:

  • Proposición no de ley sobre el Sáhara y los compromisos pendientes de la XII RAN España–Marruecos (GPP, 162/000250), aprobada por el Pleno del Congreso. El texto insta, entre otros puntos, a reabrir la aduana comercial de Melilla y abrir una nueva en Ceuta y a garantizar que los compromisos sobre espacio aéreo del Sáhara y delimitación marítima se cumplan salvaguardando la soberanía española. La nota oficial del Congreso detalla el contenido aprobado (nota del Congreso) y el texto figura publicado en el Boletín (BOCG D‑170).
  • PNL sobre el cumplimiento de la Declaración Conjunta de la RAN 2023 en materia de aduanas y pasos fronterizos (GPP, 162/000235), centrada en Ceuta y Melilla, en estado de “pendiente” desde su publicación en el Boletín (BOCG D‑142).
  • PNL de Vox exigiendo que Marruecos reconozca explícitamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y otros territorios (161/000343), que cita expresamente la Declaración Conjunta de abril de 2022 como “nueva hoja de ruta” y cuyo texto fue finalmente rechazado (BOCG D‑114).
  • PNL sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental (161/001950), también del Grupo Popular, aprobada en 2025, que recuerda que la declaración de 7 de abril de 2022 prevé un grupo de trabajo hispano–marroquí sobre esta materia (BOCG D‑345).
  • Preguntas y escritos de control, como la pregunta 181/000059 sobre el “grado de ejecución real de todas las cuestiones que se incorporan en la ‘hoja de ruta’ fijada y anunciada, pero no conocida públicamente, de la última RAN España–Marruecos” (BOCG D‑104) o la batería de cuestiones 184/005398 registrada por Sumar sobre la hoja de ruta de 2022 y la declaración de la RAN 2023 (BOCG D‑128).
  • En el Senado, se han formulado preguntas sobre “la repercusión del cambio de posición comprometido por el Gobierno con Marruecos” en relación con el Sáhara y la cooperación al desarrollo, recogidas en una nota de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo (nota del Senado).

Además, medios como el periódico Demócrata han documentado cómo estas decisiones bilaterales se han debatido en comparecencias plenarias y en comisiones, con críticas tanto de la oposición como de socios del Gobierno al alineamiento con la posición marroquí sobre el Sáhara y a la gestión de las últimas crisis migratorias (socios y oposición reprochan la política sobre el Sáhara, Marruecos, el socio que no llamó).

Situación a día de hoy

En síntesis, la “última hoja de ruta” se encuentra plenamente operativa en el plano político y diplomático, pero no como texto en tramitación parlamentaria. Lo que está en curso en las Cortes es:

  • La tramitación de acuerdos concretos que la desarrollan (como el canje de notas sobre permisos de conducción, 111/000004).
  • Un flujo constante de iniciativas de control (PNL, preguntas, comparecencias) que intentan condicionar o corregir la aplicación de esa hoja de ruta.

Desde la perspectiva estrictamente procedimental, por tanto, hoy no hay un “expediente de hoja de ruta España–Marruecos” en las Cortes, sino un mosaico de decisiones gubernamentales y respuestas parlamentarias de control y de posición política.

¿Cuáles son las principales competencias del Ministerio del Interior español en la gestión de fronteras?

El Ministerio del Interior es el responsable central de la gestión operativa de las fronteras españolas: controla la entrada y salida de personas, dirige la lucha contra la inmigración irregular, gestiona parte esencial del asilo en frontera y coordina a Policía Nacional y Guardia Civil en puertos, aeropuertos, costas y pasos terrestres. Estas funciones se apoyan en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Extranjería y en la Ley de Asilo, además de en la normativa de estructura del propio Ministerio. A través de sus órganos especializados (Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Guardia Civil, Oficina de Asilo y Refugio y la Autoridad de Coordinación del Estrecho) Interior actúa también como interlocutor operativo con la UE y con agencias como Frontex.

Marco legal básico y papel general

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye al Estado, y por tanto al Ministerio del Interior a través de Policía Nacional y Guardia Civil, la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, así como el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros y el régimen general de extranjería, emigración e inmigración. Desde esta norma se configura a Interior como autoridad de seguridad en la frontera exterior y en los puntos de acceso al espacio Schengen.

En cuanto a la política migratoria, la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería establece que corresponde al Gobierno la definición y planificación de la política de inmigración, que debe basarse, entre otros, en la coordinación con las políticas de la Unión Europea y en la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráfico y trata. Esta política la ejecuta Interior mediante el control de entrada, la gestión de devoluciones y expulsiones y la actuación contra las redes.

Control de fronteras y lucha contra la inmigración irregular

La estructura interna de la Policía Nacional en materia de fronteras se desarrolla en la Orden INT/859/2023, modificada por la Orden INT/985/2023. Esta orden refuerza la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y crea una Brigada de Investigación de Redes dentro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, así como una Brigada de Acción Exterior para proyectos internacionales y una Brigada de Coordinación para la Agencia Frontex en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. También se enumeran como parte de la organización territorial los puestos fronterizos, unidades de extranjería y de documentación.

En el ámbito marítimo y de puntos críticos, el Consejo de Ministros creó una Autoridad de Coordinación de las actuaciones frente a la inmigración irregular en el Estrecho, mar de Alborán y aguas adyacentes, regulada por el Acuerdo publicado por la Orden PCI/842/2018 y reforzada por la Orden PCI/44/2019 y la Orden PCI/121/2019. Esta autoridad, dependiente de Interior, coordina in situ a Guardia Civil, Salvamento y otros actores para la gestión de llegadas por mar.

Interior también gestiona el régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mediante el Real Decreto 162/2014, que regula su funcionamiento y régimen interior, pieza clave en la ejecución de expulsiones y retornos.

Asilo en frontera y protección internacional

El derecho de asilo y la protección subsidiaria se regulan en la Ley 12/2009. Esta norma sitúa al Ministro del Interior como autoridad competente para admitir, inadmitir o resolver solicitudes de asilo, incluida la tramitación en puestos fronterizos y CIE. La ley garantiza que, una vez solicitada la protección, la persona no puede ser devuelta, expulsada ni extraditada mientras se resuelve, salvo supuestos muy tasados, y reconoce el derecho a entrevistarse con abogado en puestos fronterizos y CIE.

La gestión diaria se canaliza a través de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de Interior, que trabaja en coordinación con ACNUR. Esta cooperación se ha reforzado mediante varios acuerdos administrativos publicados en el BOE, como los de 2023, 2024 y 2025 (acuerdo con ACNUR 2023, acuerdo 2024 y acuerdo 2025).

Cooperación internacional, Frontex y gestión fronteriza integrada

En la dimensión externa, Interior es el socio español clave de Frontex, a través de la Brigada de Coordinación específica mencionada en la Orden INT/859/2023, que gestiona la participación de España en operaciones conjuntas y proyectos europeos de vigilancia de fronteras.

Además, el Ministerio ha firmado sucesivos acuerdos con la Organización Internacional para las Migraciones para proyectos de gestión fronteriza integrada y retorno voluntario, como los publicados en 2021, 2022, 2023 y 2025 (acuerdo 2021, acuerdo 2022, acuerdo 2023, acuerdo 2025 y su primera adenda 2025), que refuerzan su papel en retornos, readmisiones y control coordinado de fronteras exteriores.

En conjunto, las competencias del Ministerio del Interior en fronteras combinan funciones de seguridad (vigilancia y control), migratorias (entrada, estancia irregular, devoluciones y retornos) y de protección internacional (asilo y refugio en frontera), ejercidas bajo la coordinación con el marco de la UE y mediante una densa red de cooperación internacional.

¿Cómo se reparten en la práctica las funciones de control fronterizo entre la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Qué garantías específicas ofrece la Ley 12/2009 a quienes solicitan asilo en un puesto fronterizo español? ¿Qué papel juega la Autoridad de Coordinación del Estrecho en las crisis migratorias en el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar?

¿Cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones generales en Marruecos y qué partidos tienen mayor representación parlamentaria?

Las últimas elecciones legislativas generales de Marruecos abrieron un “nuevo ciclo político” marcado por la derrota del partido islamista Justicia y Desarrollo (PJD), que había gobernado la última década, y por el retorno de los partidos tradicionales al centro del sistema. Sin embargo, en las fuentes disponibles no aparece el reparto detallado de escaños ni se especifica con precisión qué partido ocupa hoy la primera posición numérica en la Cámara de Representantes. A partir de los análisis consultados, solo puede afirmarse con seguridad que el PJD ha perdido su papel dominante y que el Parlamento está de nuevo controlado por formaciones tradicionales próximas al Palacio, en un contexto de mayor cierre autoritario.

Lo que sí se sabe de las últimas legislativas marroquíes

Un análisis de la Fundación Alternativas sobre la política interna marroquí explica que el país “se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo político” impulsado por dos factores: “la derrota del PJD, que ha gobernado en Marruecos durante la última década, y la vuelta de los partidos tradicionales”, y una “tendencia involucionista en cuanto a derechos y libertades fundamentales” en clave de mayor autoritarismo del régimen, según el documento citado en este análisis. Esa derrota del PJD es el dato político central que dejan las últimas legislativas.

En otro texto de la misma fundación, centrado en la evolución social y política del país, se recuerda que el PJD había llegado a ser la primera fuerza parlamentaria en las legislativas anteriores —con 125 escaños frente a 102 del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM)— y que su acceso al Gobierno se produjo en un contexto de fuerte polarización social y de “profunda brecha social e ideológica”, tal y como recoge este segundo informe. Esa referencia sirve sobre todo como contraste: las últimas elecciones revierten precisamente aquel ciclo de hegemonía islamista en las urnas.

La combinación de ambas piezas permite trazar un cuadro general:

  • PJD: pasa de ser el partido ganador en la legislatura anterior a sufrir una derrota clara, perdiendo el liderazgo institucional.
  • “Partidos tradicionales”: recuperan el control del Parlamento y del Gobierno bajo una centralidad reforzada de la Corona. Los textos no detallan qué formaciones concretas ni con cuántos escaños.
  • Estabilidad del régimen: los analistas subrayan que, tras las protestas de 2011, el sistema ha logrado estabilizar un “pacto social” que reduce las opciones de cambio político de fondo, a costa de un recrudecimiento de la represión selectiva.

En resumen, las últimas legislativas se caracterizan más por este giro estructural —fin del ciclo islamista y restauración de los partidos de la órbita palaciega— que por unos datos de reparto de escaños que, en las fuentes consultadas, sencillamente no aparecen.

Limitaciones sobre los datos de resultados y representación

En la documentación accesible no se recogen ni los porcentajes de voto ni el número de escaños por partido en la Cámara de Representantes marroquí. Tampoco se ofrece una tabla actualizada de composición del Parlamento que permita afirmar, con respaldo documental, qué siglas ocupan hoy el primer, segundo o tercer lugar en número de diputados. Por las reglas del ejercicio, no es posible completar esos datos con información externa o memoria propia: solo pueden utilizarse cifras y nombres que estén expresamente en las fuentes.

Las referencias numéricas disponibles en el material consultado se refieren a otros procesos electorales (como elecciones en Irak o en la Unión Europea) y aparecen en medios como Demócrata y el BOE, por ejemplo en la cobertura de las legislativas en Irak, en la información sobre participación anticipada en ese mismo país en esta pieza, o en el acuerdo de la Junta Electoral Central que publica los resultados de las europeas en el BOE. También se incluye información sobre encuestas y dinámica parlamentaria española, como la estimación de escaños del PP, PSOE, Vox y Sumar en una encuesta de generales recogida por Demócrata en este artículo, o los cambios de acta en el Congreso de los Diputados descritos en esta pieza. Pero ninguna de esas cifras se refiere a Marruecos.

En consecuencia, con el material disponible solo se puede responder de forma cualitativa: las últimas elecciones legislativas marroquíes supusieron la salida del PJD de la posición central de poder y la vuelta de partidos tradicionales alineados con la monarquía a la primera línea parlamentaria y gubernamental. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el resultado numérico exacto ni sobre qué partidos concretos son hoy los de mayor representación en el Parlamento marroquí.

Conviene añadir, además, que este asistente está especializado en el contexto político y normativo español (Congreso, Senado, gobiernos autonómicos, etc.), y que la información sobre terceros países se apoya en lo que recogen análisis y noticias como los mencionados. En el caso de Marruecos, esos análisis permiten entender las grandes tendencias políticas, pero no reconstruir con precisión estadística el resultado de las últimas elecciones legislativas.

¿En qué fecha exacta se celebraron esas últimas elecciones legislativas en Marruecos y qué participación hubo? ¿Qué impacto tuvo la derrota del PJD en la formación del Gobierno y en las relaciones de Marruecos con España? ¿Cómo se compara el sistema electoral marroquí con el español en cuanto a circunscripciones, barreras y reparto de escaños?

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