El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, subrayó este martes la necesidad de reforzar los incentivos para la promoción de vivienda libre y, al mismo tiempo, acelerar las promociones públicas en el archipiélago. El objetivo del Ejecutivo es cerrar 2026 con más de 7.000 viviendas finalizadas y poder acercarse a las 10.000 al año siguiente.
Rodríguez lanzó este mensaje durante el encuentro informativo de Europa Press “Canarias hacia el futuro”, celebrado en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. En este foro abordó uno de los desafíos más acuciantes para las islas: el acceso a la vivienda, un problema de “magnitud importante”, que no es “exclusivo de ningún territorio” y que en Canarias presenta sus propias “singularidades”.
El consejero recordó que “la vivienda, históricamente, ha tenido problemas de acceso, en un principio a las familias más vulnerables y a los jóvenes que buscaban emanciparse, pero hoy afecta al conjunto de la población en gran medida”. En ese contexto, evocó las 35.000 viviendas anuales que se llegaron a levantar en Canarias justo antes del estallido de la crisis financiera de 2008.
“Tras la crisis, --ha continuado-- la producción se redujo a 1.000 viviendas al año. Y a medida que el stock de vivienda disponible iba reduciéndose, y la población iba aumentando, la oferta y la demanda se descompensaba”. Según expuso, la comunidad autónoma ha ido recuperando ritmo en la construcción de vivienda pública hasta alcanzar actualmente las 4.000 unidades anuales, dado que “2.000 ya se construyen y otras 2.000 están en planificación”.
Junto a la promoción pública, Rodríguez defendió la necesidad de estimular la edificación de vivienda de iniciativa privada, pensando especialmente en “todas aquellas familias trabajadoras que no pueden optar a una vivienda pública o protegida y que mantienen dificultades para acceder a una vivienda, precisamente por que “no hay””.
En esta línea, se refirió a las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional, entre ellas el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado por el Ejecutivo canario. A su juicio, estas actuaciones ya estarían provocando “un cambio de tendencia” en el sector residencial en las islas: “En 2024, la producción de vivienda supera las 4.000 viviendas; en 2025, las 5.000, y en 2026 se superarán las 7.000”.
Obstáculos burocráticos y falta de seguridad jurídica
Además de incrementar la construcción, Rodríguez incidió en la urgencia de sacar al mercado viviendas que hoy permanecen vacías o fuera del alquiler, muchas de ellas, dijo, frenadas por la “inseguridad jurídica” derivada de la normativa estatal para los propietarios. “Hay muchísimas viviendas que estaban en el mercado del alquiler hace poco y se retiraron precisamente por esa inseguridad jurídica, que viene de la ley de arrendamientos urbanos, lo que ha perjudicado aún más a la falta de de viviendas”, señaló.
El consejero insistió en que el gran “hito” que se marca el Gobierno de Canarias es llegar a las 10.000 viviendas terminadas cada año en el archipiélago, principalmente procedentes de la iniciativa privada, con el fin de “equilibrar” la oferta con la demanda actual. “Si este año lo cerramos superando las 7.000 viviendas al año, yo aspiro a que el próximo año superemos las 10.000 viviendas al año”, afirmó.
Turismo, empleo y vivienda en las zonas más tensionadas
Al analizar la situación del principal motor económico de Canarias, el turismo, Rodríguez identificó uno de los grandes cuellos de botella del sector: la dificultad de encontrar personal por la carestía y escasez de vivienda cercana a los centros de trabajo. Por ello, defendió la conveniencia de incentivar al sector turístico para que, aprovechando los procesos de renovación y construcción de nuevos establecimientos, incorpore también promociones residenciales.
“Tenemos que buscar fórmulas, que seguro que las hay, para incentivar a que el sector turístico también construya viviendas. En el sur de las islas, donde están la mayoría de los hoteles, es donde el metro cuadrado y la vivienda está mucho más cara. Esta situación hace que todos los trabajadores de los hoteles no puedan vivir cerca, ni cerca ni a 30 minutos de los hoteles”, expuso.
Convenio de carreteras y Estrategia Verde
En relación con la Estrategia Verde de la Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, orientada a avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente en el archipiélago, Rodríguez abordó la relevancia de prorrogar y ampliar los recursos del Convenio de Carreteras Canarias-Estado, actualmente dotado con más de 1.400 millones de euros.
“No hay ninguna comunidad autónoma en todo el Estado que invierta tanto en carreteras como nosotros. Y eso está sustentado en que no tenemos carreteras de interés estatal, por lo que el Ministerio no invierte ni un duro en las carreteras en las islas”, explicó.
El responsable autonómico reiteró la necesidad de extender la vigencia del tercer Convenio de Carreteras, firmado con el Estado en 2018, para añadir 1.000 millones de euros adicionales y alcanzar así los 2.400 millones de euros, destinados a culminar las actuaciones estratégicas previstas en las principales vías del archipiélago.
Como ejemplo del impacto de estas inversiones, citó la obra “más grande” recientemente adjudicada en Fuerteventura, con un presupuesto de 215 millones de euros. Se trata de una nueva autovía que enlazará con el primer túnel de la isla, entre Pozo Negro, en la zona sur, y el aeropuerto.