Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha ingresado en la Audiencia Nacional, donde está siendo investigada en el ‘caso Koldo’, casi 44.000 euros que percibió de las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin acudir a su puesto, cantidad que deposita como eventual responsabilidad civil dentro del procedimiento penal.
En una providencia dictada este martes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ismael Moreno deja constancia de que Rodríguez ha realizado un “ingreso de la consignación efectuada, por importe de 39.950,54 euros, como responsabilidad civil derivada de los hechos que se le atribuyen, junto con los 4.000 ingresados el pasado 14 de octubre”.
El instructor traslada esta actuación a la Fiscalía Anticorrupción para que “informe si procede” en este momento procesal “tener por consignada dicha cantidad”, es decir, si debe considerarse formalmente depositada a efectos de cubrir una posible responsabilidad civil futura.
Tragsatec e Ineco ya comunicaron el año pasado al juez que abonaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, etapa en la que estuvo contratada por ambas sociedades públicas y en la que, según admitió ella misma cuando declaró meses antes ante el Tribunal Supremo como testigo, no llegó a desempeñar tarea alguna.
La Audiencia Nacional acordó este año imputarla, pese a que la defensa de la mujer sostenía que los hechos objeto de investigación ya habían sido enjuiciados en el procedimiento del ‘caso mascarillas’, causa en la que el Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y en la que también se analizó su contratación, compareciendo entonces en calidad de testigo.
Para el juez, en la resolución del Alto Tribunal “no se resolvió una responsabilidad penal” respecto de Rodríguez y, por tanto, no se produjo “cosa juzgada” sobre su situación. Tras citarla a declarar ya como investigada, Rodríguez optó por acogerse a su derecho a no declarar.
La Fiscalía Anticorrupción interesó su imputación al considerar que “no sólo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir un salario mensual”.