La magistrada titular del Juzgado de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha emitido en la tarde de este miércoles una providencia por la que se veta el acceso a cualquier persona ajena al entorno del accidente ferroviario ocurrido en Urda. La restricción se extiende a un radio de 2 kilómetros alrededor de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Según detalla el comunicado del Tribunal Superior de Justicia difundido por Europa Press, solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de rescate y sanitarios y el personal judicial disponen de autorización judicial para permanecer en el lugar del siniestro.
En la misma resolución, la jueza prohíbe expresamente retirar cualquier objeto del escenario del accidente, así como la captación y difusión de imágenes de la zona afectada, con el objetivo de evitar la alteración de posibles indicios.
El comunicado subraya que estas medidas se adoptan para facilitar el esclarecimiento de lo sucedido y garantizar la conservación de todas las evidencias, pruebas e indicios relacionados con el siniestro ferroviario.
Entre las decisiones adoptadas por la instructora durante la tarde figura también la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes implicados, que quedarán bajo responsabilidad de la Policía Judicial de Toledo para su posterior estudio técnico.
Asimismo, la jueza ha remitido oficio a la Policía Judicial para que se persone en el centro de control de Atocha, con el encargo de recabar información sobre la circulación de trenes en el tramo afectado en las horas del accidente, así como el informe de la comisión de investigación de ADIF relativo a las personas responsables del control de mando en el momento del siniestro.
En otro oficio dirigido a la Policía Judicial de Toledo, se ordena solicitar a ADIF todos los datos sobre los protocolos de actuación aplicados en los minutos previos, durante y después del accidente ferroviario, con el fin de incorporarlos a la causa.
Finalmente, la magistrada ha dictado un Auto por el que se acuerda el secreto de sumario sobre las diligencias abiertas, de modo que las actuaciones quedarán reservadas mientras prosiga la investigación judicial.