Los allegados de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', hundido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá), han avanzado que celebrarán este sábado un encuentro para “seguir pidiendo justicia”, tras conocerse que la aseguradora del buque, la armadora Pesquerías Nores Marín y el patrón Juan Padín Costas han planteado una propuesta económica de unos 6,2 millones de euros a 20 familiares que han acreditado su derecho a reclamar.
La portavoz del colectivo, María José de Pazo, ha explicado que este sábado las familias se volverán a reunir y que después facilitarán a los medios de comunicación información vinculada a las últimas novedades del caso. “No vamos a hablar de ninguna oferta porque no estamos negociando”, ha insistido, remarcando que su prioridad sigue siendo “tener justicia”.
En esta línea, ha recalcado que el grupo de víctimas “ha buscado y buscará siempre justicia” y que se esclarezca “la verdad de las causas del naufragio” para que “los responsables de la muerte de 21 personas tengan su sentencia”.
La reunión se convoca en un contexto marcado por la propuesta de la aseguradora, la armadora y el patrón, que contempla indemnizaciones globales de hasta 6,2 millones de euros, así como un abono superior a 123.500 euros para Samuel Koufie, uno de los supervivientes del siniestro.
Las cuantías planteadas a los familiares de cada fallecido se calculan en función del vínculo con la víctima y de los daños y perjuicios que cada reclamante haya podido justificar.
Fuentes del despacho Amya Abogados, que representa a las tres partes, han indicado que la empresa armadora ha intentado “desde el principio de resolver las reclamaciones de las familias, al margen de que existan o no responsabilidades civiles y penales”.
No obstante, han señalado que este objetivo no se había podido materializar hasta ahora porque algunos de los legitimados para reclamar no habían aportado la documentación acreditativa necesaria, otros continúan sin presentarla y otros lo han hecho de forma incorrecta. Además, han apuntado que las dificultades se deben también a las “pretensiones desmedidas de muchos reclamantes”.