El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves de forma definitiva la ley que permite ceder la AP-9 a Galicia, después de tumbar las enmiendas incorporadas por el PP durante su paso por el Senado, confirmando así el texto que ya había salido adelante en primera instancia de la Cámara Baja.
La mayoría de los diputados ha rechazado las modificaciones planteadas por los senadores 'populares', que pretendían restaurar el redactado aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego y reforzar las salvaguardas financieras ligadas al traspaso.
De este modo, la norma final establece como finalidad el traspaso a la Xunta de la titularidad de la AP-9, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios vinculados a la explotación de la autopista.
Para articular este proceso, se prevé que la Administración General del Estado (AGE) y la comunidad autónoma eleven a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo en la que se fijen las condiciones y límites de la cesión de competencias que hasta ahora ejercía el Estado sobre la Autopista del Atlántico, acuerdo que deberá aprobarse mediante real decreto.
Ese documento tendrá que concretar los términos del traspaso de diversas funciones, comenzando por la autorización de la entrada en servicio de nuevos tramos, de las adaptaciones o reformas de los ya existentes, y de los enlaces y vías auxiliares de la autopista.
También detallará cómo se ejercerán la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la infraestructura, de acuerdo con la normativa general de carreteras y los pliegos que regulan la concesión; así como la potestad sancionadora por los incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.
Igualmente, deberá precisar las condiciones para cualquier cambio que afecte al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y el marco para la elaboración y aprobación de convenios.
Impacto financiero del traspaso
Además, el texto acordado establece que la AGE mantendrá a su cargo, frente a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con efectos económicos y financieros derivadas de la concesión vigente que tengan su origen en modificaciones adoptadas durante el periodo en que el Estado ha ostentado la competencia, y dentro de los límites económicos que rijan en la fecha en que se apruebe el traspaso.
En coherencia con ello, las consecuencias de las decisiones adoptadas por la Administración estatal antes de la transferencia seguirán recayendo sobre ella. El acuerdo de traspaso deberá recoger "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
Por contra, las enmiendas del PP rechazadas en el Senado buscaban alterar este esquema para declarar de forma directa la transferencia de la titularidad y de las competencias, incorporar mayores compromisos económicos del Estado y obligarle a sufragar nuevas bonificaciones, entre otros aspectos.
El debate parlamentario ha puesto de manifiesto el enfrentamiento entre el bloque integrado por PSOE, Sumar y BNG, que defendía el texto original del Congreso, y el PP, que insistía en mantener las correcciones del Senado al entender que "blindaban" financieramente a Galicia.
Choque político
Desde el BNG, la aprobación de la ley se ha calificado como un "momento histórico" tras décadas de reclamaciones, y se ha acusado al PP de recurrir a "mentiras y manipulaciones" para intentar frenar el traspaso.
En la misma línea, el PSOE ha afeado a los 'populares' que exijan en Galicia la cesión de la autopista mientras obstaculizan su aprobación en las Cortes Generales. "Ustedes pedían la transferencia, pero parece que su actitud muestra que lo único que buscan es una confrontación más con el Gobierno", han remarcado los socialistas.
Frente a estas críticas, el PP ha reivindicado las enmiendas procedentes del Senado, defendiendo que eran las únicas que respetaban de forma íntegra el acuerdo unánime del Parlamento gallego y que aseguraban una transferencia "sin cargas indeseadas ni facturas ocultas".
Los 'populares' han alertado de que, con el modelo diseñado por el Gobierno, la Xunta podría llegar a afrontar costes de hasta 4.000 millones de euros, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la futura gratuidad de la AP-9.