El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado al Tribunal Supremo que le aplique, “sin más demora”, la ley de amnistía, defendiendo que su caso encaja en el “fin” de la medida de gracia, la “normalización” de Cataluña.
En un escrito de alegaciones presentado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, Puigdemont insta al alto tribunal a “iniciar los trámites legalmente previstos” para hacer efectiva la amnistía sobre el delito de malversación por el que continúa procesado, una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado su perdón.
En el mismo documento, solicita que se dicte una resolución que declare concluido el sumario que se mantiene abierto contra él, ya que no llegó a ser enjuiciado tras abandonar España después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Asimismo, pide que el Supremo acuerde el levantamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión, que fueron dejadas sin efecto de forma provisional por el magistrado instructor, Pablo Llarena, tras conocerse la decisión del Constitucional a comienzos de este mes, “así como de cualesquiera otras medidas cautelares, personales o reales acordadas”.
A juicio de Puigdemont, el Supremo debe actuar “con el carácter preferente y urgente que el contendido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía”.
En su escrito, el dirigente independentista recuerda que “la ley persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional; su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin”.
Puigdemont ha registrado estas alegaciones dentro del plazo de cinco días habilitado por el Supremo para que las partes se pronunciasen tras recibir la sentencia del tribunal de garantías que le ordena amnistiar el delito de malversación.
El movimiento del expresidente coincide con la decisión del Tribunal de Cuentas de aplicarle la amnistía en la causa contable que mantenía abierta contra él y una treintena de encausados por los gastos del 'procés', al no haberse acreditado que dichos desembolsos procedieran de fondos públicos del presupuesto de la Unión Europea.
La acusación por malversación continúa todavía vigente para los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que tampoco fueron juzgados al haberse marchado de España, y para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.