El Ministerio del Interior ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional que instruye la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio que no dispuso de advertencias que anticiparan el auténtico "riesgo" de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos y que "no era previsible" un episodio de esa magnitud.
Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska contesta así al requerimiento de la magistrada María Tardón para que remitiera todas las alertas, informes, comunicaciones, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa sobre el riesgo de una entrada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
Interior sostiene que la información recibida antes de los días 30 y 31 de julio "exponía circunstancias que eran conocidas" de forma "previa o paralelamente" por el propio Ministerio y que ya estaban siendo "gestionadas en el territorio por las fuerzas de seguridad con sus capacidades y los refuerzos incorporados en función de la evolución del contexto migratorio".
"En los días precedentes a la entrada masiva irregular de personas migrantes en Ceuta no se recibieron en el Ministerio del Interior alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa que anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud del evento acontecido", subraya el escrito remitido al juzgado.
A renglón seguido, el Ministerio apunta que lo ocurrido "modificó significativamente el contexto existente, configuró un nuevo escenario, caracterizado por una urgencia humanitaria y de seguridad que no era previsible a partir de la información disponible en el período inmediatamente anterior".
Ese episodio supuso además, añade, un "punto de inflexión" en las condiciones en las que debían tomarse las decisiones, de modo que "las actuaciones anteriores y posteriores respondieron a lógicas, ritmos y procesos sustancialmente diferentes".
Interior detalla que la Guardia Civil elaboró el 8 de julio una nota de despacho, firmada por su directora, Mercedes González, sobre las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo. En ese documento se resumía que el fallo impedía el rechazo en frontera de quienes lograran acceder por vía marítima al territorio nacional, obligaba a la tramitación individualizada de los expedientes de expulsión, implicaba un incremento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, especialmente a nado, y limitaba la capacidad de respuesta inmediata "ante este tipo de acceso irregular".
"A raíz del nuevo marco jurisprudencial establecido por esta sentencia, el Ministerio del Interior puso en marcha un proceso de adaptación de su modelo operativo de control fronterizo", explica el departamento, que indica que este ajuste se articuló mediante el análisis de soluciones técnicas de contención marítima compatibles con el nuevo marco jurídico y con otros criterios técnicos, operativos y humanitarios, así como mediante la adecuación de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad a la evolución del contexto migratorio.
Además, expone que "se dio continuidad a la mejora de los sistemas tecnológicos de detección temprana, avanzando en la tramitación y ejecución de los procedimientos que habían sido iniciados con anterioridad".
Se esperaba más presión migratoria, pero no un episodio masivo
Tras la sentencia del Supremo, según detalla Interior, comenzaron a detectar un "incremento progresivo" de los intentos de acceso irregular por mar, concentrándose los días 28 y 29 de julio una entrada multitudinaria de 713 personas y la interceptación de 850 migrantes por parte de las autoridades marroquíes.
"El análisis de los efectos de la sentencia y de la evolución de las entradas registradas durante el mes de julio permitían anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria, e incluso episodios de impacto, pero abordables, como los acaecidos los días 28 y 29 de julio, que en ningún caso se tradujeron en indicadores que permitieran anticipar la ruptura súbita del escenario operativo conocido", sostiene el Ministerio.
En esta línea, recuerda que agosto es "tradicionalmente" el mes del verano en el que Ceuta "ha experimentado un incremento de la presión migratoria a nado en los últimos años" y que los datos acumulados de julio hasta ese momento --3.883 entradas y tentativas-- no apuntaban a un contexto distinto al de otros veranos, según afirma en su escrito.
"El escenario previsible podía ser afrontado con las capacidades de las fuerzas de seguridad y con la incorporación progresiva de los refuerzos que resultaran necesarios en atención a su evolución", argumenta Interior.
El Ministerio reivindica que reforzó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y que mantuvo un "contacto permanente" con la Delegación del Gobierno, con el Ejecutivo de Ceuta y con el resto de departamentos ministeriales implicados.
"La crisis migratoria de los días 30 y 31 no constituyó una mera intensificación de las entradas multitudinarias de los días 28 y 29 de julio, sino un cambio cualitativo de escenario", valora el departamento en su respuesta a la jueza.
Al mismo tiempo, señala que la información que alertaba de posibles nuevos episodios obligó a revisar los riesgos que podían materializarse en adelante y que, "a partir de ese momento, la posibilidad de nuevos acontecimientos de carácter desbordante dejó de constituir una hipótesis abstracta y pasó a ser un riesgo acreditado por la experiencia inmediata".
Ese nuevo marco "determinó el carácter urgente de la instalación de elementos de contención fronteriza en las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla, la solicitud de financiación de la Unión Europea y un nuevo refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad", enfatiza Interior.
Por último, el Ministerio indica que las medidas puestas en marcha con carácter urgente o en fase de ejecución "por su especial complejidad técnica, económica y legal" tras la entrada masiva "están sujetas a una evaluación y adecuación permanentes, en función de la evolución del fenómeno y de la información disponible".