Estados Unidos bombardea Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache

A día de hoy, las investigaciones oficiales sobre incidentes recientes que involucran aeronaves estadounidenses en la región (Oriente Medio y mar Rojo, principalmente) siguen abiertas y sin informes públicos concluyentes. En los casos más graves, la responsabilidad de la pesquisa recae en el Pentágono y el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), y, cuando corresponde, en fuerzas armadas de países aliados (como Kuwait o Irak). La información disponible procede sobre todo de comunicados oficiales y filtraciones a la prensa, que hablan de “fuego amigo” en algunos incidentes y de ataques de actores proiraníes en otros, pero sin documentación técnica final publicada. En Ucrania, por el momento, no constan investigaciones oficiales sobre derribos de aeronaves estadounidenses en las fuentes consultadas.

Incidente de los F‑15E en Kuwait y versión de “fuego amigo”

El episodio mejor documentado en fuentes oficiales es la pérdida de tres cazas F‑15E estadounidenses en territorio kuwaití. Según recoge la emisora Onda Cero, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) atribuyó el derribo a fuego amigo de las defensas aéreas de Kuwait, que habrían confundido a los aparatos con una amenaza en un contexto de máxima tensión regional. El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, confirmó públicamente la pérdida en el Pentágono, pero remarcó que no podía dar más detalles porque la investigación seguía abierta.

Paralelamente, las autoridades kuwaitíes anunciaron su propia investigación interna sobre el funcionamiento de sus sistemas de defensa aérea y los protocolos de identificación de aeronaves aliadas. En este caso sí existe, por tanto, una doble vía oficial: la investigación operativa y técnica de CENTCOM y la indagación nacional de Kuwait. No se han hecho públicos hasta ahora informes finales ni conclusiones técnicas detalladas, más allá de la tesis general de que se trató de un “error de identificación” y no de fuego enemigo.

Derribos y pérdidas de aeronaves en el Golfo y el estrecho de Ormuz

La prensa española Demócrata ha recogido en varias piezas una cadena de incidentes en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que han afectado sobre todo a drones estadounidenses y a un helicóptero Apache. En artículos como “Estados Unidos bombardea Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache” (10 de junio de 2026) y “EEUU lanza ataques contra bases de drones iraníes tras el derribo de uno de sus aparatos” (1 de junio de 2026), se detalla que el Pentágono y CENTCOM lideran la investigación sobre la pérdida de un dron de alto valor (más de 200 millones de dólares) y sobre el ataque a dicho helicóptero.

Según esas informaciones, Irán, a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegura haber derribado varios drones estadounidenses (incluidos cuatro drones el 28 de mayo de 2026) y hasta un A‑10 y un F‑15, mientras que Washington solo ha reconocido oficialmente la pérdida de un gran dron de reconocimiento y mantiene abierta la investigación sobre el Apache. CENTCOM afirma estar analizando datos de telemetría, imágenes satelitales y, cuando es posible, restos de los aparatos, pero no ha publicado un informe definitivo sobre la causa precisa de cada derribo ni sobre la responsabilidad última. Las fuentes iraníes, por su parte, no han aportado hasta ahora pruebas técnicas de sus afirmaciones más ambiciosas.

Mar Rojo: incidentes con drones y caída de un F/A‑18

En el mar Rojo confluyen dos líneas de investigación diferenciadas. Por un lado, medios internacionales recogen que Irán aseguró haber derribado un dron militar estadounidense en su espacio aéreo el 31 de mayo de 2026, incidente respecto al cual Washington ha respondido únicamente que “la investigación sigue abierta” y sin confirmar el derribo. En este ámbito, la investigación la coordina CENTCOM con la Fuerza Aérea de EE. UU. y organismos como la Autoridad Marítima estadounidense, pero no hay conclusiones oficiales divulgadas.

Por otro lado, la Marina de EE. UU. investiga la caída al mar de un caza F/A‑18 Super Hornet desde el portaaviones Harry S. Truman mientras realizaba maniobras evasivas frente a misiles hutíes, según informó el diario ABC en esta crónica. El buque continúa operativo y solo se ha señalado públicamente que se perdió el control del remolque durante la maniobra, sin más detalles sobre posibles fallos técnicos o humanos. La investigación se desarrolla dentro de la propia Marina, sin informes preliminares hechos públicos.

Zona kurda de Irak y ausencia de casos en Ucrania

En el Kurdistán iraquí, las autoridades locales y la Célula de Seguridad de Medios de Irak (dependiente del Ministerio de Defensa) investigan una serie de ataques con drones contra instalaciones energéticas y un dron abatido cerca del aeropuerto de Erbil, donde hay presencia de tropas de la coalición liderada por EE. UU. Según Demócrata (información del 14/07/2025), se señala oficiosamente a milicias proiraníes como posibles responsables, pero no existe todavía un informe oficial que cierre el caso ni que atribuya formalmente la autoría.

En cuanto a Ucrania, las fuentes consultadas indican que no se dispone de información pública sobre investigaciones oficiales relativas al derribo de aeronaves estadounidenses en el actual contexto bélico. Los reportes se centran en drones y aviones rusos o ucranianos, no en aparatos de EE. UU., por lo que no consta un expediente comparable a los abiertos en Kuwait, el Golfo o el mar Rojo.

Balance general del estado de las investigaciones

En síntesis, las investigaciones oficiales abiertas se encuentran aún en fase técnica y de recopilación de pruebas, sin informes públicos definitivos. En el caso de los F‑15E en Kuwait, la narrativa dominante es la del “fuego amigo”, pero sin detalles periciales completos. En el Golfo y Ormuz, Washington reconoce pérdidas concretas y responde militarmente a Irán, mientras mantiene abiertas las pesquisas; en el mar Rojo y el Kurdistán iraquí, las investigaciones corren a cargo de la Marina de EE. UU. y de las autoridades iraquíes y kurdas, también sin conclusiones finales publicadas. Esto significa que, por ahora, la opinión pública solo tiene acceso a versiones oficiales parciales y a declaraciones políticas, no a los informes técnicos completos que suelen tardar meses o años en cerrarse.

Resumen inicial

En el sistema jurídico de Estados Unidos, el presidente tiene amplias competencias para ordenar el uso de la fuerza militar en el extranjero, pero esas facultades están formalmente limitadas por el Congreso y por la Constitución. La Constitución nombra al presidente Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que otorga al Congreso el poder de declarar la guerra, financiarla y regular a las fuerzas militares. Desde 1973, la War Powers Resolution intenta acotar el despliegue unilateral de tropas por el presidente, exigiendo notificación al Congreso y limitando el tiempo de operaciones sin autorización legislativa. En la práctica, sin embargo, la interpretación expansiva del poder ejecutivo y las autorizaciones amplias de uso de la fuerza han permitido a los presidentes realizar muchas operaciones militares en el extranjero con un control congresual relativamente indirecto.

Marco constitucional básico

La Constitución de Estados Unidos distribuye las competencias sobre el uso de la fuerza de manera fragmentada:

Presidente: El Artículo II lo designa como Commander in Chief de las Fuerzas Armadas. Sobre esa base se entiende que:

• Puede dirigir las operaciones militares una vez que las fuerzas han sido autorizadas o desplegadas.
• Tiene capacidad para reaccionar de forma rápida ante ataques o amenazas inminentes (defensa propia, rescate de ciudadanos, protección de embajadas, etc.).
• Ejerce el control operativo y estratégico sobre el Pentágono, fija reglas de enfrentamiento y decide la planificación militar cotidiana.

Congreso: El Artículo I le atribuye el poder de:

• Declarar la guerra formalmente.
• Levantar y sostener ejércitos y mantener una marina.
• Regular las fuerzas armadas y aprobar normas sobre su organización y disciplina.
• Autorizar y financiar campañas militares mediante leyes de gasto y autorizaciones específicas.

En teoría, el presidente no debería iniciar guerras prolongadas sin autorización del Congreso, pero el texto constitucional es suficientemente ambiguo como para que, en la práctica, se hayan multiplicado las operaciones sin declaración de guerra formal.

War Powers Resolution de 1973

Para intentar acotar la iniciativa presidencial tras la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó en 1973 la War Powers Resolution (WPR). Sus elementos centrales son:

• Obligación de consultar: el presidente debe, “en la medida de lo posible”, consultar con el Congreso antes de introducir fuerzas armadas en hostilidades o en situaciones donde sea inminente su participación en hostilidades.
• Notificación en 48 horas: una vez desplegadas tropas en combate, debe remitir al Congreso, en un plazo máximo de 48 horas, un informe escrito con la base legal, el alcance y la duración prevista de la operación.
• Límite temporal de 60/90 días: sin una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) o una declaración de guerra, las fuerzas deben ser retiradas en un máximo de 60 días, ampliables 30 más para su repliegue ordenado.
• Facultad de terminar operaciones: el Congreso puede exigir la retirada mediante resolución conjunta.

Varios presidentes han cuestionado la constitucionalidad de la WPR y, frecuentemente, la han interpretado de forma flexible, por ejemplo argumentando que ciertas operaciones aéreas limitadas no constituyen “hostilidades” a efectos de los plazos.

Autorizaciones del Congreso y práctica de las AUMF

En la práctica, el mecanismo clave que delimita y, al mismo tiempo, amplía las competencias presidenciales son las Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF). El Congreso aprueba una AUMF que:

• Identifica enemigos, objetivos y a veces zonas geográficas.
• Autoriza al presidente a usar “toda la fuerza necesaria y apropiada” para alcanzarlos.
• No siempre incluye límites temporales precisos.

Cuando existe una AUMF, el presidente dispone de un amplio margen para decidir cuándo, dónde y cómo emplear la fuerza dentro de ese marco: elegir teatros de operaciones, tipos de medios militares (drones, fuerzas especiales, ataques aéreos), niveles de intensidad o alianzas con otros Estados. El Congreso conserva el poder de restringir o revocar la autorización, así como de cortar la financiación, pero hacerlo suele ser políticamente costoso.

Operaciones sin autorización específica

El presidente también puede ordenar determinadas operaciones militares en el extranjero sin AUMF ni declaración de guerra, basándose en sus potestades de Comandante en Jefe y en la necesidad de proteger intereses nacionales. En este grupo entrarían:

• Operaciones puntuales de rescate de rehenes o de protección de personal diplomático.
• Golpes limitados contra objetivos específicos en respuesta a ataques inmediatos o amenazas inminentes.
• Misiones muy acotadas en tiempo y escala que el Ejecutivo no considera “hostilidades” en el sentido estricto de la WPR.

Estas actuaciones siguen sometidas formalmente a la obligación de notificación y a la supervisión presupuestaria del Congreso, pero la frontera jurídica entre “uso limitado de la fuerza” y “hostilidades” ha sido objeto permanente de controversia.

Controles políticos, jurídicos e internacionales

Aunque el presidente tiene un papel central en las operaciones militares en el extranjero, su poder no es absoluto. El Congreso puede:

• Condicionar o denegar fondos para determinadas campañas.
• Imponer restricciones sustantivas mediante leyes (por ejemplo, prohibiciones de desplegar tropas de combate en ciertos países).
• Abrir investigaciones y audiencias que ejerzan presión política.

Además, los tribunales federales pueden revisar aspectos concretos (derechos fundamentales, detenciones, alcance de las AUMF), y el Ejecutivo está también vinculado, al menos formalmente, por el derecho internacional (Carta de la ONU, derecho internacional humanitario), aunque su aplicación práctica dependa de decisiones políticas.

En resumen, según la legislación y la práctica estadounidenses, el presidente dispone de un margen muy amplio para iniciar y conducir operaciones militares en el extranjero, sobre todo cuando cuenta con una AUMF vigente, pero esa capacidad está entrecruzada con controles constitucionales del Congreso y con limitaciones formales establecidas por la War Powers Resolution, cuyo cumplimiento efectivo ha sido una fuente constante de debate institucional.

Respuesta sintética

No existe un recuento único, oficial y cerrado de cuántas operaciones militares “similares” ha autorizado Estados Unidos en Oriente Próximo en los últimos diez años, entre otras cosas porque Washington combina guerras declaradas, campañas aéreas amplias, misiones antiterroristas puntuales, operaciones con drones y despliegues navales sin que todos reciban el mismo estatus jurídico. Aun así, a nivel analítico puede decirse que en la última década se han sucedido varias grandes campañas continuadas (contra el Estado Islámico en Irak y Siria, apoyo a la coalición en Yemen, operaciones periódicas en Siria contra Irán y sus milicias, presencia militar en Irak tras el fin formal de la misión de combate, y acciones navales en el mar Rojo y el golfo Pérsico). Si además se tienen en cuenta los ataques puntuales con drones o misiles contra objetivos de grupos como Al Qaeda, ISIS o milicias vinculadas a Irán, el número de operaciones discretas se eleva a varios centenares, aunque sin un registro público completo. No se dispone de un dato oficial que permita decir, por ejemplo, “Estados Unidos ha autorizado X operaciones” en este periodo, y cualquier cifra cerrada sería especulativa.

Por qué no hay una cifra única y clara

En el caso estadounidense, el término “operación militar” puede referirse a realidades muy distintas: desde una gran campaña multinacional con nombre propio y mandato congresual, hasta un solo ataque de dron ordenado por el presidente sobre la base de autorizaciones de uso de la fuerza ya existentes. Además, el Gobierno de EE. UU. no siempre anuncia públicamente cada acción, y parte de la actividad en Oriente Próximo se mantiene clasificada o se comunica de forma agregada, especialmente en el ámbito antiterrorista. Esto dificulta elaborar un listado exhaustivo y hace que, más que hablar de un número exacto, tenga más sentido describir los grandes marcos operativos activos en la región a lo largo de la década.

Principales campañas y marcos de actuación en la última década

1. Operaciones contra el Estado Islámico (Irak y Siria)

En los últimos diez años, el esfuerzo más continuo y visible de Estados Unidos en Oriente Próximo ha sido la lucha contra el Estado Islámico (ISIS/Daesh) en Irak y Siria. Bajo una gran operación paraguas —con rotación de nombres de misión y mandos— EE. UU. ha llevado a cabo miles de salidas aéreas, ataques con drones, despliegue de fuerzas especiales sobre el terreno y apoyo a ejércitos y milicias aliadas (Ejército iraquí, fuerzas kurdas, entre otras). Aunque esa campaña se articula jurídicamente como una única “operación” global contra ISIS, dentro de ella se han autorizado innumerables operaciones tácticas concretas (golpes de precisión, misiones de apoyo, asesoramiento y acompañamiento), imposibles de cuantificar sin acceso a documentación militar interna detallada.

2. Intervención y apoyo en Yemen

Durante la guerra de Yemen, Estados Unidos ha proporcionado a lo largo de estos años apoyo logístico, de inteligencia y de armamento a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. A ello se suman operaciones directas contra Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) mediante drones, fuerzas especiales y ataques selectivos. Cada uno de esos ataques constituye una operación en sentido operativo, pero suelen agruparse en grandes marcos antiterroristas que se prolongan en el tiempo, sin una contabilización pública pormenorizada.

3. Siria: ataques contra el régimen y milicias proiraníes

Además de la campaña contra ISIS, EE. UU. ha ejecutado en Siria operaciones puntuales significativas: bombardeos contra instalaciones del régimen sirio tras el uso de armas químicas, y ataques periódicos contra bases y depósitos de milicias vinculadas a Irán en respuesta a agresiones contra tropas estadounidenses o aliadas. Cada uno de estos episodios se anuncia como una decisión ad hoc del poder ejecutivo, apoyada en las autorizaciones de uso de la fuerza y en la autodefensa, pero no se integran siempre en una única operación con nombre formal. Sumados, conforman una cadena de acciones militares que, de nuevo, se cuenta en decenas o centenares de ataques, no en unas pocas operaciones aisladas.

4. Presencia continuada en Irak

Aunque Washington dio por terminada su misión de combate convencional en Irak, ha mantenido una misión de asesoramiento, entrenamiento y apoyo al Gobierno iraquí. Esta presencia lleva aparejada la capacidad de responder militarmente ante ataques de milicias y de participar en operaciones conjuntas contra células remanentes de ISIS. De cara al recuento, esta misión se suele considerar una sola operación de estabilización y apoyo, pero su funcionamiento interno implica multitud de misiones y acciones militares autorizadas a lo largo del tiempo.

5. Operaciones navales en el golfo Pérsico y mar Rojo

En el plano marítimo, la V Flota estadounidense mantiene desde hace años operaciones de patrulla y seguridad en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y, más recientemente, en el mar Rojo y adyacentes, con el objetivo de proteger el tráfico comercial y disuadir amenazas de Irán o de otros actores armados de la región. Estas actividades abarcan desde operaciones de escolta y presencia hasta interceptaciones, derribos de drones y misiles o ataques contra plataformas de lanzamiento, cada uno de los cuales constituye una operación concreta dentro de una misión naval de carácter permanente.

Conclusión: rango aproximado y límites de la información

Si se limita el análisis a las grandes misiones o marcos operativos en Oriente Próximo (campaña contra ISIS, apoyo en Yemen, operaciones en Siria, presencia en Irak, actividad naval en Golfo y mar Rojo, más acciones puntuales contra organizaciones y milicias específicas), se puede hablar de varias operaciones estratégicas principales en la última década, en torno a media docena de grandes ejes. Sin embargo, si la pregunta se refiere a “operaciones” en sentido táctico —cada ataque con dron, cada bombardeo o cada misión concreta—, el número asciende claramente a cientos de acciones, probablemente más, para las que no existe un listado público exhaustivo. Dado que no hay un registro abierto que consolide y sume todas estas actuaciones, no es posible ofrecer una cifra total exacta sin incurrir en especulación.