Von der Leyen estudia una sacudida interna en la Comisión para reorganizar todas sus direcciones generales

La posible reforma administrativa de la Comisión Europea no está todavía en una fase parlamentaria. A 27 de octubre de 2026, se encuentra en preparación dentro de la propia Comisión: Ursula von der Leyen ha recibido las recomendaciones de un grupo de expertos y prevé concretar el diseño antes de terminar el año. Ese horizonte corresponde a la definición de la reforma, no a su aprobación por el Parlamento Europeo.

Qué se está preparando

La iniciativa busca reorganizar el funcionamiento del Ejecutivo comunitario, no aprobar por ahora una única ley europea. Según la información de Demócrata, el informe cuestiona la compartimentación de las actuales 42 direcciones generales y propone cambios en la coordinación, los recursos humanos y el uso de tecnología.

Sus principales recomendaciones son:

• Equipos interdepartamentales: reunir a funcionarios de distintas direcciones generales para desarrollar prioridades concretas, con responsables, recursos y objetivos definidos.
• Mayor coordinación: reforzar la Secretaría General como vínculo estratégico entre la dirección política y la administración.
• Inteligencia artificial: crear un responsable para toda la Comisión, acompañado de responsables departamentales, y estudiar asistentes para el personal.
• Recursos humanos: facilitar la movilidad, revisar la selección de directivos, abrir determinados puestos a candidatos externos y crear un mecanismo central de reasignación de efectivos.
• Agencias descentralizadas: evaluar las 35 existentes y estudiar ajustes de competencias, fusiones o supresiones, junto con una moratoria a la creación de nuevas agencias.

Son recomendaciones sometidas a consideración, no medidas ya aprobadas. Tampoco deben confundirse con los paquetes legislativos de simplificación normativa: estos modifican obligaciones legales, mientras que esta iniciativa se centra en cómo trabaja la Comisión.

Cuáles son los próximos pasos

1. Concretar el proyecto. La Comisión debe integrar las recomendaciones de los expertos y las aportaciones de su personal. El compromiso anunciado es definir los detalles antes de finalizar 2026.
2. Decidir las medidas internas. Una vez delimitado el proyecto, corresponderá a la Comisión adoptar las decisiones organizativas que entren en sus atribuciones. No toda reorganización necesita una votación del Parlamento y del Consejo.
3. Separar lo organizativo de lo legislativo. Habrá que determinar qué cambios pueden ejecutarse internamente y cuáles requieren modificar normas, dotaciones presupuestarias o instrumentos jurídicos existentes. Resulta especialmente relevante para posibles cambios en agencias o en el régimen del personal.
4. Presentar propuestas normativas cuando proceda. Solo entonces comenzaría la tramitación de los textos que necesiten intervención legislativa. La Comisión explica este recorrido en su página sobre el seguimiento de la legislación.

Qué papel tendría el Parlamento Europeo

Si alguna medida se somete al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán aprobar el mismo texto. La Eurocámara lo examinaría en la comisión parlamentaria competente y posteriormente fijaría su posición en el Pleno; el Consejo establecería la suya y ambas instituciones negociarían las diferencias.

Como explica el Parlamento sobre sus poderes legislativos, el acuerdo puede alcanzarse en primera lectura. Si no ocurre, pueden seguir una segunda lectura y, eventualmente, conciliación. Tras la adopción, las normas correspondientes se publicarían en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarían en vigor conforme a sus disposiciones.

En conclusión: el siguiente hito es la presentación del diseño definitivo por la Comisión, no una votación parlamentaria ya programada. No consta un calendario de aprobación legislativa; este dependerá de qué medidas requieran legislación y del procedimiento aplicable a cada una.

Según los Tratados de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea es la principal responsable de la orientación política y del funcionamiento del órgano ejecutivo de la UE. Sus competencias se recogen sobre todo en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en las disposiciones organizativas del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). A continuación se detallan sus principales atribuciones y funciones.

1. Elección y posición institucional

La presidenta de la Comisión es propuesta por el Consejo Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y es elegida por el propio Parlamento Europeo por mayoría de sus miembros (art. 17.7 TUE). Esta forma de elección le confiere una doble legitimidad: derivada tanto de los Estados, a través del Consejo Europeo, como de la ciudadanía, a través del Parlamento.

Una vez elegida, la presidenta ocupa la cúspide de la Comisión, que es definida en los Tratados como la institución que “promueve el interés general de la Unión” y ejerce el monopolio casi exclusivo de la iniciativa legislativa, vela por la aplicación de los Tratados y ejecuta el presupuesto y las políticas (art. 17.1 y 17.2 TUE). La presidenta dirige y coordina a todo el Colegio de comisarios dentro de ese mandato general.

2. Definición de las orientaciones políticas de la Comisión

El artículo 17.6 TUE establece que la presidenta “definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones”. Es decir:

• Fija las prioridades políticas de la Comisión para el conjunto del mandato (por ejemplo, mediante directrices políticas y programas de trabajo anuales).
• Marca la línea general de actuación en los principales ámbitos de política de la Unión (mercado interior, clima, digital, migraciones, etc.).
• Garantiza que las propuestas legislativas y las decisiones ejecutivas del Colegio se ajusten a esas orientaciones.

Esta capacidad de dirección política es una de sus funciones esenciales y la diferencia de los demás miembros de la Comisión.

3. Organización interna y dirección del Colegio

Siempre conforme al artículo 17.6 TUE, la presidenta:

• Decide la organización interna de la Comisión, determinando la estructura de carteras (competencias de cada comisario) y la distribución de responsabilidades.
• Designa a los vicepresidentes entre los comisarios, pudiendo atribuirles funciones de coordinación sobre grandes áreas políticas.
• Puede reorganizar las carteras durante el mandato y reasignar responsabilidades entre comisarios si lo considera necesario para el buen funcionamiento de la institución.

Además, la presidenta preside las reuniones del Colegio de comisarios, fija su orden del día y orienta las deliberaciones. Aunque el Colegio decide colegiadamente (en principio por mayoría simple), la presidenta tiene un papel determinante para priorizar expedientes, mediar en conflictos internos y buscar posiciones de consenso.

4. Nombramiento y cese de los comisarios

En relación con la composición de la Comisión, el artículo 17.6 TUE establece que la presidenta:

• Participa en el proceso de selección de los comisarios propuestos por los Estados miembros, en cooperación con el Consejo y los propios Estados.
• Puede exigir la dimisión de un miembro de la Comisión. Si considera que un comisario ya no es apto para el cargo o ha incurrido en comportamientos incompatibles con sus deberes, puede pedirle que renuncie. Esta facultad refuerza su autoridad sobre el Colegio y la responsabilidad individual de cada comisario.

En todo caso, la Comisión en su conjunto sigue siendo políticamente responsable ante el Parlamento Europeo, que puede obligarla a dimitir mediante una moción de censura (art. 17.8 TUE).

5. Representación exterior de la Comisión y de la Unión

Los Tratados atribuyen también a la presidenta un papel de representación:

• Representa a la Comisión en sus relaciones con las demás instituciones de la Unión, especialmente ante el Parlamento Europeo y el Consejo.
• Participa en las reuniones del Consejo Europeo (sin derecho a voto) para exponer la posición y las propuestas de la Comisión en los grandes debates estratégicos.
• En el ámbito exterior, la Comisión “velará por la representación exterior de la Unión, salvo en la política exterior y de seguridad común y demás casos previstos en los Tratados” (art. 17.1 TUE). La presidenta asume aquí un papel clave de portavoz político de la Comisión en negociaciones y foros internacionales sobre materias de competencia de la UE (comercio, clima, regulación económica, etc.), en coordinación con el Alto Representante en política exterior.

6. Garantía del interés general de la Unión

En conjunto, la presidenta es la garante de que la Comisión actúe siempre en defensa del interés general de la Unión y de la integridad del ordenamiento comunitario. Dirige la preparación de iniciativas legislativas, supervisa la ejecución de políticas y programas, y vela por que la institución ejerza sus funciones de forma independiente respecto a los gobiernos nacionales, tal como exigen los Tratados.

El precedente directamente comparable es la reforma Kinnock de 1999-2004. Si ampliamos la comparación a cambios institucionales, procesos de trabajo y dirección política, pueden distinguirse cuatro grandes familias de reformas. No existe un recuento oficial homogéneo: contar cada reorganización de carteras como una reforma independiente daría una cifra mayor, pero mezclaría transformaciones de alcance distinto.

La revisión actual sí plantea una transformación transversal. El 26 de octubre, Ursula von der Leyen señaló tres prioridades: procedimientos y estructuras más sencillos, mejor aprovechamiento de los recursos y preparación del personal para nuevas tecnologías. Las recomendaciones finales se presentarán a finales de 2026; por tanto, todavía no hay resultados que comparar con los antecedentes (declaración de la presidenta).

Cuatro grandes antecedentes comparables

• Reforma Kinnock, 1999-2004. Es la referencia más próxima porque modificó simultáneamente recursos humanos, carreras profesionales, gestión financiera, auditoría y responsabilidades directivas. Llegó después de la crisis y dimisión de la Comisión Santer en 1999, que evidenció problemas de control y rendición de cuentas. Su principal resultado fue separar mejor gestión y control, reforzar la auditoría interna y modernizar los procedimientos financieros. El balance no fue plenamente satisfactorio: persistieron complejidad administrativa, lentitud, aversión al riesgo y aplicación desigual de la gestión por resultados. La lección es que reforzar las garantías no equivale automáticamente a ganar agilidad.
• Creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, 2009-2011. Fue una reorganización institucional vinculada al Tratado de Lisboa, no una reforma integral de la Comisión. Integró estructuras de la Comisión, del Consejo y de las diplomacias nacionales. Consolidó una capacidad diplomática europea permanente y una red mundial de delegaciones, pero mantuvo tensiones entre culturas administrativas, solapamientos competenciales y dificultades de coordinación. Su arquitectura continúa siendo objeto de debate: en junio de 2026, Demócrata recogió conversaciones francoalemanas para revisar su funcionamiento.
• Mejor Regulación y REFIT, desde 2012. Transformaron principalmente los métodos de trabajo, no el organigrama. Extendieron evaluaciones, consultas, análisis de impacto y controles de calidad sobre las propuestas. El resultado fue una preparación más estructurada y trazable de las políticas. Sin embargo, demostrar ahorros netos y reducir efectivamente la complejidad normativa siguió siendo difícil. Es el antecedente más pertinente para valorar promesas de simplificación: mejorar el procedimiento no garantiza por sí solo menos cargas. La Comisión explica este enfoque en sus páginas sobre REFIT y su balance de Mejor Regulación.
• Reorganizaciones del Colegio bajo Juncker y von der Leyen, 2014-2024. Las vicepresidencias, los grupos de proyectos y las carteras transversales buscaron coordinar prioridades que atravesaban varias direcciones generales. Aumentaron la dirección estratégica y facilitaron respuestas conjuntas, pero también introdujeron ambigüedades jerárquicas, posibles solapamientos y una mayor dependencia de la Presidencia. Son precedentes de reorganización política, no equivalentes a una reforma administrativa como Kinnock.

Otros cambios y balance

También deben distinguirse la expansión de agencias ejecutivas en 2000-2005, que aportó especialización pero exigió más coordinación; la adaptación a las ampliaciones de 2004-2010, que incrementó capacidad sin eliminar los compartimentos administrativos; y las reformas de gestión y digitalización de 2010-2014, con mejoras concretas más que una transformación única. El reajuste de carteras iniciado en 2024 aún carece de una evaluación madura.

La conclusión es que no se parte de cero, pero tampoco existe una sucesión de reformas integrales equivalentes. Kinnock es el comparador central; los demás aportan lecciones parciales. El balance histórico combina mejores controles y capacidad operativa con dificultades persistentes de coordinación, simplificación y claridad de responsabilidades.