Almudena 2026 en Madrid: el SER no funcionará y habrá cortes de tráfico en el centro

Para organizar una procesión religiosa por las calles de Madrid capital, debe tramitarse la autorización municipal del acto en vía pública y concretarse las condiciones de ocupación, tráfico y seguridad. Las autorizaciones adicionales dependen del recorrido y de las instalaciones previstas. El permiso religioso o eclesiástico no sustituye estos trámites municipales.

1. Solicitud de autorización del acto

La solicitud se dirige al distrito correspondiente, mediante el formulario municipal de autorización de actos en vía pública. Si el recorrido atraviesa varios distritos, deben identificarse todos y presentarse un itinerario conjunto que permita coordinar la actuación municipal.

La Oficina de Actos en Vía Pública coordina la tramitación y emite un informe previo, preceptivo y vinculante; también se recaban los informes sectoriales necesarios. Las personas jurídicas y demás sujetos obligados deben presentar la solicitud electrónicamente. Para quienes puedan utilizarla, existe presentación presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro. Véanse el trámite municipal y sus instrucciones de presentación.

2. Documentación que debe prepararse

Conviene aportar una memoria suficientemente detallada, ajustada al formulario y al anexo municipal de documentación. Debe recoger:

• Identificación de la entidad organizadora, su representante y la acreditación de representación.
• Finalidad religiosa, fecha, horario, duración y asistencia estimada.
• Itinerario completo y plano, con puntos de concentración, salida, llegada y disolución.
• Descripción de pasos, andas, vehículos, bandas y elementos temporales.
• Cortes de tráfico, reservas de estacionamiento, señalización y servicios municipales solicitados.
• Medidas de seguridad, emergencias, limpieza y atención sanitaria que correspondan.

Si se utilizan espacios privados, deben incorporarse los consentimientos de sus titulares cuando proceda.

3. Tráfico y movilidad

Los cortes de tráfico asociados a actos religiosos los autoriza el distrito, previo informe del área competente en movilidad. Deben solicitarse expresamente las restricciones necesarias; el Ayuntamiento puede establecer desvíos, horarios, condiciones de acceso y modificaciones del recorrido.

Existe una particularidad importante: la Resolución de 6 de abril de 2022 establece que las procesiones religiosas no requieren presentar y aprobar un Plan de Movilidad ni un Análisis de Movilidad. Esta excepción no elimina la autorización de los cortes ni las condiciones municipales de seguridad y circulación.

4. Seguridad y autoprotección

La organización debe prever control de aglomeraciones, accesos para emergencias y medidas proporcionadas a la asistencia. Las necesidades de Policía Municipal y SAMUR-Protección Civil deben detallarse para su valoración y coordinación.

El anexo municipal contempla la exigencia de Plan de Autoprotección en los supuestos normativos aplicables, entre ellos actos al aire libre con una ocupación igual o superior a 20.000 personas. No debe darse por obligatorio para cualquier procesión: depende de sus características y de las condiciones exigibles.

5. Permisos adicionales y costes

• Zonas verdes: si se ocupan parques o jardines municipales, debe tramitarse la autorización específica, indicando superficie, finalidad, fechas, horarios y plano.
• Instalaciones temporales: tribunas, carpas, escenarios, generadores u otros elementos pueden requerir autorización de ocupación del dominio público y, según el caso, licencia urbanística y documentación técnica.
• Tasas y garantías: pueden resultar aplicables tasas, precios públicos o fianzas por ocupación, servicios o posibles daños; no deben presumirse importes ni exenciones.

En la práctica, presente el expediente con antelación suficiente y cierre con el distrito el recorrido, los elementos instalados y los servicios necesarios. No confunda la presentación de la solicitud con la obtención de la autorización.

El Ayuntamiento de Madrid puede ordenar, restringir y vigilar el tráfico en las vías urbanas municipales durante festividades religiosas, incluidas las procesiones. Esto comprende cortar calles, establecer desvíos y limitar el estacionamiento para proteger a participantes y demás usuarios. Su intervención debe regular la movilidad y la seguridad, no valorar el contenido religioso del acto.

Base jurídica y alcance

El artículo 25.2.g) de la Ley de Bases del Régimen Local atribuye al municipio competencias propias sobre tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, además del transporte colectivo urbano. La legislación estatal de tráfico y la Ordenanza de Movilidad Sostenible desarrollan estas facultades.

La competencia municipal se refiere fundamentalmente a sus vías urbanas. No permite sustituir a las administraciones titulares de carreteras estatales o autonómicas, ni asumir sus decisiones sobre transporte o seguridad pública.

Qué medidas puede adoptar

• Circulación: cerrar total o parcialmente calles, establecer itinerarios alternativos y restringir temporalmente determinados vehículos, incluidos los pesados.
• Estacionamiento: prohibir temporalmente la parada o el aparcamiento, reservar espacios y retirar vehículos cuando concurran los requisitos legales y de señalización correspondientes.
• Protección peatonal: peatonalizar zonas, instalar filtros de acceso, ordenar recorridos en un solo sentido y cerrar temporalmente espacios ante aglomeraciones.
• Transporte y emergencias: adaptar recorridos de EMT, organizar alternativas y preservar los accesos de ambulancias, bomberos y otros servicios.
• Ejecución y vigilancia: desplegar Policía Municipal y agentes de movilidad, señalizar restricciones e informar a residentes y visitantes.

Estas facultades permiten combinar medidas previstas con otras adoptadas sobre el terreno si cambia la afluencia. Por ejemplo, para Semana Santa de 2026 el Ayuntamiento anunció siete áreas peatonales temporales, 22 calles cortadas y 75 vías afectadas, con 230 agentes de movilidad extraordinarios. También previó cortes adicionales por Policía Municipal para evitar aglomeraciones, según su dispositivo municipal.

Libertad religiosa y límites

La celebración religiosa no excluye la regulación del tráfico. Pero las restricciones deben responder a razones objetivas de seguridad, movilidad o protección de terceros y ser necesarias, proporcionadas y temporales. Deben aplicarse con neutralidad, sin discriminar entre confesiones ni utilizar la gestión del tráfico como una autorización o censura del culto.

La interpretación municipal publicada en el BOCM de abril de 2022 precisa que las procesiones religiosas no están sometidas, con carácter general, a presentar y obtener aprobación de un Plan de Movilidad del Evento o un Análisis de Movilidad. Esa excepción documental no las exime de los cortes, desvíos o medidas policiales necesarios.

Coordinación con otras administraciones

La Delegación del Gobierno conserva las competencias estatales sobre seguridad ciudadana, orden público y, cuando corresponda, reunión y manifestación. El Ayuntamiento debe coordinar itinerarios, horarios y dispositivos con ella, sin perder su competencia sobre circulación urbana.

La Comunidad de Madrid interviene respecto de Metro, transporte interurbano, carreteras autonómicas y servicios regionales de emergencias. Los cambios en esos servicios requieren coordinación con sus responsables: el Ayuntamiento no puede decidirlos unilateralmente. La gestión municipal también se coordina con la DGT en los accesos a la ciudad.

En definitiva, el Consistorio puede limitar intensamente la circulación durante una festividad religiosa, pero debe justificar la medida, señalizarla y ajustarla al tiempo y espacio necesarios. La competencia es sobre los efectos del acto en la vía pública, no sobre la creencia religiosa.

Una modificación de los itinerarios de autobuses urbanos en Madrid debe aprobarse por el órgano competente, estar justificada y respetar las reglas del servicio, la accesibilidad y las garantías procedimentales. Para Madrid capital, la clave es que no basta con considerar la competencia municipal: también debe respetarse el régimen del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). No todo cambio de recorrido exige información pública ni aprobación del Pleno.

1. Competencia y coordinación con el Consorcio

El artículo 4 de la Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, atribuye con carácter general a los municipios la ordenación y gestión del transporte urbano. Sin embargo, para los ayuntamientos adheridos al Consorcio, su disposición adicional segunda remite al régimen especial de la Ley 5/1985.

Esta última establece que las empresas municipales mantienen autonomía de gestión, pero quedan sujetas a los planes, programas de coordinación y directrices del Consorcio. Por tanto, una decisión operativa del prestador no puede contradecir ese marco.

Además, el artículo 10.1.e) incluye expresamente la creación, modificación y supresión de líneas y servicios entre las cuestiones sobre las que el Comité Técnico debe informar preceptivamente. Este informe es distinto de una consulta vecinal y no la sustituye cuando esta resulte legalmente exigible.

2. Expediente y justificación de la medida

La modificación debe documentarse mediante un expediente proporcionado a su alcance. La resolución debe identificar la competencia ejercida y explicar las razones de interés público, especialmente cuando se eliminan paradas o se reduce la cobertura. Para sustentarla, deberían incorporarse:

• La descripción y los planos del recorrido anterior y del propuesto, con las paradas afectadas.
• La justificación técnica: demanda, obras, seguridad, tiempos de viaje o reorganización de conexiones.
• La valoración de alternativas y de los efectos sobre barrios, usuarios y personas con movilidad reducida.
• Los informes jurídicos, económicos y presupuestarios que procedan, así como la comprobación de compatibilidad con la planificación y el instrumento de gestión del servicio.

No debe confundirse esta documentación recomendable para fundamentar la decisión con una lista de informes universalmente obligatorios para cualquier desvío temporal.

3. Audiencia e información pública

Cambiar unas calles o paradas no obliga por sí solo a tramitar una ordenanza. Un ajuste operativo compatible con el marco vigente puede aprobarse mediante el correspondiente acto de gestión, respetando las competencias y los informes sectoriales aplicables.

La audiencia de los interesados procede en los términos de la Ley 39/2015. Si el cambio requiere modificar una ordenanza o reglamento municipal, debe seguirse el artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia, resolución de reclamaciones, aprobación definitiva y publicación íntegra. La importancia del cambio no convierte automáticamente la decisión en una disposición general.

4. Accesibilidad, seguridad y otros servicios

El nuevo trazado debe respetar la accesibilidad, la igualdad, la seguridad vial y la continuidad del servicio. Suprimir una conexión esencial exige una justificación específica y valorar alternativas razonables.

Si la actuación supone establecer tráficos coincidentes con servicios interurbanos previamente autorizados, la Ley 20/1998 exige justificar la insuficiencia del servicio existente y obtener la conformidad previa del ente concedente. Puede requerirse un plan de coordinación, oyendo a la empresa interurbana afectada.

5. Aplicación y comunicación

Antes de aplicar el cambio deben quedar claros el recorrido, las paradas, la fecha de eficacia, su duración y las alternativas. Si afecta a un contrato o concesión, deben respetarse sus límites y el procedimiento de modificación correspondiente. En definitiva, lo decisivo no es cuántas calles cambien, sino qué competencias, condiciones del servicio e intereses resultan afectados.