El Parlamento aragonés ha dado luz verde este jueves a una proposición no de ley relativa a la inseguridad y a la situación de la juventud en Ceuta, impulsada por Vox, en la que se solicita garantizar “el control efectivo de la frontera y evitar que las consecuencias de la invasión inmigratoria recaigan sobre las familias ceutíes” y “la seguridad y salubridad de los centros educativos”, entre otros puntos. La propuesta ha prosperado con el apoyo de PP y Vox, pese al rechazo del resto de grupos de la Cámara.
La iniciativa de impulso al Gobierno ha sido defendida por el diputado de Vox Javier Valentín Alonso, en un debate en el que también han intervenido José Luis Bancalero (PP), Fernando Sabés (PSOE), Mary Carmen Bozal (CHA), Pilar Buj (A-TE) y Marta Abengochea (IU).
Con la aprobación de esta proposición no de ley, las Cortes instan al Ejecutivo central a “garantizar el control efectivo de la frontera y evitar que las consecuencias de la invasión inmigratoria recaigan sobre las familias ceutíes, situando la protección de la infancia y la juventud ceutíes entre las prioridades de la actuación del Estado en Ceuta”.
La Cámara reclama igualmente que se vele por la seguridad y la salubridad de los centros educativos y de sus accesos, así como de los espacios y trayectos cotidianos de niños, adolescentes y jóvenes, y que se mantenga el carácter educativo, deportivo y juvenil de los equipamientos dirigidos al conjunto de los españoles.
Del mismo modo, las Cortes exigen destinar “recursos suficientes para la prevención, la detección temprana y la atención psicológica y psiquiátrica de los niños, adolescentes y jóvenes de Ceuta, con especial atención a las secuelas que la situación de inseguridad, incertidumbre y alteración de sus rutinas pueda provocar en su salud mental y bienestar emocional, asegurando una adecuada coordinación entre las familias, los centros educativos y los servicios sanitarios y sociales”.
Otra de las demandas pasa por evitar “que el miedo o la inseguridad provocados por la invasión perjudiquen su asistencia a las aulas y el acceso a una educación adecuada y de calidad”.
Asimismo, se plantea “establecer un sistema específico de seguimiento de la inasistencia escolar vinculado a situación de inseguridad o temor de las familias, adoptando medidas de apoyo que permitan garantizar la continuidad educativa de los alumnos afectados”.
Las Cortes también urgen al Gobierno de España a “garantizar información periódica y transparente sobre la incidencia que esta invasión está teniendo sobre la población infantil y juvenil de Ceuta mediante la publicación accesible de informes y estudios oficiales sobre la incidencia de la invasión inmigratoria y de la inmigración masiva sobre la realidad educativa, el absentismo, el fracaso escolar y otras necesidades educativas especiales, así como en el éxodo de jóvenes a la península o fuera de España y la pérdida de población española en Ceuta”.
Además, recomiendan “reforzar las medidas de seguridad y la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la integridad de los ceutíes y su seguridad en las calles y combatir el aumento de la criminalidad, efectuando la repatriación de los extranjeros que han entrado de manera ilegal en España, la deportación de aquellos que cometan delitos o quieran imponer un modo de vida diferente al nuestro y la remigración de quienes permanecen en el territorio nacional viviendo de las ayudas sociales y sin contribuir al Estado del bienestar”.
Por último, la iniciativa plantea “compensar a las familias ceutíes que están padeciendo las terribles consecuencias de la invasión inmigratoria en la ciudad mediante un plan fiscal que contemple incentivos diferenciados, incluyendo bonificaciones especiales del IRPF y del IBI, así como exenciones al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), llevando a cabo para ello las modificaciones legislativas pertinentes con carácter de urgencia y extrema necesidad”.