Ferrer y Vinces Consulting organizan una jornada para abordar el valor social y medioambiental en la compra pública de medicamentos

La incorporación de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública de medicamentos ya tiene cobertura jurídica en España y la Unión Europea: no es necesario esperar a una nueva ley para utilizarlos. A 29 de octubre de 2026, el reto principal es concretarlos y aplicarlos de manera homogénea, verificable y compatible con la competencia y las necesidades clínicas. Conviene distinguir ese marco vigente de las reformas farmacéuticas y orientaciones todavía en desarrollo.

España: un marco vigente, no una mera posibilidad futura

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público incorpora la dimensión social y ambiental a la contratación. Su preámbulo establece que el diseño de la adjudicación debe procurar una mejor relación calidad-precio mediante aspectos «cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato». Esta lógica alcanza los suministros farmacéuticos.

Las herramientas disponibles permiten introducir:

• Prescripciones técnicas: requisitos mínimos sobre envases, embalajes, transporte o impactos de fabricación relacionados con el suministro.
• Criterios de adjudicación: puntuación de mejoras ambientales o sociales, junto al precio y la calidad.
• Costes del ciclo de vida: valoración de costes asociados al producto más allá de su adquisición, cuando puedan calcularse de forma objetiva.
• Condiciones de ejecución: obligaciones durante el contrato sobre residuos, logística, trazabilidad o condiciones laborales vinculadas a su cumplimiento.

No cabe, en cambio, premiar genéricamente la responsabilidad social corporativa de una empresa sin conexión con el medicamento o suministro contratado. Las exigencias deben ser proporcionadas, transparentes y comprobables, admitiendo medios de acreditación equivalentes.

Este marco se complementa con el Plan de contratación socialmente responsable, aprobado en 2019 para el sector público estatal, y con el Real Decreto 6/2018, que creó la coordinación interministerial sobre criterios ecológicos. La Orden SND/682/2021 organiza la contratación centralizada de medicamentos y otros suministros sanitarios, pero no constituye por sí sola un modelo uniforme de cláusulas sostenibles.

Unión Europea: reglas generales y evolución farmacéutica

La Directiva 2014/24/UE proporciona la base europea para incorporar estos factores en especificaciones, adjudicación y ejecución, bajo exigencias de vinculación al contrato, proporcionalidad e igualdad de trato. No establece un pliego farmacéutico sostenible único ni una ponderación ambiental o social universal.

La Estrategia Farmacéutica para Europa, de 2020, impulsa compras que consideren producción ecológica, entrega puntual, continuidad y diversificación de proveedores. Es una orientación estratégica: no equivale a una obligación directamente exigible en todas las licitaciones.

La reforma sobre medicamentos críticos añade la resiliencia del suministro. El Parlamento Europeo fijó su posición el 20 de enero de 2026; posteriormente, Demócrata informó de un acuerdo entre Parlamento y Consejo para introducir criterios de resiliencia. Las fuentes consultadas no acreditan su publicación definitiva ni su fecha de aplicación. Además, seguridad del suministro y sostenibilidad ambiental son dimensiones relacionadas, pero no intercambiables.

Aplicación práctica y asuntos pendientes

En España ya existen experiencias: INGESA formalizó en noviembre de 2025 un acuerdo marco de epoetinas descrito como respetuoso con el medio ambiente. El anteproyecto de medicamentos también contempla una guía de contratación sanitaria; esa previsión no debe confundirse con una guía ya aprobada.

En conclusión, la base legal existe; la aplicación sigue siendo desigual. Lo pendiente es armonizar indicadores, ponderaciones, pruebas y seguimiento, sin convertir compromisos corporativos generales en ventajas automáticas ni comprometer el acceso de los pacientes.

Ferrer y Vinces Consulting desempeñan una función de impulso, organización y diálogo público-privado en la contratación pública sanitaria, especialmente en la compra de medicamentos. Su papel debe distinguirse de las competencias administrativas: organizar encuentros y formular propuestas no les atribuye autoridad para aprobar licitaciones, adjudicar contratos o controlar procedimientos públicos.

Qué aporta cada organizador

Ferrer participa como compañía farmacéutica y promotora de iniciativas para transformar la compra pública sanitaria. Aporta la perspectiva de la industria sobre las condiciones de suministro y la contribución social y medioambiental de los proveedores. Su intervención busca abrir espacios donde administraciones, expertos y empresas examinen cómo valorar estos aspectos, además del precio.

Vinces Consulting aporta su especialización en asuntos públicos y relaciones institucionales. Su área de Salud facilita la interlocución entre empresas, administraciones y otros actores sanitarios, promueve espacios de colaboración y contribuye a estructurar propuestas de política sanitaria. En estas iniciativas, su función es articular el diálogo y facilitar que las conclusiones puedan convertirse en recomendaciones prácticas.

Las fuentes describen una actuación conjunta de ambas entidades; no detallan un reparto contractual de responsabilidades entre ellas. Por tanto, no sería preciso atribuir en exclusiva a una la selección de participantes, la elaboración de indicadores o la redacción de las conclusiones.

Funciones concretas en la jornada anunciada

Según la información de Demócrata, Ferrer y Vinces organizan la jornada «Transformando la compra pública sanitaria mediante el valor social y medioambiental», prevista para el 17 de noviembre de 2026, de 16.00 a 19.00 horas, en COMET Retiro, Madrid. Sus funciones y objetivos son:

• Convocar perspectivas diversas. Reunir aportaciones políticas, académicas, empresariales, sectoriales y de pacientes para analizar las limitaciones de una compra centrada principalmente en el precio.
• Definir propuestas aplicables. Examinar cómo convertir los compromisos sociales y ambientales de los proveedores en criterios concretos, medibles y verificables, en lugar de declaraciones generales.
• Analizar la viabilidad práctica. Debatir experiencias autonómicas y barreras jurídicas, presupuestarias y organizativas, así como posibles aplicaciones en pliegos, evaluación de ofertas y seguimiento contractual.
• Construir una hoja de ruta. Recopilar conclusiones y próximos pasos que contemplen criterios, indicadores y mecanismos de seguimiento, atendiendo tanto a las necesidades administrativas como a las condiciones de los proveedores.

Son objetivos de un encuentro futuro, no medidas aprobadas ni resultados ya alcanzados. La convocatoria anuncia dos mesas —«Una mirada transversal al proceso de compra» y «El aterrizaje práctico»— y una sesión final de conclusiones; el programa completo está pendiente de publicación.

Antecedentes y límites de su intervención

Esta colaboración tiene un antecedente en el Círculo de Expertos para la Transformación en Compra Pública de Cataluña. La iniciativa promovió el paso del precio al valor, incorporando resultados en salud, sostenibilidad y eficiencia asistencial. Demócrata también recoge el encuentro celebrado en Foment del Treball y su orientación hacia el impacto social y la resiliencia del suministro.

En cuanto a sus límites, no consta que estas iniciativas otorguen a Ferrer o Vinces competencias para aprobar expedientes, emitir pliegos oficiales, adjudicar contratos, fiscalizar procedimientos o representar a mesas de contratación. Elaborar recomendaciones sobre criterios de compra no equivale a decidir su incorporación a una licitación.

En definitiva, actúan como promotores y facilitadores de propuestas, no como autoridades contratantes. Su aportación consiste en generar conocimiento y consenso; la adopción formal de criterios y las decisiones de contratación corresponden a los órganos públicos competentes.

Para incorporar criterios sociales y medioambientales en los pliegos de contratación pública farmacéutica, no basta con que persigan un objetivo deseable: deben guardar relación con el contrato, ser proporcionados, respetar la igualdad de trato y permitir una evaluación objetiva y verificable. Además, deben situarse correctamente en el pliego y justificarse antes de licitar. Este es el marco general; su aplicación requiere revisar el suministro o servicio concreto y la normativa vigente.

1. Elegir el instrumento adecuado

El primer requisito es distinguir qué función tendrá cada exigencia, porque sus efectos jurídicos son diferentes:

• Prescripción técnica: fija una característica mínima que debe cumplir la prestación, por ejemplo, determinadas condiciones del embalaje.
• Criterio de adjudicación: permite comparar las ofertas y puntuar mejoras sobre el mínimo exigido.
• Condición especial de ejecución: obliga al adjudicatario durante el cumplimiento del contrato, por ejemplo, a gestionar determinados residuos.
• Solvencia: acredita la capacidad del licitador para ejecutar el contrato. No debe confundirse con la valoración de la oferta.

Una misma finalidad ambiental puede abordarse mediante instrumentos distintos, pero debe evitarse duplicar valoraciones o imponer obligaciones contradictorias.

2. Acreditar la vinculación con el objeto contractual

El criterio debe referirse a los medicamentos, productos o servicios contratados, incluidos aspectos pertinentes de su producción, distribución, utilización o eliminación. No basta con valorar la política general de la empresa si no se traduce en una característica o compromiso aplicable al contrato.

En el ámbito farmacéutico, pueden examinarse aspectos como los envases, la logística, la conservación, los residuos o las condiciones laborales del personal adscrito. Su admisibilidad no es automática: debe explicarse qué relación tienen con la prestación y cómo se comprobará su cumplimiento.

3. Justificar necesidad, proporcionalidad y competencia

La documentación preparatoria debe explicar la finalidad perseguida, la adecuación de la medida y por qué la carga impuesta resulta proporcionada. Conviene analizar previamente la oferta disponible para evitar exigencias que solo pueda cumplir un operador sin justificación suficiente.

No deben introducirse preferencias territoriales encubiertas, como favorecer una fábrica cercana por su ubicación. Si el objetivo es reducir emisiones o asegurar entregas, deben definirse prestaciones medibles relacionadas con esas finalidades. Tampoco procede favorecer marcas, procedencias o certificaciones exclusivas sin atender a las reglas sobre equivalencias y medios de prueba.

4. Definir una evaluación objetiva y transparente

El pliego debe precisar el contenido del criterio, su ponderación, el método de valoración y la documentación acreditativa. Expresiones como «empresa sostenible» o «mayor compromiso social» son insuficientes si no permiten conocer cómo se asignarán los puntos.

Cuando se valoren emisiones, materiales reciclados o costes del ciclo de vida, deben concretarse el alcance del cálculo, los datos exigidos y una metodología comparable. Si se utilizan etiquetas o certificados, deben contemplarse las equivalencias y alternativas de acreditación que legalmente correspondan.

5. Respetar las exigencias sanitarias

Los objetivos sociales y ambientales no pueden desplazar la seguridad, calidad y eficacia exigibles al suministro farmacéutico. Las medidas sobre transporte, envases o reducción de residuos deben ser compatibles con las condiciones autorizadas del medicamento, la trazabilidad y la cadena de frío cuando resulte necesaria. También debe distinguirse entre un medicamento sujeto a requisitos regulatorios específicos y otros productos o servicios sanitarios.

6. Prever control y consecuencias

Los compromisos deben incorporarse al contrato con indicadores, evidencias, responsables y momentos de comprobación. El pliego debe establecer las consecuencias del incumplimiento, incluidas las penalidades que procedan, de forma clara y proporcionada.

Por último, estos criterios deben definirse antes de presentar las ofertas. Introducirlos después o modificar su alcance durante la evaluación compromete la transparencia y la igualdad de trato.