Alertas por lluvias en España hoy: estas son las zonas en aviso rojo, naranja y amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es el servicio meteorológico nacional y autoridad meteorológica del Estado; su papel central en España es predecir, vigilar y avisar de los fenómenos meteorológicos adversos, pero no es quien declara las alertas de protección civil. Estas corresponderán a Protección Civil y, en su ámbito, a las comunidades autónomas.

Base legal y posición institucional de AEMET

La posición de AEMET se apoya principalmente en:

• El artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el servicio meteorológico. Diversos convenios con comunidades autónomas recuerdan que el Estado, a través de AEMET, ostenta esta competencia y presta servicios de ámbito general en todo el territorio.
• El Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, que aprueba el Estatuto de AEMET y la define como organismo estatal encargado del desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos, «contribuyendo a la seguridad de personas y bienes y al bienestar y desarrollo sostenibles de la sociedad española».
• Ese Estatuto concreta, entre otras, las funciones de:
  • Mantener una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y climáticas.
  • Establecer y gestionar las redes de observación y sistemas necesarios.
  • Dirigir, desarrollar y coordinar las actividades meteorológicas dentro del ámbito estatal.
  • Prestar a las administraciones y entidades públicas y privadas asesoramiento y servicios meteorológicos y climatológicos de valor añadido.
• La Norma Básica de Protección Civil (aprobada por Real Decreto 524/2023) y la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, aprobada por el Consejo de Ministros en 2026, que reconocen la información de AEMET como base para los sistemas de alerta temprana.

Avisos meteorológicos: qué hace exactamente AEMET

AEMET es responsable de la predicción y vigilancia de los fenómenos meteorológicos adversos (FMA) y de la emisión de avisos que describen el riesgo previsto:

• Lo articula a través del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Plan Meteoalerta), que fija los criterios y umbrales para avisos por lluvias intensas, tormentas, viento, nieve, temperaturas extremas, fenómenos costeros, olas de calor y frío, nieblas, polvo en suspensión, etc.
• Los avisos se clasifican en niveles amarillo, naranja y rojo, según la intensidad prevista del fenómeno, su probabilidad, duración y el impacto esperado en cada zona. La agencia adapta los umbrales a las características climáticas locales y a la vulnerabilidad de la población (por ejemplo, distintos umbrales de temperatura o de nieve según la zona).
• Estos avisos tienen carácter preventivo y técnico: informan del riesgo meteorológico para que ciudadanos, administraciones y servicios de emergencia puedan prepararse con antelación, pero no implican por sí mismos la declaración de emergencia ni ordenan evacuaciones.

Alertas de protección civil: quién las activa y cómo se coordina AEMET

Es clave distinguir entre avisos meteorológicos y alertas de protección civil:

• Los avisos meteorológicos los emite AEMET (y, en su ámbito, los servicios meteorológicos autonómicos) como información técnico–científica sobre el riesgo previsto.
• Las alertas de emergencia (por ejemplo, mensajes ES-Alert al móvil, órdenes de evacuación, confinamientos, suspensión de actividades) las activan las autoridades de Protección Civil competentes:
  • Normalmente, los órganos de protección civil de las comunidades autónomas en emergencias de ámbito autonómico o local.
  • Órganos dependientes del Ministerio del Interior en emergencias de ámbito estatal.

Artículos de Demócrata y comparecencias públicas reproducidas en la prensa subrayan que un aviso es un elemento «técnico y científico», mientras que una alerta es «administrativa y operativa»: implica valorar exposición, vulnerabilidad, población afectada y activar recursos y medidas. En la práctica:

• AEMET proporciona la información meteorológica de referencia (por ejemplo, un aviso rojo por lluvias torrenciales o temperaturas extremas).
• Las comunidades autónomas y Protección Civil usan esos avisos para activar planes especiales (inundaciones, nevadas, olas de calor, etc.), declarar fases de preemergencia o emergencia, enviar alertas ES-Alert y ordenar evacuaciones o restricciones de movilidad.
• En grandes emergencias puede constituirse un Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), donde se integran servicios de emergencia, administraciones y organismos estatales. En este marco, AEMET actúa como proveedor de información técnica en tiempo real.

Relación con comunidades autónomas y otros servicios meteorológicos

Aunque el servicio meteorológico nacional es competencia estatal, AEMET mantiene una colaboración estrecha con las comunidades autónomas y otros organismos:

• Convenios como el firmado con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears prevén intercambio de datos de redes de observación, elaboración conjunta de estudios climatológicos y cooperación específica en episodios de fenómenos meteorológicos adversos orientados a protección civil.
• Acuerdos con organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear o el Instituto Geográfico Nacional regulan la provisión de datos y avisos específicos (por ejemplo, en entornos de centrales nucleares o para sistemas de alerta temprana multirriesgo).
• Los servicios meteorológicos autonómicos (por ejemplo, en Euskadi o Cataluña) pueden emitir predicciones y avisos en su ámbito, pero la información de AEMET sigue siendo la referencia estatal para los planes nacionales de protección civil y para la coordinación entre administraciones.

En suma, AEMET no “activa” las alertas de emergencia, pero es el eslabón clave que alimenta con información científica y avisos graduados todo el sistema de protección civil. Sin sus datos y predicciones, las decisiones operativas de las autoridades sobre cuándo y cómo alertar a la población serían mucho menos eficaces.

En España no hay una única fórmula literal de “declaración de emergencia por lluvias torrenciales” igual en todas las comunidades autónomas, pero sí un marco común bastante homogéneo. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992) y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Acuerdo del Consejo de Ministros de 29.7.2011), cada comunidad debe aprobar sus propios planes (territoriales y especiales) y fijar en ellos los requisitos para activar fases de alerta o emergencia por inundaciones o lluvias intensas.

1. Marco jurídico básico

• Competencia compartida: la Ley 17/2015 sitúa la protección civil en el Sistema Nacional de Protección Civil y reconoce el papel de las comunidades autónomas y de la Administración Local, bajo la coordinación general del Estado.
• La Norma Básica de Protección Civil impone que el riesgo de inundaciones sea objeto de planes especiales de protección civil elaborados por el Estado y por las comunidades autónomas.
• El Plan Estatal ante el riesgo de inundaciones establece que se apoya operativamente en los planes especiales de las comunidades y, en su defecto, en sus planes territoriales, y define la coordinación cuando la emergencia afecta al interés nacional.
• El Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, vincula la planificación de protección civil con la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundación y con los planes de gestión del riesgo.

2. Normativa y planes autonómicos

Cada comunidad desarrolla esta base estatal con su propia normativa de protección civil y sus planes:

• Por ejemplo, la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana y su Plan Territorial de Emergencia (Decreto 119/2013) fijan el marco competencial y procedimental para la gestión de emergencias.
• En Andalucía, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía se aprueba por decreto autonómico, que define el contenido y efectos de la declaración de emergencia de interés general de la comunidad.
• Además, existen planes específicos de inundaciones o planes territoriales sobre el riesgo de inundación (como el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana), que concretan criterios técnicos y zonificación de riesgos.

Estos instrumentos son los que detallan, en cada territorio, quién declara la emergencia, en qué fases y con qué umbrales.

3. Quién es competente para declarar la emergencia

• Normalmente, la autoridad competente autonómica en protección civil (gobierno autonómico, consejero competente en interior/protección civil, dirección general de emergencias) es quien activa el plan territorial o el plan especial de inundaciones en la fase correspondiente (preemergencia, emergencia, etc.).
• Los planes prevén la participación de la red 112 autonómica y de los centros de coordinación de emergencias, que elevan informes y propuestas de activación.
• Cuando la situación trasciende la capacidad autonómica o se considera que afecta al interés nacional, el Ministro del Interior puede declarar la emergencia de interés nacional, asumiendo la dirección estatal según el Plan Estatal.

4. En qué se basa jurídicamente la declaración

Los requisitos materiales suelen combinar elementos técnicos y valoraciones de protección civil:

• Información hidrometeorológica: el Plan Estatal prevé sistemas de alerta meteorológica apoyados en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en los sistemas hidrológicos de confederaciones hidrográficas. Se establecen umbrales y procedimientos de aviso para precipitaciones de elevada intensidad u otros fenómenos que puedan dar lugar a inundaciones.
• Fases y situaciones: para inundaciones, el Plan Estatal diferencia una fase de preemergencia (riesgo significativo pero aún sin daños) y una fase de emergencia, con situaciones graduadas (0 a 3), desde riesgo inminente atendible con medios locales hasta emergencias en las que está en juego el interés nacional.
• Los planes autonómicos se adaptan a esta estructura: fijan niveles de alerta y emergencia vinculados a:
  • Predicciones y avisos de AEMET.
  • Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.
  • Daños reales o previsibles a personas, bienes o servicios esenciales.

5. Coordinación con el Estado y con los municipios

• La Ley 17/2015 configura el Sistema Nacional de Protección Civil, dentro del cual se integra la planificación autonómica; prevé órganos de cooperación como el Consejo Nacional de Protección Civil y herramientas como la Red Nacional de Información sobre Protección Civil y el Mapa Nacional de Riesgos.
• El Plan Estatal exige que la información y los avisos se compartan con las comunidades autónomas, las delegaciones del Gobierno y los planes locales, y establece mecanismos de apoyo estatal cuando los recursos autonómicos son insuficientes.
• A su vez, la Ley 17/2015 contempla que, una vez producidos los daños, el Estado pueda declarar “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, lo que habilita medidas laborales, de Seguridad Social y ayudas económicas específicas, complementarias a la declaración autonómica de emergencia.

En síntesis, para que una comunidad autónoma declare la emergencia por lluvias torrenciales debe: contar con la cobertura de su ley autonómica de protección civil y sus planes territoriales y especiales; disponer de datos objetivos (avisos de AEMET y seguimiento hidrometeorológico) que indiquen un riesgo grave para personas y bienes; y adoptar formalmente la activación de la fase o situación de emergencia por el órgano autonómico competente, coordinándose con el Estado y con los municipios afectados.

En los últimos años, las comunidades autónomas han ido convergiendo en un patrón bastante homogéneo de respuesta ante lluvias extremas, gotas frías y DANAs. Las medidas se articulan en tres grandes fases: prevención, gestión inmediata de la emergencia y recuperación/reconstrucción, con ejemplos muy claros en Andalucía, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Baleares, Madrid, Canarias, Castilla‑La Mancha o Galicia.

1. Prevención y preparación previa

• Planes especiales de inundaciones y de fenómenos adversos: todas las CCAA de tu lista disponen de planes específicos que se activan por fases:
  • Andalucía: Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), que se activa en preemergencia o emergencia según la intensidad prevista, tal y como recogen varias notas de la Junta (por ejemplo, activación en preemergencia el 4/03/2025 y elevación a emergencia en distintos episodios).
  • Illes Balears: Plan INUNBAL (inundaciones) y METEOBAL (fenómenos meteorológicos adversos); se activan índices de gravedad (IG‑0, IG‑1) ante previsión de lluvias intensas (notas de 3/09/2024 y 11/11/2024).
  • Madrid: Plan INUNCAM 2025, que clasifica zonas inundables, recursos y fases de riesgo, y sirve de base para los consejos a municipios y ciudadanía.
  • Castilla‑La Mancha: PRICAM (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones), que obliga a determinados municipios a contar con planes locales de actuación ante este riesgo.
  • Canarias: actualización en 2026 del Plan Especial de Inundaciones (PEINCA) mediante el Decreto 133/2026, para revisar la evaluación de riesgos.
• Medidas preventivas municipales: por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha remitido instrucciones a sus 179 ayuntamientos para revisar colectores, limpiar imbornales y sumideros, señalizar zonas inundables y prohibir estacionamiento y acampadas en cauces secos, además de localizar población vulnerable y planificar evacuaciones (nota de 8/09/2025).
• Formación y sensibilización: Navarra, por ejemplo, ha aprobado instrucciones para implantar planes de formación ante emergencias de protección civil en centros educativos no universitarios (Resolución 579/2026).

2. Gestión inmediata de la emergencia

• Activación de fases de emergencia y coordinación operativa:
  • Andalucía ha elevado en varios episodios el PERI a fase de emergencia, situación 1 o 2, lo que implica movilizar medios extraordinarios y, en algunos casos, prever la actuación de la UME. Las notas de 12/11/2024, 8/03/2025 y 17/03/2025 detallan cortes de carreteras, líneas férreas y despliegues específicos.
  • En Baleares, la Dirección General de Emergencias ha decretado IG‑1 de METEOBAL e INUNBAL en situación operativa 0 o 1, reuniendo comités técnicos con bomberos, cuerpos de seguridad, servicios de carreteras, recursos hídricos, etc.
  • En la Comunitat Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene “Emergencia situación 0” o superiores, convoca reuniones diarias y emite instrucciones sobre movilidad y uso de infraestructuras (nota de 5/03/2025).
• Suspensión de clases y actividades:
  • València y otros municipios valencianos han suspendido la actividad docente en centros situados en zonas inundables y pedanías afectadas por la DANA de 2024, tanto en episodios de 2025 como de 2026, siguiendo avisos naranjas o rojos de AEMET (acuerdos municipales y notas autonómicas).
  • La Junta de Andalucía ha llegado a suspender todas las clases presenciales en colegios e institutos de la comunidad (salvo Almería) ante lluvias “sin precedentes”, pasando a docencia telemática y cerrando también centros de día de mayores y personas con discapacidad (nota de 3/02/2026).
  • Murcia ha cerrado temporalmente colegios y centros de día en varios municipios ante episodios de lluvias intensas (recogido en la prensa y notas oficiales).
  • Galicia ha combinado avisos rojos por lluvia con el uso del sistema ES‑Alert y la suspensión de clases y transporte escolar en zonas de riesgo, por ejemplo en el interior de Pontevedra.
• Desalojos preventivos y restricciones de movilidad:
  • En Málaga, Andalucía ha ordenado desalojos preventivos en márgenes del Guadalhorce y otras zonas ribereñas, así como cortes de carreteras y suspensión de líneas de autobús y ferrocarril en episodios de riesgo extremo.
  • En la Comunitat Valenciana y Murcia se han cerrado accesos a barrancos, túneles y pasos subterráneos, y se ha recomendado limitar la movilidad en áreas especialmente vulnerables a la DANA (notas del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Generalitat).
  • Baleares ha cerrado refugios de montaña y zonas de acampada gestionadas por el IBANAT, así como campos de boyas en puertos, ante previsión de lluvias torrenciales y temporal marítimo.
• Alertas a la población: varias comunidades (Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid) utilizan mensajes ES‑Alert, redes sociales oficiales y campañas específicas para difundir recomendaciones (no acercarse a cauces, evitar sótanos, no cruzar balsas de agua, etc.).

3. Recuperación, ayudas y reconstrucción

• Decretos‑ley autonómicos de ayudas y medidas extraordinarias:
  • Andalucía ha aprobado varios decretos‑ley para responder a borrascas y DANAs: por ejemplo, el Decreto‑ley 1/2026 establece medidas fiscales y obras de interés general para reparar cauces, infraestructuras hidráulicas, caminos y redes de riego dañadas por inundaciones, así como bonificaciones en cánones y tarifas de agua y deducciones fiscales ligadas a daños en vivienda y alquiler de sustitución; otros textos (4/2025, 8/2024, etc.) agilizan anticipos a entidades locales y refuerzan la capacidad de respuesta financiera.
  • La Comunitat Valenciana ha encadenado un paquete muy amplio: decretos‑ley de medidas fiscales para personas afectadas, de organización y movilidad del personal público, de refuerzo sanitario y educativo, de apoyo al empleo y al tejido empresarial, así como normas urbanísticas (Decreto‑ley 20/2024) que flexibilizan planeamiento, usos provisionales del suelo y reconstrucción en municipios afectados por la DANA.
  • Galicia, a través de la Consellería do Mar, ha aprobado en 2026 una orden de ayudas para proyectos que compensen las pérdidas por mortalidad de moluscos tras episodios de lluvias, centrada en el sector marisquero.
  • Madrid ha aprobado bases reguladoras de ayudas a municipios en materia de protección civil (Orden 2823/2026), que pueden financiar actuaciones de prevención y respuesta frente a inundaciones.
• Ayudas sectoriales específicas:
  • La Junta de Andalucía ha desplegado órdenes de ayudas directas a explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras gravemente afectadas por las borrascas e inundaciones de 2025‑2026, así como planes de emergencia para reparación de caminos rurales e infraestructuras de riego y de dominio público hidráulico.
  • Otras comunidades han articulado líneas de subvenciones para paliar daños en infraestructuras locales, comercios, agricultura o acuicultura, a menudo cofinanciadas o coordinadas con el Estado tras la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”.
• Revisión normativa y planificación a medio plazo: además de reparar daños, varias CCAA están utilizando estos episodios para:
  • Actualizar planes de protección civil (como el PEINCA en Canarias o los planes autonómicos de inundaciones).
  • Integrar la gestión del riesgo de inundación en reglamentos sectoriales (por ejemplo, el futuro Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias).
  • Impulsar instrumentos urbanísticos especiales de reconstrucción y adaptación al riesgo, como en la Comunitat Valenciana.

En síntesis, las comunidades autónomas combinan hoy respuestas muy inmediatas (activación de planes, cierres, desalojos, alertas masivas) con paquetes jurídicos y financieros cada vez más sofisticados, que buscan no solo reparar daños tras las lluvias extremas, sino reforzar infraestructuras y adaptar el territorio a un riesgo de inundaciones que ya se percibe como estructural.