La Delegación del Gobierno en Aragón ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la decisión del Ejecutivo autonómico de rechazar la tramitación de cualquier petición para declarar zonas de mercado de vivienda tensionado en la comunidad, incluso cuando un ayuntamiento considere que sufre un problema de acceso a la vivienda y reclame que se analice su caso, y le instan a “recapacitar”.
Así lo ha expuesto el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una comparecencia este lunes, en la que ha defendido la necesidad de una política de vivienda, tanto en Aragón como en el conjunto del país, “que active todas las posibles herramientas que permitan el real ejercicio de derecho a la vivienda”, rechazando el “sesgo y orientación particular” en las políticas públicas porque, a su entender, ello implica “una pérdida de oportunidades”.
En relación con el recurso, registrado el pasado viernes 18 de septiembre, Fernando Beltrán ha señalado que “sostenemos que dejar sin efecto en Aragón la herramienta prevista en la ley de vivienda tiene unos efectos económicos importantes sobre la subvención a la construcción de vivienda pública en los diferentes ayuntamientos, es un mazazo para mantener políticas de vivienda operativas en nuestra comunidad autónoma”.
En su opinión, “negar directamente a los municipios que lo soliciten la posibilidad de estudiar si realmente esa declaración de zona tensionada tiene sentido ya nos parece una aberración, tanto jurídica como política”. Ha reprochado que el Gobierno de Aragón “cercena directamente” la opción de analizar situaciones concretas en el territorio.
De entrada, ha apuntado Beltrán, “este acuerdo que ha publicado el Gobierno de Aragón ha omitido toda referencia a la tramitación que ha realizado y no recoge si ha habido trámite de audiencia, información pública, ni qué criterios o qué pasos administrativos ha dado para tomar en consideración los derechos y los intereses de los afectados”.
Ha defendido que “una norma de este calado” exige un procedimiento abierto para recabar la opinión de los alcaldes de los municipios que “sufren las consecuencias de las zonas tensionadas”, ya que son quienes afrontan los problemas específicos en sus mercados inmobiliarios y quienes ahora quedan sin la vía efectiva para promover estos expedientes.
Por todo ello, ha sintetizado el delegado, “ya podemos decir que un acto administrativo que se ha dictado al margen de todo procedimiento, que es lo que parece ser, incurre de entrada en un vicio de nulidad de pleno derecho”. No obstante, ha precisado que corresponderá a la sala de lo contencioso administrativo pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Según ha añadido, la resolución del Gobierno aragonés sobre las zonas tensionadas carece de “una motivación sólida, hay falta de objetividad y adecuación al derecho, lo cual supondría también un vicio de anulabilidad del acto”, insistiendo en el “sesgo ideológico” que, a su juicio, sustenta esta decisión.
INFORMES CIENTÍFICOS
El recurso se centra en la fórmula elegida por el Ejecutivo autonómico para mantener bloqueadas las eventuales solicitudes: el acuerdo fija que no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que desmientan los supuestos efectos negativos atribuidos a las zonas tensionadas. Sin embargo, no precisa qué debe entenderse por informe científico, quién tendría que elaborarlo, con qué metodología, qué variables analizar ni en qué momento se consideraría cumplida esa exigencia.
El efecto práctico, de acuerdo con la impugnación, es que no se fija ningún horizonte temporal claro para levantar la prohibición, al supeditarla a una condición cuya forma y plazo nadie conoce, generando una situación de incertidumbre que, según el recurso, resulta incompatible con la seguridad jurídica.
“No resulta congruente fundamentar la decisión en unos supuestos efectos que ha habido en Cataluña y, desde luego, mal estudiados, porque se basan en algún artículo o publicación de personas vinculadas a un centro de investigación y alguna universidad, pero evidentemente la información vertida es rebatible”, ha señalado Beltrán.
En esta línea, ha advertido de que uno de los autores del informe en el que se apoya el Gobierno aragonés y que está vinculado a la Universitat Rovira i Virgili “tiene unos ejes principales de pensamiento sobre la vivienda que no son neutrales, hace una defensa cerradísima de la propiedad privada, es decir, una política absolutamente neoliberal próxima a lo que podemos tener, por ejemplo, en Estados Unidos y todo el acceso en propiedad no se considera para nada, ni ve claro el modelo ni de lo público ni del alquiler”.
Ha afirmado además que “hay evidencias ya consistentes de que la renta media contratada descendió en el entorno a un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados como zona tensionada y un 6,4% en Barcelona” y “esto ya es información objetiva del registro de fianzas”, ha remarcado.
“El Gobierno de Aragón ejecuta una autolimitación indebida e incomprensible. No sabemos por qué”, se ha preguntado Beltrán, para añadir que “si en un momento determinado hubiera una recapacitación por su parte y se pudiera tirar de la ley de vivienda para poder declarar determinadas zonas tensionadas veríamos cómo evoluciona el precio de la vivienda”.
Ha recordado igualmente que el PP en Galicia sí está aplicando la figura de las zonas tensionadas y que “los indicadores están funcionando en la buena dirección”, aunque ha reconocido que todavía es pronto para disponer de una evaluación completa de esa política.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, no contempla una declaración automática de zonas tensionadas, sino que obliga a analizar la realidad de cada ámbito territorial y a motivar la decisión con datos verificables.
Entre los parámetros que permiten justificar la declaración se incluyen que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, sumado a gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o renta haya aumentado en los cinco años previos al menos tres puntos por encima del IPC autonómico. La declaración abre la puerta a medidas como topes de renta en nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para los propietarios.
POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN
Para el delegado del Gobierno en Aragón, “se ha desatendido el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho a todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Ha cuestionado la apuesta casi exclusiva del Ejecutivo aragonés por la construcción de nuevas viviendas: “Es un elemento necesario, pero no el único”. En este sentido, Beltrán ha censurado que el Gobierno autonómico “fijarse en el modelo de José María Aznar --expresidente del Gobierno de España (PP)-- con la ley del suelo, donde todo fue construcción, construcción, construcción y construcción y desencadenó en un problema nacional relacionado con los costes de la vivienda y las especulaciones”.
El delegado ha acusado al Ejecutivo aragonés de carecer de “una estrategia ambiciosa de alquiler asequible” y ha reprochado que “no actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía, no plantea una ampliación suficientemente ambiciosa del parque público de alquiler y, además, permite que las viviendas protegidas pierdan esa calificación con el paso del tiempo”.
“Invitamos a que permitan, por la vía legal, habilitar otro conjunto de instrumentos y herramientas que permitirían, por ejemplo, acogerse a la financiación del Gobierno de España para las comunidades autónomas para nueva vivienda pública construida”, ha planteado.
Por último, ha recalcado que el recurso no pretende que se declare de forma inmediata ninguna zona tensionada en Aragón, sino que combate que el Gobierno autonómico haya optado por impedir que cualquier solicitud pueda siquiera ser tramitada, al margen de cómo evolucione el precio de la vivienda o de la realidad específica de cada municipio.