Asaja, COAG y Unión de Uniones han decidido suspender la tractorada y la manifestación de agricultores y ganaderos prevista para este miércoles en Madrid a raíz del grave siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, en el que han perdido la vida al menos una treintena de personas.
Para esta jornada se esperaba la llegada a la capital de miles de agricultores y ganaderos y de varios cientos de tractores desde distintos territorios del país, con la intención de ocupar las calles madrileñas y exigir medidas urgentes que aseguren la rentabilidad y la viabilidad del campo.
Los participantes, convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, habían comenzado a desplazarse desde primera hora organizados en cinco columnas —procedentes de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey— para denunciar el incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y “las amenazas que comprometen el futuro” de la agricultura y la ganadería.
No obstante, tras conocerse el accidente entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Urda (Toledo), que ha causado al menos 30 fallecidos y decenas de heridos, las organizaciones han optado por aplazar la protesta y convocar cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas.
De este modo, “por respeto y solidaridad con las víctimas del gravísimo accidente” ferroviario, han anulado la tractorada, han transformado la marcha en una concentración silenciosa y han pospuesto sus acciones reivindicativas para “más adelante”. En un comunicado conjunto, han hecho llegar un mensaje de apoyo y condolencias a los allegados de los fallecidos y han deseado una rápida recuperación a los heridos.
“Es un día triste para España y para el sector agrario”, ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press. “El campo siempre ha sido solidario, y hoy, también”, ha añadido, recordando otros episodios recientes como el covid o la dana.
Barato ha indicado asimismo que no tienen “ninguna noticia negativa” sobre los agricultores procedentes de Andalucía y Ciudad Real, que han sido reubicados, y ha explicado que comprenden la situación. También ha revelado que el Ayuntamiento de Madrid les solicitó despejar los accesos, especialmente en el entorno de Atocha, porque “el problema era de una magnitud tremenda”.
“Es un día terrible, jamás nos podríamos imaginar una situación así”, ha manifestado el secretario general de COAG, Andrés Góngora, quien ha subrayado que “hoy la reivindicación pasa a un segundo plano y lo que toca es la solidaridad con las víctimas”, aunque ha precisado que se trata únicamente de un aplazamiento.
Según ha recalcado, “el campo continúa teniendo problemas, vamos a continuar con las reivindicaciones”, que previsiblemente se retomarán tanto en Madrid como en Bruselas.
Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha calificado la jornada de día “desgraciado” y ha mostrado su apoyo a los afectados, pero ha advertido de que esta “guerra” debe proseguir y ha defendido que la movilización “sí es política”, aunque sin vinculación partidista.
Además, ha señalado como “principal culpable” al ministro de Agricultura, Luis Planas, y ha responsabilizado también a las formaciones que respaldaron el acuerdo de Mercosur. Ha exigido la implantación de un gasóleo profesional y ha alertado de que están “cansados de competir en desigualdad de condiciones”: “Hoy tenemos una preferencia extracomunitaria”, critica.
Reivindicaciones por la rentabilidad y el futuro del campo
Los convocantes han recalcado que la tractorada, a la que se había adherido Cooperativas Agroalimentarias de España, no se cancela, sino que queda pospuesta. La protesta se vertebra en torno a cinco grandes demandas, entre ellas un plan de choque frente al aumento de los costes de producción y la puesta en marcha inmediata de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad reducida y estable y bonificaciones aplicadas directamente en el momento de repostar.
En primer lugar, agricultores y ganaderos reclaman una solución estructural y, mientras llega, “medidas extraordinarias suficientes” para hacer frente al encarecimiento del combustible y del resto de insumos que están ahogando al medio rural. De no adoptarse, advierten de que sectores como el cerealista podrían quedar arruinados y en serio riesgo de desaparecer.
En segundo término, exigen que la futura Política Agraria Común (PAC) sea “fuerte que proteja la renta” de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre el próximo marco agrario. Rechazan cualquier merma del presupuesto destinado al campo y piden una PAC verdaderamente común, con financiación “suficiente” y con sus dos pilares claramente diferenciados.
La tercera de sus reclamaciones se centra en lograr “precios justos” y en garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que consideran inasumible que agricultores y ganaderos sigan siendo el eslabón más frágil mientras sus costes se disparan sin poder repercutirlos en los precios que reciben.
En cuarto lugar, se plantan frente a la competencia desleal derivada de determinados acuerdos comerciales y denuncian que la producción europea no puede rivalizar con importaciones que no se someten a las mismas exigencias. Por ello, reiteran su oposición al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al pacto con Marruecos, y reclaman reciprocidad normativa y controles rigurosos en las fronteras.
Por último, el quinto eje de sus demandas aborda la carga burocrática. Reclaman “menos papeles y menos normas”, al considerar que agricultores y ganaderos deben poder centrarse en sus explotaciones en lugar de dedicar un volumen creciente de tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.