Cercanías Madrid suspende cinco líneas por la huelga de maquinistas y registra fuertes retrasos en el resto de la red

La negociación entre Semaf y Renfe sigue sin acuerdo: la mediación previa no logró desbloquear las diferencias sobre el cumplimiento de los compromisos de seguridad ferroviaria. A fecha de 29 de octubre de 2026, no consta públicamente un preacuerdo ni una nueva reunión con fecha confirmada. Hay una precisión importante: la huelga está convocada para hoy, hasta las 23:59, por lo que todavía no corresponde presentar como definitivo un balance posterior al paro.

¿Dónde quedó la negociación?

Semaf solicitó la intervención de la Comisión de Conflictos el 5 de octubre. La reunión del 16 de octubre, con representantes del Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, terminó sin avances suficientes para evitar la huelga. Ese es el último encuentro formal identificado en las informaciones consultadas, según Demócrata.

El desacuerdo no se centra únicamente en negociar nuevas condiciones, sino en determinar si se están ejecutando los compromisos del acuerdo del 9 de febrero. Semaf denuncia un bloqueo administrativo y considera que las reuniones y mesas técnicas no han producido las mejoras comprometidas. Renfe sostiene lo contrario: afirma haber cumplido las actuaciones bajo su responsabilidad y atribuye parte de las demandas a otros organismos.

La operadora asegura que, de las 24 actuaciones correspondientes a otros organismos, 17 estaban ejecutadas y siete continuaban en desarrollo. También recuerda que el acuerdo no establecía plazos concretos para completar todas las medidas. Son afirmaciones de Renfe, no un balance aceptado conjuntamente por las partes, como recoge esta información sobre el conflicto.

¿Qué asuntos siguen abiertos?

• Seguridad y emergencias: protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos, riesgos en las vías y coordinación para suspender o reanudar la circulación.
• Fiabilidad y mantenimiento: mejoras en los trenes y recursos para garantizar su funcionamiento.
• Plantillas y condiciones profesionales: contratación de maquinistas, compromisos con nuevas promociones, descansos y cuestiones relacionadas con la jubilación.
• Protección de los trabajadores: atención a profesionales implicados en arrollamientos y aplicación de una “cultura justa”, que analice las causas de los incidentes sin atribuir automáticamente la responsabilidad al trabajador.
• Supervisión: un canal directo entre representantes sindicales, AESF e Inspección de Trabajo, reclamado por Semaf.

Estas reivindicaciones seguían presentes en la información publicada el 29 de octubre.

¿Cuáles son los próximos pasos de la mediación?

No hay un calendario público confirmado. Conviene separar lo anunciado de lo que sería necesario para desbloquear el conflicto: no consta una nueva convocatoria de la Comisión de Conflictos, una propuesta formal de cierre ni un arbitraje anunciado.

La posible reanudación del diálogo tendría que abordar tres cuestiones centrales:

• Contrastar el cumplimiento: aclarar qué actuaciones están efectivamente terminadas y cuáles siguen pendientes, especialmente las siete que menciona Renfe.
• Delimitar responsabilidades: distinguir lo que puede resolver la operadora de lo que corresponde a Adif, AESF, Transportes u otros organismos. La reunión previa ya contó con varios de estos participantes.
• Concretar compromisos verificables: acordar responsables, hitos y seguimiento para reducir la discrepancia entre el cumplimiento que sostiene Renfe y la paralización que denuncia Semaf. Esto describe el contenido necesario para un acercamiento, no una agenda ya pactada.

Mientras tanto, Semaf ha indicado que estudia nuevas medidas, pero no constan nuevas fechas concretas de huelga en Renfe en las informaciones consultadas. Las movilizaciones anunciadas en Ouigo pertenecen a otro conflicto y no deben confundirse con este, según la actualización del 28 de octubre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene competencias para garantizar los servicios ferroviarios esenciales durante una huelga, mediante la preparación y adopción de servicios mínimos en el ámbito estatal. Esa función no equivale a una potestad general para regular el derecho de huelga ni permite confundir la decisión gubernativa con la gestión empresarial del conflicto. La distinción central es entre proponer los mínimos, aprobarlos y ejecutarlos.

1. Fundamento y alcance de la intervención

El fundamento general es el artículo 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de huelga y exige garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad, junto con el artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto-ley 17/1977. Este último permite a la autoridad gubernativa acordar las medidas necesarias para asegurar su funcionamiento.

La Resolución de 11 de diciembre de 2007 explica expresamente ese fundamento. La competencia ministerial debe ejercerse para proteger las necesidades esenciales de los usuarios, no para garantizar que el transporte funcione normalmente pese a la huelga.

2. Qué órgano propone los servicios mínimos

El Real Decreto 253/2024, que desarrolla la estructura del Ministerio, contiene la atribución específica. Su artículo 6.1.x encomienda a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril:

«La propuesta de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la prestación de los servicios esenciales de transporte por carretera y ferrocarril».

El artículo 6.2.b asigna el ejercicio de esa función a la Subdirección General de Gestión del Transporte por Carretera y Ferrocarril. Por tanto, la preparación técnica corresponde a estos órganos, pero proponer no significa aprobar: esa atribución no convierte por sí sola a la dirección general en autoridad competente para imponer restricciones al derecho fundamental.

3. Quién debe adoptar la decisión

La fijación de mínimos exige una decisión de la autoridad gubernativa competente. El precedente de 2007 es especialmente ilustrativo: la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación asumió competencias anteriormente atribuidas a la Secretaría General de Infraestructuras porque varias resoluciones de esta habían sido anuladas judicialmente.

La razón recogida en aquella resolución fue que la secretaría general era un órgano administrativo sin competencias políticas y, por ello, no tenía consideración de autoridad gubernativa a estos efectos. Es un antecedente relevante para interpretar la separación actual entre preparación administrativa y decisión gubernativa; no debe trasladarse automáticamente su antigua distribución orgánica al Ministerio actual.

4. Coordinación, ejecución y protección de viajeros

El Real Decreto 253/2024 atribuye además al Ministerio funciones complementarias:

• Coordinación ferroviaria: el artículo 5.1.a encomienda a la Dirección General del Sector Ferroviario coordinar al administrador de infraestructuras y los operadores, bajo supervisión de la Secretaría de Estado.
• Inspección y control: el artículo 6 incluye la vigilancia del cumplimiento de las normas de los servicios ferroviarios y las correspondientes competencias sancionadoras sectoriales.
• Derechos de viajeros: comprende su defensa y el seguimiento de reclamaciones relativas a las obligaciones de los operadores.

Estas facultades acompañan la gestión de las perturbaciones, pero no constituyen una habilitación ilimitada para restringir la huelga ni sustituyen las responsabilidades operativas de las empresas.

5. Límites y distinciones importantes

Los mínimos deben compatibilizar la continuidad esencial con el ejercicio efectivo del derecho. Como antecedente específico, el Real Decreto 359/1984 sobre FEVE exigía determinar «con carácter restrictivo» los servicios esenciales y el personal estrictamente necesario, con máxima seguridad.

Finalmente, las obligaciones de servicio público previstas en la Ley 38/2015 del sector ferroviario son una figura distinta de los mínimos de huelga. Tampoco puede extenderse automáticamente la competencia estatal a todos los ferrocarriles autonómicos: el propio marco orgánico delimita la actuación ministerial al transporte de competencia estatal.

Para establecer servicios mínimos en una huelga ferroviaria en España deben concurrir tres condiciones fundamentales: proteger prestaciones esenciales para la comunidad, decidirlos la autoridad gubernativa competente y justificar que son necesarios y proporcionados. No pueden utilizarse para mantener el funcionamiento normal del ferrocarril ni para privar de eficacia al derecho de huelga.

1. Fundamento legal y esencialidad

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La habilitación general está en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la jurisprudencia constitucional: permite adoptar medidas cuando estén afectados servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad.

No basta con afirmar que el ferrocarril es un servicio público. Deben identificarse las prestaciones concretas indispensables para proteger derechos o bienes constitucionales, como la movilidad básica, la seguridad o evitar el aislamiento territorial. La titularidad pública o privada del operador no determina por sí sola esa esencialidad.

2. Autoridad competente e imparcial

La decisión corresponde a la autoridad gubernativa con competencia sobre el servicio afectado, estatal o autonómica según la distribución de competencias. No corresponde unilateralmente a Renfe, Adif ni a los operadores privados.

La empresa puede aportar informes y propuestas técnicas, pero la Administración debe efectuar una valoración propia. No es admisible que se limite a firmar una propuesta empresarial sin ponderarla. Aceptarla sí puede ser válido cuando la autoridad conserva realmente la decisión y justifica su contenido, como explica la STC 362/1993.

3. Proporcionalidad y concreción

Solo puede imponerse la actividad indispensable. La resolución debe ponderar:

• La duración, extensión territorial y franjas horarias de la huelga.
• La demanda previsible, las necesidades de los usuarios y las alternativas de transporte.
• Las diferencias entre líneas, cercanías, servicios regionales y larga distancia.
• Las circulaciones y el personal necesarios, incluyendo las exigencias de seguridad.

La medida debe ser adecuada para proteger el servicio esencial, no existir otra alternativa menos restrictiva y guardar equilibrio con el sacrificio del derecho de huelga. Una cobertura cercana al servicio habitual exige una justificación especialmente rigurosa; no existe un porcentaje universal aplicable a cualquier huelga ferroviaria.

4. Motivación y participación sindical

La resolución debe explicar, con datos y razones concretas, tanto por qué la prestación es esencial como por qué se exige ese nivel de cobertura. Las fórmulas genéricas no bastan. La motivación debe existir al adoptarse la decisión, no construirse posteriormente durante el recurso judicial.

También deben valorarse las propuestas de mantenimiento del servicio y las alternativas planteadas por los representantes de los trabajadores. Sin embargo, hay una precisión importante: la negociación previa no es, por sí sola, un requisito constitucional indispensable, y tampoco se exige acuerdo sindical. Así lo señala la STC 27/1989, sin perjuicio de los trámites de audiencia que resulten aplicables.

5. Seguridad y control judicial

Deben distinguirse los servicios mínimos de los servicios de seguridad y mantenimiento del artículo 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977: estos últimos protegen personas, instalaciones y la posterior reanudación del trabajo. En Adif, por ejemplo, las necesidades de circulación o mantenimiento urgente no justifican incluir automáticamente toda su actividad.

La resolución puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, también mediante el procedimiento de protección de derechos fundamentales. Pueden solicitarse medidas cautelares o cautelarísimas si existe urgencia y, agotada la vía judicial y cumplidos sus requisitos, recurso de amparo. La finalidad del control es comprobar que la protección de los usuarios no haya vaciado el derecho de huelga.