El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este jueves a una proposición no de ley que insta al Gobierno central a asegurar “la prioridad nacional de los españoles” tanto en el acceso a vivienda social o protegida como para “ser receptor” de cualquier tipo de ayuda vinculada al alojamiento.
La iniciativa ha salido adelante con 63 votos favorables y 41 en contra, gracias al apoyo conjunto de PP-A y Vox, frente al rechazo del resto de formaciones de la oposición.
En el texto se reclama al Ejecutivo central que proceda a “la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal; proceda a la remigración de aquellos extranjeros que, no contribuyendo a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos, y proceda a la deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras”.
El diputado de Vox, Ricardo López, ha cifrado en 750.000 el déficit de viviendas respecto al número de personas que buscan acceder a una, poniendo el acento en la población migrante. “Con sus políticas de puertas abiertas y el efecto llamada han puesto en grave riesgo y en una situación de drama al pueblo español, a los Hernández y a los García, porque ustedes están beneficiando a señoras que vienen de Sierra Leona, que se tienen que solucionar sus problemas allí, y esto es un dato objetivo”, ha manifestado.
“Esto son matemáticas, esto no es xenofobia”, ha defendido el parlamentario de Vox. Del mismo modo, ha cargado contra la política de vivienda del Gobierno central, al que acusa de convertir esta preocupación social en “un vehículo electoral”, y ha aludido al volumen de propiedades inmobiliarias de algunos dirigentes del PSOE y Frente Amplio.
“Ustedes son los pijoprogres que viven en chalés y en urbanizaciones privadas, que no han visto un extranjero nada más que cuando va a limpiarla ustedes la piscina y que están poniendo en riesgo a nuestra gente”, ha añadido.
La oposición denuncia xenofobia en la iniciativa
El portavoz del PSOE-A, Daniel Pérez, ha reprochado a Vox que en la PNL “no habla de una sola casa, de un solo ladrillo ni de solo una ayuda al alquiler, se habla de deportar, remigrar y repatriar”. A su juicio, la prioridad nacional que plantea el texto “resuma odio y xenofobia”.
También ha criticado que desde el Gobierno andaluz “no se hace una sola propuesta real” en materia de vivienda y ha recordado la falta de apoyo de Vox a los reales decretos del Ejecutivo central para frenar los desahucios.
“Todo lo único que han intentado en todo momento es señalar, señalar e identificar siempre al de abajo, porque es más fácil señalar al jornalero de Huelva que atacar, en este caso, a quien especula con fondos de inversión”, ha subrayado.
En la misma línea, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha reivindicado el carácter históricamente migrante del pueblo andaluz y ha señalado que muchas personas migrantes “no viven en una vivienda digna”.
“Vox necesita a los inmigrantes para culparlos de todos los problemas, aunque no tengan nada que ver. Y los necesitan porque Vox está aquí para defender los intereses de los ricos, que necesitan a los inmigrantes explotados, los necesitan sin papeles”, ha indicado, apuntando igualmente a fondos de inversión extranjeros que adquieren viviendas en Andalucía.
Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha denunciado la “especulación” asociada a estos fondos y ha responsabilizado al PP “por gobernar junto a Vox”. “¿No estáis viendo el carácter racista que para justificar y dar una batalla ideológica que va contra ustedes también, porque os la están dando a ustedes, tienen que ir al clasismo, al racismo, al señalamiento, a la criminalización del pobre? Os van a comer por los pies, os van a comer por los pies”, ha advertido.
Desde el grupo popular, Manuel García Delgado ha centrado sus críticas en la gestión del Gobierno de España en materia de vivienda y, en contraste, ha reivindicado las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. “Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. Nuestro compromiso siempre será con los andaluces, más viviendas asequibles, menos trabas y más ayudas para las familias”, ha señalado.
Medidas sobre capital extranjero, fiscalidad y ocupación
La proposición reclama al Gobierno que actúe frente “la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios”, destinando la recaudación “a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida”.
Además, insta a que el Ejecutivo explore fórmulas para “limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificulta la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país”, y a que promueva las reformas legales necesarias, incluso en el ámbito europeo, para que la compra de una primera vivienda habitual, nueva o usada, quede exenta de cargas fiscales para los españoles.
Otra de las peticiones es que el Gobierno “promueva, en coordinación con las administraciones competentes, una revisión exhaustiva de las tasas e impuestos de ámbito autonómico y local que inciden en el proceso edificatorio, con el objetivo de impulsar la supresión o bonificación de aquellos que contribuyan a incrementar el coste final de los inmuebles y dificulten el acceso a la vivienda”.
Vox también plantea que el Ejecutivo “incremente de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el desarrollo del sector, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales”.
Asimismo, se reclama que el Gobierno aumente la construcción de vivienda social y protegida, en propiedad o en alquiler con opción de compra, mediante fórmulas de colaboración público-privada, con el fin de facilitar que jóvenes y familias españolas, especialmente con menos recursos, puedan acceder a un hogar, y que fomente un modelo de alquiler que equilibre los intereses de propietarios (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) e inquilinos (asequibilidad, estabilidad).
La iniciativa de Vox también urge al Ejecutivo central a reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y otras normas necesarias para “impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente y evitar que dicha inscripción pueda generar derechos o beneficios derivados de una situación de ocupación ilegal”, así como a impulsar cambios legales que permitan “garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales y la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios en un plazo máximo de 24 horas”.