Feijóo pide a los sindicatos que desconvoquen la huelga tras la tragedia ferroviaria: “No lo hagan o quedarán ligados a Pedro Sánchez”

El líder del PP considera “incomprensible” mantener una movilización contra la oposición después de 69 fallecimientos y advierte del daño que supondría para la credibilidad sindical. Anuncia una auditoría de todo el Estado en sus primeros cien días de Gobierno y revela un informe interno de Adif que alerta del deterioro de la red hasta 2030

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los sindicatos que reconsideren y desconvoquen la huelga anunciada contra la oposición, especialmente después de la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a España. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el líder popular ha apelado a la responsabilidad de las organizaciones sindicales ante una situación que, a su juicio, ha dejado al descubierto la fragilidad del Estado y exige abandonar la confrontación política.

“La huelga debe desconvocarse en estas circunstancias”, ha afirmado Feijóo, quien considera que la convocatoria ya partía de un planteamiento equivocado. “Las huelgas no se convocan contra quien no gobierna”, ha señalado, antes de dirigirse directamente a los representantes sindicales: “Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición. Es incomprensible con 69 muertes. No lo hagan o quedarán ligados a Pedro Sánchez”.

Feijóo ha insistido en que la prioridad debe ser fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en los servicios públicos, en lugar de utilizar la situación para obtener ventajas políticas. “Esta confrontación tiene que terminar. La obligación es pensar cómo fortalecer la nación y no sacar ventaja de la situación”, ha defendido.

Su intervención se ha producido en un momento marcado por las consecuencias de los accidentes ferroviarios y por las dudas sobre el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras. En ese contexto, el presidente del PP ha reivindicado un cambio en la forma de gobernar y ha solicitado un mandato político claro para emprender lo que denomina la “reconstrucción nacional”.

Feijóo apela a la credibilidad de los sindicatos: “Necesito interlocutores con los que me pueda sentar”

El líder popular ha vuelto sobre la convocatoria durante el turno de preguntas del desayuno informativo. Ha explicado que, cuando se anunció la huelga, prefirió mantener un “silencio respetuoso”, aunque ya consideraba equivocado organizar una movilización dirigida contra la oposición.

“Cuando se convocó mantuve un silencio respetuoso. Pero en esta situación que vive España, hacer una huelga contra la oposición no tiene sentido”, ha reiterado.

Feijóo ha asegurado que trasladó sus reservas a algunos dirigentes sindicales con los que mantiene relación y que ahora quiere hacer extensivo ese mensaje al conjunto de las organizaciones. “Necesito interlocutores con los que me pueda sentar. Yo no quiero agentes sociales débiles”, ha afirmado, convencido de que una desconvocatoria contribuiría a mejorar su credibilidad y reputación.

A su juicio, el impacto de la tragedia y las dudas que afectan a la confianza en servicios públicos como Adif hacen todavía menos comprensible mantener la protesta. El presidente del PP ha sostenido, además, que existen dudas entre los propios afiliados sindicales sobre la oportunidad de la convocatoria.

“Estoy convencido de que, si la desconvocan, los sindicatos aciertan”, ha añadido, antes de insistir en que su propósito es unir al país y no aprovechar la división para obtener rédito político.

Una huelga general convocada para el 11 de noviembre

La petición de Feijóo se refiere a la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada por CCOO, UGT y otras organizaciones en torno a reivindicaciones sobre vivienda, salarios y coste de la vida.

Los sindicatos han defendido que la protesta interpela al conjunto de las administraciones públicas y a la patronal, no exclusivamente a un partido político. Sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reconocido también que aspiran a que la movilización influya en el debate electoral previo a los comicios del 29 de noviembre.

La convocatoria se produce, por tanto, en plena precampaña electoral y después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han situado la seguridad de las infraestructuras en el centro del debate político.

Una auditoría de todo el Estado en los primeros cien días

Más allá de la petición a los sindicatos, Feijóo ha anunciado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, ordenará una auditoría general del Estado durante sus primeros cien días de mandato. El objetivo, según ha explicado, será examinar la utilización de los recursos públicos, revisar el dinero concedido a los distintos organismos y determinar si existen irregularidades que deban ponerse en conocimiento de la Justicia.

“El fraude será denunciado”, ha asegurado.

El presidente del PP se ha comprometido a incorporar los resultados de esa revisión a los primeros Presupuestos Generales del Estado de su Gobierno. También ha anunciado una investigación específica sobre el sistema ferroviario, diferenciada de la auditoría general, para que los ciudadanos conozcan la situación de las infraestructuras y la gestión realizada durante los últimos años.

“Los españoles sabrán la verdad”, ha prometido, al tiempo que ha reclamado un respeto absoluto a las infraestructuras y una revisión de los criterios con los que se designa a sus responsables.

Feijóo ha defendido que los puestos directivos deben ocuparse por capacidad profesional y no por afinidad política. También ha pedido escuchar a los trabajadores, cuyas advertencias considera esenciales para conocer los problemas reales del sistema.

“No caben incentivos si la gestión es un desastre”, ha afirmado, en una crítica a los mecanismos de retribución y responsabilidad de los gestores públicos.

Un informe interno de Adif alerta de una caída del 39 % en la fiabilidad de las instalaciones

Una de las afirmaciones más relevantes de su intervención ha sido la referencia a un informe interno de Adif que, según Feijóo, conoce el Gobierno y que advierte de un deterioro de los indicadores ferroviarios con horizonte en 2030.

De acuerdo con los datos expuestos por el presidente del PP, el documento prevé una caída del 39 % en la fiabilidad de las instalaciones y un incremento del 94 % en los accidentes atribuibles al administrador de infraestructuras.

Feijóo ha señalado que el informe fue remitido a los operadores ferroviarios, que tuvieron oportunidad de presentar alegaciones. La existencia de esas previsiones, según su interpretación, demostraría que el Ejecutivo disponía de información sobre los riesgos de deterioro de la red.

Se trata de cifras atribuidas por Feijóo a un documento interno cuyo contenido íntegro no ha podido contrastarse de manera independiente. Además, son previsiones para 2030, no resultados ya registrados. Para determinar su alcance será necesario examinar el informe, su metodología, los indicadores utilizados y las alegaciones de los operadores.

La seguridad ferroviaria ha adquirido una dimensión especialmente sensible después de los accidentes de Adamuz y Urda. En este último, que ha causado 69 fallecidos, continúa la investigación sobre el funcionamiento de los sistemas de protección, los procedimientos de circulación y las decisiones adoptadas tras las incidencias técnicas.

“Quiero gobernar con instituciones que me digan que no”

Feijóo ha situado la regeneración institucional entre los tres grandes compromisos de su proyecto político: recuperar la decencia en el ejercicio del poder, conseguir que el país funcione y garantizar que el esfuerzo de los ciudadanos vuelva a merecer la pena.

El dirigente popular ha reclamado una concepción de la política basada en la responsabilidad personal de quienes ocupan cargos públicos. “Cada dirigente tiene que asumir la responsabilidad de sus subordinados”, ha defendido, al considerar que la ausencia de consecuencias ante los errores de gestión transmite un mensaje devastador a la sociedad.

También ha reiterado su intención de impulsar reformas legales para reforzar los controles institucionales, incluso cuando puedan limitar la capacidad de actuación de su propio Ejecutivo.

“Quiero gobernar con instituciones que me digan que no”, ha proclamado, comprometiéndose a aceptar controles y contrapesos en el ejercicio del poder.

En ese contexto, ha reprochado a Pedro Sánchez que, a su juicio, haya convertido la actividad política en una sucesión de gestos y ocurrencias, en lugar de concentrarse en los problemas de los ciudadanos. Ha citado sus intervenciones sobre cuestiones personales, musicales o ajenas a la gestión pública, así como determinadas actuaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente.

“¿Dónde está la gracia?”, se ha preguntado Feijóo, quien ha insistido en que gobernar exige seriedad y asumir las consecuencias de las decisiones.

Vivienda, impuestos y servicios públicos: los compromisos de su proyecto

El presidente del PP ha aprovechado el desayuno para presentar las principales líneas de su programa de Gobierno. Entre ellas, ha reiterado el compromiso de impulsar la construcción de un millón de viviendas, mejorar la disponibilidad de médicos y reforzar la seguridad jurídica para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

También ha anunciado una revisión de la política fiscal con el propósito de reducir impuestos y favorecer a quienes trabajan, ahorran o emprenden.

“Los españoles madrugan, trabajan, se les pide más que nunca, pero tienen menos oportunidades”, ha afirmado.

Su objetivo, según ha explicado, es establecer un marco económico y administrativo en el que el esfuerzo permita progresar y quienes cumplen sus obligaciones no se sientan perjudicados frente a quienes las incumplen.

Feijóo ha defendido que España necesita recuperar la confianza en las instituciones y disponer de un proyecto compartido que trascienda la confrontación partidista.

“Pedro Sánchez ha sido un error. Las sociedades no persisten en los errores, los corrigen”

En la parte más política de su discurso, Feijóo ha presentado las elecciones del 29 de noviembre como una oportunidad para rectificar el rumbo del país.

“Pedro Sánchez ha sido un error. Las sociedades no persisten en los errores, los corrigen”, ha sostenido.

El presidente del PP ha explicado que su propuesta de reconstrucción nacional era anterior a la tragedia ferroviaria, aunque considera que los últimos acontecimientos han reforzado la necesidad de cambiar la forma de gestionar los servicios públicos.

“Para mí gobernar nunca ha sido una broma. Ahora lo es menos todavía”, ha afirmado.

Feijóo ha pedido un mandato claro para acometer reformas desde las instituciones y recuperar el respeto a los ciudadanos. Ha asegurado que no pretende alimentar la indignación ni convertir los problemas del país en un instrumento de confrontación permanente.

“No estamos ante una simple decisión política. Hay que emprender una reconstrucción”, ha señalado.

El líder popular ha cerrado su intervención reivindicando un cambio de Gobierno que permita recuperar el funcionamiento de los servicios públicos, revisar el destino del dinero y afrontar los problemas pendientes desde el primer día.

“Propongo un cambio a favor de España”, ha resumido, antes de reiterar su petición de un mandato para “recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner España en marcha”.

 

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¿En qué estado se encuentra la tramitación parlamentaria de una posible reforma para reforzar los controles institucionales propuesta por Feijóo?

A 3 de noviembre de 2026, no se ha identificado una reforma única en tramitación parlamentaria que corresponda al anuncio de Feijóo de reforzar los controles institucionales. La propuesta aparece como un conjunto de compromisos de regeneración para un eventual Gobierno del PP. Hay que distinguir ese anuncio de las iniciativas concretas relacionadas con él: la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial sí llegó al Congreso, pero fue rechazada.

El anuncio no equivale a una ley registrada

La referencia más directa es la intervención de Feijóo en Salamanca del 25 de octubre, donde anunció una auditoría general de las cuentas públicas y reformas para reforzar los mecanismos de control institucional. La información publicada presenta esas medidas como parte del proyecto que desarrollaría si llegara a La Moncloa, no como un texto legislativo ya sometido a las Cortes (Demócrata, 25 de octubre).

Por tanto, no corresponde describir el conjunto como una ley bloqueada, pendiente de enmiendas o esperando una votación. En las fuentes consultadas no consta un expediente único, un articulado ni un calendario parlamentario asociados a ese anuncio.

Qué medidas tienen recorrido parlamentario
  • Elección del CGPJ. La proposición de ley orgánica del Grupo Popular para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada el 24 de octubre de 2025, pretendía que los doce vocales de procedencia judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados. La información localizada señala que fue rechazada en septiembre de 2026: no continúa en tramitación activa ni produjo el cambio anunciado (Demócrata, reforma del CGPJ).
  • Límites al decreto-ley y al bloqueo parlamentario. Gamarra ha planteado limitar el recurso habitual a los decretos-leyes y reformar el funcionamiento parlamentario para evitar bloqueos de iniciativas. No se ha localizado un texto concreto de esas reformas con tramitación abierta; su situación es la de propuestas pendientes de concreción parlamentaria (Demócrata, propuestas de Gamarra).
  • Grupos de interés y conflictos de intereses. La propuesta de un registro obligatorio y público, supervisado por una autoridad independiente con capacidad sancionadora, figura entre los anuncios del PP. No consta una iniciativa parlamentaria específica vinculada a ese anuncio (Demócrata, controles y transparencia).
Qué permanece como compromiso político

La independencia del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y los reguladores; las auditorías del gasto; la reducción de ministerios, altos cargos y asesores; y la convocatoria de elecciones tras acumular más de una prórroga presupuestaria se presentaron en el «Contrato con España» del 19 de octubre. Esa presentación no acredita por sí misma que cada medida se haya convertido en una iniciativa registrada (Demócrata, compromisos institucionales).

Además, el PP anunció que retomaría su plan de regeneración del Constitucional si alcanzaba el Gobierno, incluyendo restricciones al acceso de personas con actividad política reciente. La información del 12 de octubre sitúa ese trabajo en la preparación de un plan, no en una reforma legal aprobada (Demócrata, plan institucional).

La conclusión es que el anuncio general sigue pendiente de traducción legislativa. No consta una negociación formal sobre el paquete completo ni una respuesta gubernamental específica que lo convierta en un acuerdo parlamentario. La precisión relevante es esta: existe una agenda política anunciada, pero no una reforma conjunta cuyo avance pueda seguirse actualmente por fases parlamentarias.

¿Cuáles son las competencias y atribuciones legales del presidente del Partido Popular en relación con la convocatoria de huelgas en España?

En el ordenamiento jurídico español, el presidente del Partido Popular (o de cualquier otro partido político) no tiene competencias ni atribuciones legales específicas en relación con la convocatoria de huelgas por el mero hecho de ostentar ese cargo orgánico en un partido. Su papel es político, no jurídico-laboral.

Marco constitucional y legal del derecho de huelga

El derecho de huelga en España está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución como un derecho fundamental de los trabajadores. Su regulación básica se encuentra, sobre todo:

  • En el propio art. 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de huelga.
  • En el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, interpretado a la luz de la Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

De este marco se deduce que:

  • Son los trabajadores, directamente o a través de sus representantes, quienes ejercen el derecho de huelga.
  • La convocatoria de huelga suele corresponder a:
    • Sindicatos.
    • Comités de empresa o delegados de personal.
    • Asambleas de trabajadores, según los procedimientos establecidos.
  • La contraparte jurídica en un conflicto colectivo es el empleador (empresa, administración pública competente), no los partidos políticos.

¿Qué puede hacer formalmente un partido político respecto a una huelga?

Desde el punto de vista estrictamente jurídico-laboral, un partido político:

  • No es sujeto legitimado por la normativa de huelga para:
    • Convocar huelgas de trabajadores.
    • Negociar convenios colectivos en nombre de los trabajadores.
    • Establecer servicios mínimos.
  • Un partido político puede:
    • Apoyar políticamente una huelga (declaraciones, resoluciones internas, llamamientos públicos de respaldo).
    • Desaconsejar o criticar públicamente una huelga.
    • Influir en la regulación futura de la huelga a través de la actividad legislativa de sus parlamentarios.

Sin embargo, todo eso son actuaciones políticas o de comunicación, no atribuciones jurídicas sobre la convocatoria de la huelga en sentido técnico. La huelga seguirá siendo válida o inválida conforme a la Constitución, el RDL 17/1977 y la jurisprudencia, con independencia de cuál sea la posición del partido o de su presidente.

Situaciones especiales: doble condición del presidente del partido

La única relevancia práctica puede venir de la otra condición institucional que eventualmente ostente la persona que es presidente del Partido Popular:

  • Si es a la vez Presidente del Gobierno o miembro del Consejo de Ministros, puede:
    • Impulsar proyectos de ley o reformas que afecten al régimen del derecho de huelga.
    • Aprobar normas reglamentarias o reales decretos-ley (en su caso), siempre dentro de los límites constitucionales.
    • Dirigir la política general del Gobierno en conflictos sociales.
  • Si es presidente de una Comunidad Autónoma, podría tener competencias en la gestión de servicios mínimos en determinados servicios públicos de su ámbito, conforme a la legislación sectorial y a la doctrina del Tribunal Constitucional.
  • Si actúa como empresario o representante de una empresa, tendría obligaciones y facultades propias de la parte empleadora (negociación, reacción ante la huelga, organización del trabajo, etc.). Pero eso deriva de su condición empresarial, no de ser presidente del partido.

En todos estos supuestos, las competencias no se anudan al cargo de presidente del Partido Popular, sino al cargo institucional (Presidente del Gobierno, presidente autonómico, empresario, etc.) que esa persona ostente adicionalmente.

Responsabilidad y límites

El presidente del Partido Popular, como cualquier otro dirigente político, sí está sujeto a límites y eventuales responsabilidades:

  • No puede impedir coactivamente el ejercicio del derecho de huelga (trabajadores) ni el de no hacer huelga (trabajadores que quieran trabajar), ya que podría incurrir en ilícitos penales o administrativos si se produjera coacción efectiva.
  • Sus llamamientos públicos, a favor o en contra de una huelga, se amparan en la libertad de expresión y de participación política, siempre que no se transformen en conductas coactivas o discriminatorias.

Conclusión

En síntesis, el presidente del Partido Popular no dispone de competencias legales propias y específicas sobre la convocatoria de huelgas en España. No puede, por su sola condición de presidente del partido, convocar huelgas de trabajadores ni regular su ejercicio. Su papel es: (a) político y de opinión, apoyando o criticando huelgas, y (b) eventualmente institucional, si además ocupa un cargo de Gobierno o de administración con facultades normativas o de gestión que incidan indirectamente en el marco en el que se desarrollan las huelgas.

¿Qué sujetos están jurídicamente legitimados para convocar una huelga en España y cómo deben hacerlo? ¿Qué papel tienen el Gobierno y las comunidades autónomas en la fijación de servicios mínimos durante una huelga? ¿Qué límites legales y jurisprudenciales existen al ejercicio del derecho de huelga en España?

¿Qué requisitos legales deben cumplir los sindicatos para convocar una huelga general en España?

Para convocar una huelga general en España, los sindicatos deben adoptar un acuerdo válido, comunicarlo previamente por escrito, precisar sus objetivos y ámbito, designar un comité de huelga y respetar las garantías de seguridad y de los servicios esenciales. No necesitan autorización previa del Gobierno ni existe un porcentaje general mínimo de representatividad electoral reservado para convocarla.

El marco principal es el artículo 28.2 de la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la jurisprudencia constitucional, especialmente la STC 11/1981. Es importante no aplicar literalmente las restricciones de 1977 que esta sentencia declaró inconstitucionales.

1. Legitimación y acuerdo sindical

La convocatoria no está reservada a los sindicatos más representativos. El sindicato debe actuar dentro de su ámbito y aprobar la convocatoria mediante el órgano competente conforme a sus estatutos. También pueden promover huelgas los representantes de los trabajadores o los propios trabajadores, por los cauces correspondientes.

En una huelga de ámbito general no se exige ratificar la convocatoria en cada empresa o centro. La STC 11/1981 eliminó esa exigencia, así como determinadas condiciones restrictivas para adoptar el acuerdo. La convocatoria puede comprender a trabajadores no afiliados: cada persona decide libremente si participa.

2. Comunicación escrita y plazos

Los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley exigen comunicar la huelga a la autoridad laboral y a los empresarios afectados. No basta con anunciarla públicamente. Los plazos mínimos son:

  • Cinco días naturales antes del inicio, como regla general.
  • Diez días naturales cuando afecte a empresas encargadas de servicios públicos. Además, debe darse publicidad suficiente para informar a sus usuarios.

La comunicación debe recoger los objetivos, las gestiones realizadas para resolver las diferencias, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga. También debe delimitar suficientemente el ámbito territorial y funcional, los trabajadores convocados y la duración prevista, o indicar que es indefinida. Conviene conservar prueba de las notificaciones y sus fechas.

3. Comité y negociación

Debe designarse un comité de huelga que represente a los trabajadores en el conflicto. Desde el preaviso y durante la huelga, el comité y los empresarios, o sus respectivos representantes, deben negociar para intentar alcanzar un acuerdo.

No hay una obligación general de agotar previamente una negociación oficial. Sin embargo, deben respetarse los procedimientos de solución de conflictos que resulten aplicables por convenio colectivo, cuya existencia debe comprobarse antes de convocar.

4. Servicios esenciales y seguridad

Cuando estén afectados servicios esenciales para la comunidad, la autoridad gubernativa competente puede establecer servicios mínimos. Su decisión debe estar motivada y ser proporcionada: no puede imponer el funcionamiento normal ni vaciar el derecho de huelga. Los sindicatos pueden impugnarla judicialmente.

Estos mínimos son distintos de los servicios de seguridad y mantenimiento necesarios para proteger personas, instalaciones y materiales y permitir la posterior reanudación del trabajo. El comité debe garantizar estos últimos; la designación del personal no corresponde exclusivamente al empresario.

5. Finalidad y desarrollo lícitos

La huelga debe defender intereses profesionales de los trabajadores. La prohibición de huelgas con fines ajenos a esos intereses no permite considerar ilícita cualquier protesta dirigida contra decisiones públicas. Las huelgas de solidaridad tampoco son ilegales automáticamente: el Tribunal Constitucional eliminó la exigencia de afectación profesional directa.

Finalmente, deben respetarse la libertad de quienes no participen y las obligaciones de servicios establecidos. La información y los piquetes han de ser pacíficos, sin violencia ni coacciones. Las modalidades abusivas y los incumplimientos de los requisitos legales pueden dar lugar a controversias judiciales sobre la licitud de la huelga.

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¿Quién ha pedido a los sindicatos que desconvoquen la huelga tras la tragedia ferroviaria?

Pregunta 1 de 3

¿Qué medida anunció Feijóo que adoptaría en los primeros 100 días si llega a la presidencia del Gobierno?

Pregunta 2 de 3

¿Qué porcentaje de caída en la fiabilidad de las instalaciones ferroviarias prevé el informe interno de Adif citado por Feijóo?

Pregunta 3 de 3