El Partido Popular ha acudido a la Comisión Europea para pedir que investigue la ejecución de un contrato de 93 millones de euros adjudicado por Adif en 2021 para modernizar los sistemas de señalización y protección de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Los populares cuestionan que el Gobierno haya declarado cumplidos determinados compromisos del Plan de Recuperación cuando, según exponen en sus iniciativas parlamentarias, algunas actuaciones todavía no estaban plenamente operativas. La petición llega tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 fallecidos.
La delegación española del Partido Popular Europeo ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Comisión para que examine tanto el destino de los fondos comunitarios como los mecanismos de supervisión de las inversiones ferroviarias. Las iniciativas están promovidas por Dolors Montserrat y Borja Giménez Larraz, junto con Raúl de la Hoz e Isabel Benjumea en las cuestiones relacionadas con la financiación europea.
Los eurodiputados quieren que Bruselas determine si las inversiones declaradas como ejecutadas se corresponden con actuaciones terminadas y disponibles para su utilización, además de comprobar si los procedimientos de seguridad ferroviaria españoles cumplen las exigencias comunitarias.
Un contrato de 93 millones cuyo plazo terminó en enero
Una de las cuestiones centrales de las preguntas parlamentarias es el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar los sistemas de señalización y protección de la línea Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB.
Según recoge la iniciativa popular, el plazo de ejecución finalizaba en enero de 2026, pero 10 meses después el sistema LZB continuaba operativo. Por ello, el PP solicita a la Comisión Europea que compruebe el grado real de ejecución de los trabajos y determine si los nuevos equipos estaban instalados, probados y disponibles para la explotación ferroviaria.
La petición se refiere específicamente al hito 87 del Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento fue comunicado por el Gobierno para acceder a los desembolsos de financiación europea. Los populares quieren saber si las actuaciones asociadas a ese compromiso estaban efectivamente terminadas cuando España las declaró cumplidas.
La continuidad del LZB es uno de los elementos que el PP utiliza para solicitar la comprobación, aunque su funcionamiento no acredita, por sí solo, que el conjunto del contrato permaneciera sin ejecutar.
Bruselas recibe preguntas sobre los protocolos de seguridad ferroviaria
Las iniciativas también abordan los procedimientos que se aplican cuando fallan los sistemas de protección de la circulación, una cuestión que ha adquirido especial relevancia tras el accidente de Urda.
Los eurodiputados populares solicitan que la Comisión compruebe si los protocolos españoles de circulación en condiciones degradadas se ajustan a la normativa europea y si los mecanismos de supervisión permiten garantizar la seguridad cuando los sistemas automáticos dejan de funcionar.
También preguntan si Bruselas considera necesario dirigir recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar las medidas de protección ferroviaria mientras avanzan las investigaciones.
Los contratos investigados por la Fiscalía Europea
Otro bloque de preguntas se refiere a los contratos ferroviarios examinados por la Fiscalía Europea tras los accidentes de Adamuz y Urda. El PP solicita información sobre el volumen de financiación comunitaria destinado a esas adjudicaciones y las comprobaciones realizadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos.
Los populares quieren conocer si la Comisión prevé impulsar auditorías específicas sobre las inversiones ferroviarias y si exigiría la devolución de fondos europeos en caso de que las investigaciones acreditasen irregularidades en su utilización.
Las iniciativas también hacen referencia a las deficiencias en los sistemas de gestión y control de Adif advertidas por el Tribunal de Cuentas, cuya supervisión piden revisar a las instituciones comunitarias.
El PP pregunta por otros 1.196 millones pendientes de ejecución
Además del contrato de señalización, la delegación popular solicita explicaciones sobre el grado de utilización de los fondos europeos asignados al Ministerio de Transportes.
Según los datos recogidos en sus preguntas, al cierre de 2025 permanecían pendientes de ejecución 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, equivalentes al 61,8% de los fondos asignados en el ámbito al que se refiere la iniciativa.
El PP reclama que la Comisión examine los controles aplicados a estas inversiones y compruebe que los recursos comunitarios se han destinado a los proyectos para los que fueron concedidos.
Las preguntas parlamentarias abren ahora una vía de solicitud de información ante Bruselas. Corresponderá a la Comisión Europea responder a los eurodiputados y determinar si procede alguna actuación adicional sobre la ejecución de los fondos o los mecanismos de supervisión ferroviaria.