La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA) reclama a las administraciones un cambio de rumbo en la gestión del ciclo urbano del agua, con inversiones plurianuales vinculantes, financiación estable y una reforma de la contratación pública que permita ejecutar los proyectos en plazo. La organización considera que la falta de inversión sostenida y la baja ejecución presupuestaria han convertido los problemas del sector en deficiencias estructurales que afectan a un servicio esencial para la ciudadanía.
Durante su asamblea anual, celebrada el 14 de octubre, la asociación pidió pasar de los anuncios a los compromisos efectivos. Según sus estimaciones, el déficit de inversión acumulado en el ciclo urbano del agua supera los 35.000 millones de euros, mientras que las necesidades para la próxima década ascienden a 100.000 millones. ASAGUA sostiene que cubrir esa brecha exige una planificación a largo plazo, presupuestos estables y proyectos suficientemente maduros para evitar que las partidas previstas se queden sin ejecutar.
La organización sitúa la contratación pública entre los principales obstáculos para movilizar los recursos. Defiende que los criterios técnicos tengan un peso adecuado en las adjudicaciones, que se apliquen con rigor los mecanismos para detectar ofertas anormalmente bajas y que las fórmulas de evaluación desincentiven las bajas extremas. También reclama sistemas eficaces de revisión de precios que permitan preservar el equilibrio económico de los contratos, incluidos los de servicios, y reflejar mejor el impacto de los costes energéticos.
Un marco estable para financiar las infraestructuras
La propuesta de ASAGUA parte de convertir la inversión en agua en un compromiso presupuestario plurianual y vinculante. La asociación considera prioritarias la renovación de redes, las actuaciones de saneamiento y depuración y la garantía de recursos suficientes para la operación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes.
Junto a la financiación, plantea una reorganización de la gobernanza mediante un regulador único que establezca estándares comunes, refuerce la transparencia y defina criterios tarifarios. En materia de precios, defiende que las tarifas reflejen los costes del servicio, incluida la primera instalación, en línea con las obligaciones que atribuye a la Directiva Marco del Agua, y que se evite utilizar el recibo como instrumento político. El modelo, sostiene, debería compatibilizar la recuperación de costes con la solidaridad territorial y la protección de los hogares vulnerables.
La asociación también reclama un marco que facilite la colaboración público-privada cuando los recursos presupuestarios sean insuficientes para acometer las inversiones necesarias. A su juicio, esta vía podría contribuir a acelerar proyectos, siempre que se adapte la regulación que actualmente limita su desarrollo y se establezcan condiciones que permitan dar viabilidad a los contratos.
Sequías, inundaciones y digitalización
La modernización de las infraestructuras es otro de los ejes de la hoja de ruta de ASAGUA. La organización pide planificar la resiliencia frente a sequías e inundaciones con criterios técnicos y combinar recursos convencionales y no convencionales en función de las necesidades, sin descartar alternativas de antemano.
A esta planificación suma la digitalización, la investigación y la innovación como herramientas para mejorar la eficiencia de las redes, reducir pérdidas, controlar la calidad del agua y anticipar incidencias. Para que estas tecnologías se traduzcan en mejoras operativas, la asociación subraya también la necesidad de contar con equipos capacitados para gestionar su implantación.
ASAGUA advierte de que la falta de ejecución de las partidas presupuestadas prolonga los plazos, dificulta el cumplimiento de los objetivos ambientales y acelera el deterioro del patrimonio hidráulico. La entidad sostiene que el agua debe tratarse como una infraestructura estratégica, por su relación con la salud pública, la actividad económica, la sostenibilidad ambiental y la protección frente a fenómenos extremos.
La asociación no concreta en su comunicado un calendario de aplicación ni una estimación del coste de cada una de las medidas propuestas. Su llamamiento se dirige, por tanto, a establecer un marco de planificación, financiación y contratación que permita transformar las necesidades identificadas en proyectos ejecutados.
ASAGUA concluye que las empresas del sector no pueden suplir con recursos propios las responsabilidades que corresponden a las administraciones en materia de planificación e inversión. Para la organización, romper la inercia exige que los compromisos presupuestarios se traduzcan en actuaciones efectivas y que la modernización del ciclo urbano del agua deje de depender de iniciativas puntuales.